Las corporaciones tabacaleras transnacionales continúan ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas en América Latina y el Caribe. El informe «La influencia política de la industria tabacalera: la erosión del Artículo 5.3 en América Latina y el Caribe«, publicado por la organización internacional Corporate Accountability, revela un patrón alarmante de interferencia que va mucho más allá de los ministerios de salud y compromete la soberanía regulatoria de los Estados.
El análisis, enfocado en el periodo 2019-2025 en ocho países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Panamá), evalúa el cumplimiento del Artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), el cual obliga de manera vinculante a los gobiernos a proteger sus políticas de salud pública de los intereses comerciales de dicha industria. Los hallazgos muestran una erosión sistemática de esta obligación legal.
Durante su intervención, Tom Gatehouse, Tobacco Tactics, Grupo de Investigación en Control del Tabaco, Departamento de Salud, Universidad de Bath, Reino Unido destacó que, a pesar de los discursos de las empresas tabacaleras los cigarros convencionales continúan dominando de forma absoluta el mercado en América Latina. Asimismo, advirtió que las compañías buscan controlar tanto el mercado tradicional como el de los nuevos productos electrónicos. Por ello, concluyó que el tabaquismo está lejos de terminar y enfatizó la urgencia de seguir monitoreando, investigando y desenmascarando las tácticas de interferencia de la industria en las políticas de salud pública.
Dentro de los principales hallazgos del reporte se encontró que las principales estrategias que utilizan las tabacaleras son: cooptación de agendas de seguridad y aplicación de la ley, chantaje económico y cabildeo por nuevos productos, lavado de imagen mediante «innovación y rse», diplomacia pro-tabaco, conflictos de interés en gobiernos subnacionales y conflictos de interés en gobiernos subnacionales.
Jaime Arcila de Corporate Accountability subrayó el rol fundamental que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la implementación del CMCT, señalando que su labor es clave para visibilizar y denunciar cómo las grandes corporaciones interfieren en las instituciones públicas. Explicó que, a pesar de la soberanía de los Estados para dictar sus propias políticas basadas en sus constituciones y ciudadanos , la industria tabacalera —concentrada en cinco grandes corporaciones globales— busca modelar los escenarios tradicionales y nuevos para anteponer sus intereses comerciales al bienestar general. Tomando como referencia análisis realizados en países como Argentina, República Dominicana, Colombia y Panamá, advirtió que el cigarrillo convencional sigue siendo el motor financiero y la principal fuente de ganancias que les permite financiar campañas globales; al mismo tiempo, alertó sobre la creciente aceptación entre los jóvenes de los nuevos dispositivos electrónicos, como el producto bandera de Philip Morris.
Durante su intervención, Erick Antonio Ochoa de Salud Justa Mx declaró que, el caso de México aunque no está documentado en el reporte, constituye una demostración de los tácticas sistemáticas de intereferencia. México a pesar de los notables avances de desde 2018 en espacios libres de humo, prohibición de publicidad y el veto constitucional a los vapeadores, la industria tabacalera sigue influyendo en las políticas públicas regionales mediante nuevas modalidades. Resaltó que marcas como Philip Morris y British American Tobacco obtienen una parte creciente de sus ingresos globales de productos calentados y electrónicos, y aunque las políticas mexicanas lograron reducir las ventas de estos productos en casi un 5%, la industria busca compensar estas pérdidas expandiéndose con regulaciones más laxas en países como Argentina. Finalmente, advirtió con urgencia sobre la sorpresiva apertura en México para comercializar bolsas de nicotina sin un diálogo adecuado con el sector salud, alertando que estos productos carecen de marcos regulatorios estrictos sobre límites de nicotina y restricciones homologadas a las del tabaco tradicional en la mayoría de los países de la región.
Florencia Leyva de Class puntualizó que «Este reporte, construido con la participación de distintos actores de la región, reafirma la importancia del rol de la sociedad civil organizada. Monitorear y alertar sobre la interferencia de las industrias en las políticas públicas es un pilar para defender la salud de nuestras poblaciones. Hoy aprendimos desde la experiencia del control del tabaco, y ese aprendizaje no se detiene aquí. Debemos continuar fortaleciendo y blindando las políticas de salud pública, y replicar este monitoreo a todas las industrias que anteponen sus intereses comerciales a la salud de nuestras comunidades.»
Para frenar la intromisión corporativa que debilita el poder normativo de la salud global, Corporate Accountability urge a los gobiernos latinoamericanos a:
Garantizar la transparencia absoluta: Instituir registros públicos obligatorios de cualquier interacción entre funcionarios de gobierno y la industria.
Ampliar el blindaje institucional: Involucrar obligatoriamente a ministerios de relaciones exteriores, finanzas, seguridad y comercio en la aplicación estricta del Artículo 5.3 del CMCT, evitando que actúen de manera aislada a las autoridades de salud.
Proteger las políticas de control aduanero: Fortalecer el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, asegurando que las estrategias de seguridad y recaudación fiscal se mantengan 100% libres de financiamiento o influencia corporativa.
El evento de lanzamiento contó con la colaboración de Tobacco Tactics, Vital Strategies, Geneva Global Health Hub, el Centro de Conocimiento del CMCT de la OMS para el Artículo 5.3 y Salud Justa Mx.
Reporte “La influencia política de la industria tabacalera: la erosión del Artículo 5.3 en América Latina y el Caribe”
