En el marco del Paquete Económico 2027, la propuesta fiscal del código de seguridad para productos de tabaco y nicotina se enfoca en reforzar los mecanismos de control fiscal, combatir el contrabando y prevenir el mercado ilegal. Por ello representantes de la sociedad civil mencionaron qué de acuerdo con los estándares internacionales fijados en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es indispensable que los códigos de seguridad e impresión de trazabilidad sean administrados de manera imparcial e independiente de la industria tabacalera.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx sostuvo que la ampliación de los códigos de seguridad a otros productos con nicotina es un paso importante, pero México tiene la oportunidad de ir mucho más allá. Un código permite identificar un producto; mas un verdadero sistema de trazabilidad debe permitir también seguirlo a lo largo de toda la cadena de suministro, desde su fabricación o importación hasta su destino final e identificar en qué punto pudo desviarse hacia el mercado ilícito. Por ello, debemos aprovechar la infraestructura que ya tiene el SAT para construir un sistema interoperable entre las autoridades fiscales, aduaneras y sanitarias, bajo control del Estado e independiente de la industria tabacalera.
“El debate de la Ley de Ingresos 2027 puede ser el punto de partida de una política nacional de trazabilidad, pero una obligación de esta importancia no debería depender únicamente de disposiciones fiscales que se renuevan cada año. México puede avanzar hacia una base jurídica permanente para el seguimiento y localización de estos productos y retomar el proceso de incorporación al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Combatir el comercio ilícito no es solamente una cuestión de recaudación o evasión fiscal: es una política de salud pública. Los impuestos, los códigos de seguridad y la fiscalización son instrumentos; la protección de la salud de la población debe ser el objetivo que oriente su diseño.”
No podemos poner a la industria tabacalera a vigilar a la industria tabacalera, señaló Adriana Rocha, de Polithink. Si los códigos de seguridad buscan combatir el contrabando, la evasión y proteger la recaudación, las empresas deben ser fiscalizadas y no pueden controlar ni operar el sistema que las fiscaliza. “El Protocolo de la OMS es claro: la trazabilidad debe permanecer bajo control del Estado y no delegarse a la industria. México tiene hoy la oportunidad de construir un sistema verdaderamente independiente: un código identifica, la trazabilidad permite seguir y la independencia permite fiscalizar”, agregó.
Jorge Macías, director de Instituto del Sur Urbano, señaló que la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027 establece la obligación de contar con un sistema de trazabilidad, pero no prevé los recursos necesarios para cumplirla. Exige la generación de códigos de seguridad para los productos de nicotina, pero no contempla el pago de los derechos correspondientes. Desde SUR consideramos indispensable incluir estos productos en el esquema de derechos y actualizar la cuota a un mínimo de un peso por código. Este monto debe cubrir tanto el costo de la generación de los códigos como el de las actividades de supervisión, vigilancia y fortalecimiento institucional. Asimismo, proponemos que los recursos recaudados se destinen exclusivamente a fortalecer las capacidades de la COFEPRIS y de las autoridades estatales.
Sobre la importancia de fortalecer las medidas contra el comercio ilícito, agregó que “… el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco es un tratado internacional vinculado al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y establece compromisos de cooperación y control para combatir este problema. En él se hace referencia a las medidas de seguimiento y localización de los productos de tabaco. México aún no es parte de este instrumento, por lo que debería considerar su adhesión y avanzar, desde ahora, en el fortalecimiento de sus mecanismos de trazabilidad y control”.
Frente al argumento de la industria tabacalera de que una mayor carga tributaria puede incentivar el comercio ilícito, señaló que “reducir los recursos destinados al control y debilitar las capacidades institucionales son los principales causantes de la proliferación de productos ilícitos. El cobro de derechos asociado a los códigos de seguridad, acompañado de medidas efectivas de trazabilidad y de una asignación específica de los recursos, ofrece una herramienta para prevenir el desvío de productos hacia el mercado ilegal y fortalecer la protección de la salud pública.”
