Puigdemont pagó viajes privados con fondos públicos como si fuesen gastos oficiales

El ‘expresident’ fugado en Waterloo, Carles Puigdemont, habría hecho pasar actos privados por oficiales para sufragarlos irregularmente con fondos públicos de la Generalitat y el Parlamento Europeo. Para conseguirlo, pidió presuntamente falsas justificaciones de desplazamientos a altos cargos del Govern. El exjefe del Ejecutivo catalán dejó constancia en comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil de su intención de inventarse reuniones oficiales ficticias con dos consejeros para que la Eurocámara le pagase unos billetes de avión.

Los hechos están relacionados con su viaje a Perpiñán del 9 de octubre de 2020, con el fin de hacer una rueda de prensa conjunta con Artur Mas y Quim Torra. Su mano derecha, Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del ‘expresident‘ y, por tanto, alto cargo de la Generalitat, le envió por ‘mail’ las tarjetas de embarque. Así consta en la documentación encontrada por la Guardia Civil en los dispositivos móviles de Alay, incautados en la operación judicial conocida como caso Voloh, llevada a cabo el 28 de octubre del año pasado.

La operación, dirigida por el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, permitió descubrir en los dispositivos de Alay indicios de actuaciones sospechosas, como su interés por determinados capos de la mafia, sus vinculaciones a un empresario ruso residente en Barcelona o sus intentos de abrirse puertas en Moscú para lograr apoyos a la independencia de Cataluña, pero también dejan al descubierto otras actuaciones que bordean delitos de corrupción.

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Para el viaje a Perpiñán, el ‘expresident’ pretendía en un principio que el importe del desplazamiento fuera pagado por el Parlamento Europeo, a pesar de que al ser un viaje de carácter privado (para asistir a un acto de propaganda independentista), debía ser costeado de su propio bolsillo. Para camuflar el carácter de desplazamiento specific, Puigdemont solicitó dos cartas oficiales de dos consejeros de la Generalitat convocándole a un encuentro, con el propósito de hacer pasar el desplazamiento como parte de su trabajo de europarlamentario.

En ese acto, los tres dirigentes independentistas (Mas, Torra y Puigdemont) realizaron una rimbombante declaración oficial (aquel día, Felipe VI asistía a un acto oficial en Barcelona mientras la ANC, Òmnium y algunos grupos radicales organizaron protestas en su contra, con escasa participación ciudadana). Por la premura de tiempo, Puigdemont no pudo aportar nada al manifiesto suscrito por los tres ‘presidents’. “Pero si Cardús ya ha enmerdado y Mas está de acuerdo, OK”, le dijo a Alay.

El DNI caducado

Que period un acto político privado queda claro cuando, el 7 de octubre, dos días antes de celebrarse el encuentro, el propio Alay le cube que la rueda de prensa de los tres “finalmente tendrá que ser en la Casa de Perpiñán. No ha sido posible con el Consell. Hay razones objetivas (tienen elecciones dentro de poco y no ceden espacios para actos políticos)”, le cube Alay. Puigdemont le muestra su preocupación porque si ha de sacarse billetes de avión puede tener problemas: “Entiendo que puedo viajar con el salvoconducto del Parlamento Europeo. Tengo el DNI español caducado”. “Ahora lo miro. Solo te lo pueden pedir por avión a París y Carcasona… El salvoconducto quieres decir el pasaporte azul del Parlamento Europeo”, le cube Alay.

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Luego, el responsable de la oficina le pide una copia de ese salvoconducto porque es imprescindible para las tarjetas de embarque. Puigdemont le remite la copia a través de un correo de Protonmail, un servidor seguro. Al día siguiente, a media mañana, Alay le envía las tarjetas de embarque de tren en PDF para “señor Puigdemont y señor Goicoechea”, una de Bruselas a París y otra de París a Perpiñán. El apellido de Goicoechea coincide con el de un ‘mosso’ (en activo) que vela por su seguridad y que también fue detenido con el fugado en Alemania en marzo de 2018.

La trampa de las cartas

Para cubrir las apariencias en este viaje, totalmente privado, Puigdemont señaló a Alay: “Es preciso pedir a los consejeros Puigneró y Tremosa [de Políticas Digitales y de Empresa respectivamente] una carta pidiendo la reunión que tendremos en Perpiñán, con fecha de esta semana”. Y a continuación, en otro mensaje, aclaraba su petición: “Es por si alguien del Parlamento Europeo me pide explicaciones de mi desplazamiento”. Evidentemente, el motivo del mismo no period reunirse con los dos consejeros, sino participar en la rueda de prensa citada.

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“Entendido —responde Alay—. ¿Ellos lo saben?”. “No, no se lo dije. No es problemático. Es una carta que me envían para poder acreditar, por si alguien me pregunta por el viaje. ¿O se paga desde la oficina?”, adujo el político fugado. Pero Alay le explicó que finalmente no se pagaría con fondos del Parlamento Europeo, sino con cargo al órgano de la Generalitat que él mismo dirigía. “Tus billetes y el coche alquilado los pagamos desde la oficina. No se paga nada desde el Parlamento Europeo (…) aunque la próxima vez lo podremos hacer si hay razones que justifiquen el desplazamiento (en este caso, reunirse con los consejeros es más que suficiente)”, explicó Alay.

En otras palabras: el Parlamento Europeo no se haría cargo del viaje en esta ocasión, pero quienes pagaron fueron los ciudadanos catalanes, puesto que el desplazamiento a Perpiñán fue sufragado con fondos públicos del Govern. Lo curioso del caso es que esos viajes, que debían justificarse debidamente ante las instituciones comunitarias, no tuviesen ese requisito ante la Administración catalana, que no exigió ninguna justificación a Puigdemont para abonarle los dispendios.

El ‘expresident’ fugado en Waterloo, Carles Puigdemont, habría hecho pasar actos privados por oficiales para sufragarlos irregularmente con fondos públicos de la Generalitat y el Parlamento Europeo. Para conseguirlo, pidió presuntamente falsas justificaciones de desplazamientos a altos cargos del Govern. El exjefe del Ejecutivo catalán dejó constancia en comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil de su intención de inventarse reuniones oficiales ficticias con dos consejeros para que la Eurocámara le pagase unos billetes de avión.