En una acción legislativa orientada a defender la identidad y los derechos culturales de los pueblos originarios, la diputada de Tijuana Evelyn Sánchez Sánchez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California con el objetivo de otorgar protección jurídica a los diseños textiles indígenas y cerrar los vacíos legales que actualmente permiten su plagio y explotación comercial.
La legisladora explicó que empresas nacionales e internacionales han reproducido y comercializado bordados, patrones y símbolos tradicionales sin autorización ni beneficio para las comunidades que los crearon, situación que ha sido denunciada en diversas regiones del país como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo.
Ante este panorama, la iniciativa plantea incorporar expresamente los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos por la legislación estatal, reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Baja California.
De acuerdo con la propuesta, estos diseños se definen como todas aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en el estado, lo que permitirá al gobierno contar con herramientas legales para su defensa, registro y preservación.
La diputada subrayó que los textiles indígenas no son únicamente piezas artesanales, sino expresiones profundas de identidad, memoria y cosmovisión, ya que cada bordado, color o figura refleja la historia de los pueblos, su relación con la naturaleza y los conocimientos transmitidos de generación en generación.
“Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, expresó.
La reforma también busca armonizar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada en 2021, con el propósito de actualizar las denominaciones de las dependencias y fortalecer el marco institucional encargado de la protección cultural.
Entre los cambios propuestos se contempla que las declaratorias y actos relacionados con el patrimonio cultural sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además de fortalecer las facultades del Instituto de Cultura del Estado para impulsar convenios, estrategias y mecanismos de protección.
Asimismo, se actualizan las referencias institucionales al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar que la legislación responda al marco jurídico vigente.
Con esta iniciativa, la diputada plantea una respuesta legislativa frente al saqueo cultural, enviando un mensaje claro: el patrimonio de los pueblos indígenas no puede seguir siendo utilizado como mercancía sin reconocimiento ni protección. De aprobarse, Baja California podría colocarse a la vanguardia nacional en la defensa de los derechos culturales y la propiedad intelectual colectiva de las comunidades originarias, fortaleciendo el reconocimiento de las comunidades indígenas que habitan tanto en Mexicali como en Tijuana y otras regiones del estado.
