Piden entre 3,5 y 5 años por un delito contra la salud pública

La Audiencia provincial acogerá este martes un juicio que sentará en el banquillo de los acusados a un complete de siete personas a las que el fiscal atribuye un delito contra la salud pública por el que les pide diferentes penas que van desde los tres años y medio hasta los cinco años de cárcel. No obstante, para una de ellas (una mujer) interesa el “sobreseimiento provisional” al considerar que “no resulta debidamente acreditada en ella la perpetración del delito denunciado”. Los hechos se remontan al mes de junio del año 2016, cuando los agentes de la Policía Nacional practicaron una diligencia de entrada y registro de una vivienda y un trastero de León capital y hallaron alrededor de un kilo de cocaína de diferentes niveles de pureza, así como otros efectos, como dos básculas de precisión, pastillas para la adulteración de la droga, bolsas de envasar al vacío, bolsas de plástico con recortes, 8.635 euros en metálico o teléfonos y tablets que, según las conclusiones provisionales del fiscal, se usaban para “contactar con vendedores y compradores de droga”.

En su escrito, la Fiscalía señala que dos de los acusados se dedicaban “a distribuir a terceros cocaína que les vendía” otra persona que también será juzgada en este procedimiento. Una conclusión a la que se llegó a raíz de “la investigación policial y de las intervenciones telefónicas autorizadas legalmente por el Juzgado de Instrucción”. La Policía Nacional había detectado “indicios suficientes” de que uno de los acusados estaba traficando con drogas tras varios seguimientos y vigilancias en los que comprobaron “conducciones irregulares de vehículos, medidas de contravigilancia, contactos con presuntos compradores e intercambio con los mismos de efectos por dinero”, lo que impulsó la operación. Además, valoraron que esta persona no tenía trabajo conocido y sí contactos con uno de los acusados “al que se conoce policialmente por contactar con personas relacionadas con el tráfico de cocaína”.

Intervenciones telefónicas

De las intervenciones telefónicas, remarca el fiscal, se extrajeron conversaciones como que a una persona “no le ha gustado la cocaína” que le ha suministrado otra, que “de lo blanco nada hasta el viernes” o fragmentos en los que hacen referencia a la droga hablando en clave de “cajas de vino”, “lomo de pieza entera de 20” o “un costillar de un kilo”. También se habla de volúmenes de venta, asegurando en una de estas llamadas que uno de ellos “vende cada mes entre 25 y 30.000 euros”, así como de la compra a otros proveedores para atender a sus clientes cuando el suministrador ordinary falla.

Viajes a Galicia a por mercancía

Respecto a la procedencia de la droga se hace referencia a la compra a “cuatro personas afincadas en la localidad de A Ribeira (A Coruña)”, tres de ellas con antecedentes penales, y se recogen varios viajes a Galicia a por mercancía. Para el fiscal, los hechos detallados son constitutivos de un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud por el que pide a los acusados diferentes penas. En uno de los casos, la más elevada, de cinco años de prisión y multa de 164.576 euros con responsabilidad private subsidiaria de 164 días; en otros casos cuatro años y seis meses de cárcel y multa también de 164.576 euros con responsabilidad subsidiaria de 164 días y, la más baja, de tres años y medio.