La Fiscalía imputó ayer a tres personas por un delito de trata de personas, en el marco de la Operación Don Quijote, que desbarató a una organización que operaba en Uruguay y España.
Entre los imputados hay un empresario responsable de una agencia de viajes, que se encargaba de organizar la salida del país de las víctimas y fue señalado por las testigos protegidas del caso como quien recibía los giros desde España. En la investigación se constató que este empresario obtuvo unos 44.000 euros entre 2018 y 2020. Cuando fue allanada su casa en Pocitos, se incautaron 56.000 dólares, cuatro pasaportes que no le pertenecen y un listado con sumas de dinero y nombres de presuntas víctimas, según datos a los que accedió la diaria. El imputado tiene una larga trayectoria en el mundo de las agencias de viaje (trabajó en varias empresas importantes), pero hace dos años se independizó y vende servicios desde la agencia Nelson Falero Viajes.
En una conferencia de prensa, la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 4º turno, Silvia Lovesio, explicó que los imputados tenían un rol marcado en la organización. Además del responsable de la agencia de viajes, fue formalizado un hombre que se encargaba de acompañar a las víctimas a hacer los trámites para sacar el pasaporte y al aeropuerto, y una mujer que había sido víctima de la organización y ahora period responsable de captar a las posibles víctimas.
Según explicó Lovesio, se trataba de mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad y con varios hijos. Si bien no se les ocultaba que la finalidad period la prostitución, se les plateaba una remuneración que les permitiría enviar dinero a su familia y cuando llegaban a España se las retenía en condiciones de “esclavitud”: permanecían encerradas sin posibilidades de salir solas a la vía pública, y pasando hambre y frío. Además, si querían abandonar la organización se les exigía el pago de 2.000 dólares, correspondientes al viaje y los gastos administrativos para llegar a España. Además, a las víctimas se les cobraba, por alojamiento y comida, la mitad de los ingresos que generaban.
Las víctimas estaban “permanentemente controladas” por quien dirigía la pink de trata y sus colaboradores, eran trasladadas hasta un descampado en que eran explotadas entre las 11.00 y las 20.00 y luego devueltas a la casa, donde vivían “en condiciones totalmente inhumanas”.
Lovesio dijo que se estima que son “decenas” las víctimas de esta organización, dado que cambiaban cada tres meses, cuando se vencía la visa turística, y la organización operaba desde 2017. La fiscal señaló que el trabajo de captación se iba haciendo “boca a boca” a partir de conocer situaciones de extrema necesidad.
La fiscal explicó que la dinámica de la organización, que evitaba que las víctimas estuvieran en España más de tres meses, impedía a las víctimas generar arraigo y establecer vínculos en España.
Lovesio informó que la investigación surgió en diciembre de 2020, a partir de información brindada por la Policía española, e implicó seguimientos y escuchas telefónicas. La fiscal destacó la coordinación entre la Policía uruguaya y la española, dado que la simultaneidad de los operativos en ambos países fue clave para no frustrar la investigación, y lograron en menos de 48 horas llevar a cabo los allanamientos, las detenciones y las imputaciones. En cuanto al proceso en España, donde se encuentra la líder de la organización, Lovesio destacó que en el país existe un sistema inquisitivo, por lo que el proceso judicial será más lento y reservado en la primera etapa de la investigación.
La fiscal señaló que a partir de estas imputaciones se espera que más víctimas se animen a declarar. Detalló que hasta el momento sólo se logró tomar contacto con cuatro de las 29 víctimas, que participan en la causa como testigos protegidos, porque aún pesa el miedo, ya que tienen a sus familias en Uruguay amenazadas por la organización. “Hay muchas víctimas que suponemos que ahora van a animarse a hablar”, agregó.
Además, destacó el trabajo de la cancillería uruguaya y de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para asistir a las víctimas que permanecen en España y que, si lo consideran conveniente, podrán ser repatriadas y continuar siendo asistidas en Uruguay.
Por su parte, el director de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Juan Rodríguez, dijo que este tipo de organizaciones suele tener estructuras muy definidas, y en este caso quien lideraba la organización la había “heredado” de un acquainted que se dedicaba a la trata de personas.
La mujer, de unos 48 años, fue condenada por trata de personas tras la operación Monroe, en setiembre de 2008, en la que fue desbaratada una organización que además obligaba a las víctimas a trasladar droga a España. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, recordó aquel operativo y dijo que la mujer “pertenece a una familia en la cual hay más de una persona con antecedentes de narcotráfico y trata de personas”.
Díaz señaló que aquella organización fue considerada “un círculo perfecto” que involucraba narcotráfico y trata de personas, donde las propias víctimas eran las que traían al país el dinero del narcotráfico.
El ministro del Inside, Jorge Larrañaga, valoró el trabajo conjunto con la Fiscalía y la celeridad con la que se llevó adelante la investigación, y recordó los compromisos internacionales que Uruguay tiene con la lucha contra la trata de personas.
” Fuentes ladiaria.com.uy ”
