El rotativo se refiere al fallo de Beth Bloom, jueza federal de Florida, Estados Unidos, quien ordenó a cuatro líneas de cruceros que incluyeron a Cuba en sus itinerarios, pagar más de 400 millones de dólares por supuestos daños a la empresa estadounidense Havana Docks.
Esta última tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del puerto de La Habana antes del triunfo de la Revolucion cubana el 1 de enero de 1959.
Tal dictamen obedece a lo establecido en el título III de la ley Helms-Burton, que refuerza el bloqueo impuesto por Washington hace más de 60 años y es rechazado por la rotunda mayoría de la comunidad internacional.
Granma advierte que ese fallo reafirma la prohibición que tienen los ciudadanos de Estados Unidos de visitar a Cuba a pesar de que el gobierno de ese país insiste en que la libertad de viajar es un derecho de todas las personas.
Asimismo el diario puntualiza que las propiedades de la compañía Havana Docks fueron confiscadas por el gobierno cubano en uso de su soberanía, como cualquier nación independiente, pero Estados Unidos nunca quiso negociar, ni permitió a sus empresas afectadas que lo hicieran.
Explica que el 6 de julio de 1960, el gobierno cubano dictó la Ley 851, complementaria a la Ley Elementary de 1959, que estableció el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.
Esa legislación instituyó la forma «de compensar la propiedad nacionalizada mediante los bonos de la República emitidos al efecto, y disponía la designación de peritos para valorar dichos bienes a los fines de su pago mediante la amortización de dichos bonos”, señala Granma.
Añade que este se haría contra un Fondo para el pago de expropiaciones de bienes y empresas de nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, creado por el Banco Nacional de Cuba.
Esa bolsa se nutriría con el 25 por ciento de las divisas extranjeras que correspondía a las compras de azúcar que cada año realizaba Estados Unidos a Cuba, los bonos devengarían dos por ciento de interés anual y comenzarían a pagarse en un plazo no menor de 30 años.
Sin embargo, una de las medidas contra Cuba de Washington fue cortar la compra de azúcar, con lo cual perjudicó a sus ciudadanos, pues hizo impracticable la Ley 851, a lo cual seguiría en febrero de 1962 el decreto el bloqueo, que ha sido reforzado en los últimos años.
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