A 41 años del terremoto de 1985 y nueve del sismo de 2017, organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México advirtieron que la emergencia habitacional no ha terminado y que el encarecimiento de la vivienda, las rentas y el suelo está expulsando a familias, jóvenes y trabajadores hacia la periferia.
En un manifiesto conmemorativo, presentado en un plantón frente a las oficinas centrales del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI), las organizaciones señalaron que la lucha surgida de los escombros de 1985 permitió colocar la vivienda social y el derecho a la ciudad en el centro de las demandas ciudadanas. Sin embargo, sostienen que todavía existen inmuebles pendientes de demolición o rehabilitación y que persisten obstáculos burocráticos para desarrollar nuevos proyectos de vivienda social.
El documento presentado por Andy García de Grupo Cedros, cuestiona que los recursos públicos destinados al sector no se ejerzan con la oportunidad necesaria frente al incremento de los precios inmobiliarios y las rentas, situación que, aseguran, profundiza la desigualdad y acelera el desplazamiento de la población.
Como muestra de esta transformación, citan un estudio de investigadores del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, según el cual entre 1990 y 2020 la zona centro de la capital perdió alrededor de 1.2 millones de habitantes, fenómeno asociado, entre otros factores, con la falta de vivienda asequible.
Ante este escenario, las organizaciones respaldaron la meta anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de impulsar una amplia política de vivienda, pero demandaron resultados concretos y mayor participación de las organizaciones sociales.
Su principal petición es la instalación inmediata de una Mesa Intersecretarial de carácter resolutivo, acompañada de un Plan Emergente de Vivienda, para destrabar la adquisición de suelo y el inicio de obras destinadas a sectores de menores ingresos.
También exigieron que el Plan General de Desarrollo 2025-2045 incorpore mecanismos efectivos de participación ciudadana y medidas para contener la especulación del suelo, la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.
“La memoria del 19 de septiembre nos exige convertir la solidaridad en derechos, la reconstrucción en justicia social y la planeación urbana en arraigo”, plantea el manifiesto.
Las organizaciones convocaron para este 18 de septiembre a una jornada de lucha frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y posteriormente. El 19, a un acto conmemorativo en la explanada “El Reloj de Sol”, en Tlatelolco, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.
