Este año, cada uno de los 80 diputados dispone al mes de hasta 3.500.000 guaraníes para gastos de flamable, como si su remuneración complete de 32.774.840 guaraníes mensuales, en concepto de dieta y de gastos de representación, no bastara para cubrir sus gastos de traslado al Palacio Legislativo. Tampoco les alcanzaría para abonar un seguro médico privado, pues también está a cargo de los contribuyentes. Estos irritantes privilegios le dan la razón al pintoresco exdiputado liberal Carlos Portillo, que los integrantes de ese cuerpo legislativo no pueden parangonarse con el “común” de los ciudadanos paraguayos. En esta difícil situación que está sufriendo la gente, surge la pregunta de ¿por qué ellos tendrían que pasar la cuenta al erario por el flamable que consumen?
Este año, cada uno de los 80 diputados dispone al mes de hasta 3.500.000 guaraníes para gastos de flamable, como si su remuneración complete de 32.774.840 guaraníes mensuales, en concepto de dieta y de gastos de representación, no bastara para cubrir sus gastos de traslado al Palacio Legislativo. Tampoco les alcanzaría para abonar un seguro médico privado, pues también está a cargo de los contribuyentes. Estos irritantes privilegios le dan la razón al pintoresco exdiputado liberal Carlos Portillo, que los integrantes de ese cuerpo legislativo no pueden parangonarse con el “común” de los ciudadanos paraguayos. En esta difícil situación que está sufriendo la gente, surge la pregunta de por qué ellos tendrían que pasar la cuenta al erario por el flamable que consumen no solo para acudir a la sede de sus funciones, sino también para hacer turismo, entre otras cosas. La discrecionalidad con que los beneficiarios hacen uso de este cupo es complete.
Se dirá que muchos de ellos viven en el inside del país, incluyendo muy generosamente a quienes residen en el área metropolitana de Asunción; por tanto, les costaría algún dinero desplazarse hasta la capital, a diferencia de otros que viven en el mismo lugar donde está la sede de sus funciones. El punto es que también estos gozan incomprensiblemente de sus cupos, a los que, vale la pena destacar, han renunciado los diputados Rocío Vallejo (PPQ), Kattya González (PEN), Norma Camacho (PEN) y Édgar Acosta (PLRA). A los demás, les importa un bledo el endeudamiento público acelerado: no renuncian a seguir financiando sus desplazamientos con un dinero público que podría tener mucho mejores destinos.
Es cierto que en 2019 podían derrochar para el efecto hasta 5.500.000 guaraníes per cápita, pero no basta con la reducción efectuada: lo que corresponde es eliminar de una vez tanto malgasto o, a lo sumo, reembolsar el gasto del transporte usado para llegar a la capital los días de sesiones, a partir de cierta distancia. Vale subrayar el requisito de la asistencia, porque, tal como están las cosas, el cupo puede ser utilizado aunque el usufructuario permanezca en su casa y hasta durante el receso parlamentario, que se extiende desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo de cada año. No tiene ningún sentido que el diputado siga pasándole la factura al fisco por el flamable que cargó en plenas “vacaciones” para distraerse o para realizar tareas profesionales.
El cupo de flamable es un despojo liso y llano, que tiene como víctimas a los contribuyentes y a quienes no pueden acceder a algún servicio público. Los 280 millones de guaraníes mensuales presupuestados para el efecto por la Cámara Baja atentan contra el interés common e implican considerar al Estado como un botín del que aprovecharse durante una legislatura. Para que sean creíbles, los discursos contra la corrupción, el “planillerismo” o el narcotráfico tienen que sustentarse en una conducta honesta, como la que supone no valerse del escaño para que el erario costee gastos privados. Entre ellos también deben contarse los realizados para los desplazamientos en el marco de una campaña electoral, lo que de hecho implica que, en materia de transporte, la de los candidatos legisladores sea financiada con el dinero de todos.
Salvo los antes nombrados, los de la Cámara Baja no creen conveniente abandonar el absurdo privilegio en cuestión, ni siquiera en tiempos de pandemia: ningún colorado lo ha hecho y solo uno de entre los liberales, lo que mucho cube acerca del sentido de la austeridad republicana en los partidos tradicionales. Podrán sacarse los ojos a la hora de elegir a la Mesa Directiva, pero cuando se trata de arrancar dinero de quienes trabajan en beneficio propio, el acuerdo es bastante amplio: allí no hay abdistas, cartistas, efrainistas o llanistas, sino solo una “multibancada”, compuesta de ventajistas que aún pretenden que se les tome en serio cuando despotrican contra el adversario de la misma índole en lo que respecta a la desmedida afición a los fondos públicos.
En otras palabras, la enorme mayoría de los diputados cree que no es reprochable exprimir a los contribuyentes para llenar sus tanques de flamable, sin perjuicio de lamentar que haya innumerables carencias en la salud o en la educación públicas. Son expertos en el manejo de la doble ethical, es decir, en la odiosa práctica de la hipocresía. Es evidente que correrán con ventaja en las próximas elecciones internas simultáneas y no precisamente porque hayan tenido un buen desempeño. Ojalá que sus correligionarios tengan en cuenta su angurria insaciable y que, a la hora de elegir, no se dejen embaucar por sus promesas ni por su retórica barata. Los “comunes” deben hacerles tragar su hipocresía.
” Fuentes www.abc.com.py ”
