México lidera la región en control de interferencia: El país logró el mejor puntaje de las Américas en el Índice 2025 gracias a reformas clave como la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición constitucional de vapeadores.
Llamado urgente a no bajar la guardia: Autoridades y sociedad civil alertaron sobre la necesidad de blindar ministerios ajenos a la salud (como Economía y Educación) ante el sofisticado cabildeo y las redes de fachada de las tabacaleras.
Ciudad de México a 2 de junio de 2026. En el marco de la Semana de Acción Global para que paguen las Tabacaleras se presentó el Índice de interferencia de la industria tabacalera 2025 – Caso México en donde representantes de la sociedad civil y del Gobierno hablaron de cómo fue que lograron que el país fuera el mejor evaluado de la región con menos interferencia de la industria tabacalera.
Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx señaló “México mejoró significativamente su calificación al registrar un puntaje de 48 sobre 100, consolidándose como uno de los países con menor intromisión corporativa en la región gracias a reformas clave como la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición constitucional de los vapeadores a inicios de 2025. Este avance fue posible por la colaboración entre la Secretaría de Salud, organismos internacionales como la OPS y la sociedad civil, logrando resistir las intensas presiones de las empresas tabacaleras bajo la premisa del Artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS, el cual establece que los intereses de la salud pública son totalmente incompatibles con los económicos del sector. Es importante no bajar la guardia y vigilar la interferencia en otras carteras gubernamentales ajenas a la salud (como Economía y Educación), mantener alianzas estratégicas con periodistas, transparentar las interacciones oficiales y desmantelar las redes de cabildeo y grupos de fachada que buscan socavar las políticas públicas”.
La Mtra. Mayra Michell Castillo Trejo, Asesora en políticas de control de tabaco en la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional dijo “Los avances de México en materia de control del tabaco demuestran que las políticas públicas basadas en evidencia científica pueden proteger efectivamente la salud de la población. El reconocimiento obtenido por nuestro país en el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera refleja el fortalecimiento de nuestro marco regulatorio y del compromiso institucional con la salud pública. El desafío ahora es consolidar estos logros, enfrentar las nuevas estrategias de promoción de productos de nicotina y seguir protegiendo, especialmente, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.”
Por su parte la Dra. Sandra Patricia Avilés Soriano, Subdirectora de área y Encargada del despacho de la Oficina Nacional para el Control del tabaco de CONASAMA resaltó “las estrategias actuales de la industria son la diversificación de los productos, publicidad encubierta y falsa responsabilidad social corporativa y presión política y diplomática. Para detener a las tabacaleras el cumplimiento efectivo de los instrumentos normativos exige la voluntad política de asumir el control del tabaco como una prioridad de salud pública, así como la colaboración activa entre gobiernos, sociedad civil libre de conflictos de interés, organismos internacionales y de la academia.”
Al finalizar Daniel Dorado de Corporate Accountability denunció un alarmante incremento en las estrategias de interferencia de las corporaciones tabacaleras durante los últimos dos años, lo que ha puesto bajo una intensa presión a los gobiernos de América Latina y el Caribe. Frente a un panorama donde 11 países de la región empeoraron en su blindaje institucional. Señaló la necesidad de la aplicación estricta del Artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), demandando el cese inmediato del cabildeo opaco, la eliminación de incentivos fiscales injustificados para este sector y la prohibición de sus falsos programas de responsabilidad social corporativa, bajo la firme premisa global de hacer que la industria pague por los daños sanitarios y económicos que genera.
