El entramado que habría utilizado el juez Federico Villena para concretar sus presuntas maniobras de lavado de dinero, según señaló la PROCELAC cuando lo imputó y denunció penalmente, contó con un eslabón clave: una persona que habría actuado como su testaferro. La Unidad de Información Financiera (UIF) informó irregularidades, documentación cruzada, viajes a Uruguay compartidos entre ambos y una intervención clave en la compra de la propiedad que el magistrado dijo haber pagado en efectivo por 400.000 dólares pero que la justicia sostiene que valía el doble.
Clarín reveló la investigación que la PROCELAC -a cargo del fiscal Diego Velasco- realizó sobre el juez Villena y que derivó en una imputación por lavado de dinero por la adquisición de una propiedad en Capital Federal. La estructura revelada por la fiscalía antilavado incluye una operación inmobiliaria, préstamos simulados, la subvaluación de la propiedad, venta de vehículos y un departamento con inconsistencias, falta de respaldo financiero y dinero no declarado ante la AFIP. Detrás, se sospecha, habría un negocio inmobiliario superior que habría posibilitado el lavado de 3 millones de dólares.
Uno de los documentos en los que la Procuraduría fundamentó sus acusaciones fue elaborado por la UIF del precise gobierno de Alberto Fernández. En el informe se explicaron los puntos centrales de la maniobra denunciada.
La operación que investigó la fiscalía se centró en la compra de una propiedad en la calle Zuviría, el 30 de octubre de 2020. Participaron de la operación la vendedora y un apoderado que terminó de concretar el negocio. El juez entregó 400.000 dólares en efectivo; el 80% de ese dinero (U$S 322.562,72) se justificó a través de mutuos firmados con personas que carecían de capacidad económica, y el 20% restante con operaciones de venta de bienes muebles e inmuebles, que según la UIF arrojaron un conjunto de inconsistencias.
Lo primero que objeta la PROCELAC es que esas personas que le habrían prestado miles de dólares al juez Villena “carecerían de capacidad económica suficiente para dicho financiamiento”. Por ese motivo, se plantea que “se tratarían de préstamos simulados ilícitamente para explicar el origen de los fondos utilizados para esa operación inmobiliaria”.
Detrás de la compra de la casa hay dos planteos más: su valor y que escondería la participación en un negocio inmobiliario superior. La PROCELAC denunció que la propiedad de la calle Zuviría “fue declarada por un valor que tampoco sería real (U$S 400.000 dólares) ya que el valor originalmente publicado para la venta era de 790.000 dólares, un precio sustancialmente superior”.
Sobre el inmueble recae otra sospecha: hay un grupo inmobiliario que publicó un futuro emprendimiento a desarrollarse en un terreno triple que incluye la propiedad Villena, “acentuando que sería ideal para el desarrollo de un condominio/club/campus de deportes”. El precio publicado es de 3.100.000 dólares. Incluso se llegaron a publicar los planos catastrales originales de los tres inmuebles en cuestión, “lo que implica una aceptación de la opción de inversión de sus titulares”, remarca la denuncia.
Para montar esa estructura supuestamente ilegal trabajó un grupo de personas que también están bajo investigación . En primera instancia, quienes actuaron como “mutuantes”, es decir que realizaron los préstamos de dólares en efectivo a Villena.
Pero otro nombre es central en toda la maniobra: Emiliano González, quien según la fiscalía habría actuado como un prestanombre del juez.
La UIF remitió a la PROCELAC información de inteligencia financiera que originó la investigación preliminar, donde se dio cuenta de las irregularidades que rodearon la compra de la propiedad de la calle Zuviría. La dueña de esa casa puso como apoderado a Emiliano González y la venta del inmueble se realizó ante el escribano Hernán Gervasutti.
Un dato: este último fue ante quien Ramón Alan Bogado, denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, confesó que cumplía tareas para Antonio Horacio Stiuso, ex director de la SIDE, pese a que el organismo de inteligencia había negado formalmente que fuese uno de sus espías.
Respecto a González, la UIF señaló que intervino para dar cuenta de un valor declarado sobre la propiedad “que tampoco sería real, ya que el valor originalmente publicado para la venta era de U$S 790.000, un precio sustancialmente superior al declarado, por lo que se presume la posible participación en los hechos denunciados”, no sólo de él, sino también de la titular de la casa.
Pero la casa después pasó a manos de otra inmobiliaria que la vendía por 890.000 dólares. Hubo dos cotizaciones más, que arrojaron valores de base de 800.000 dólares.
A las inconsistencias que se señalaron “se suman ciertas vinculaciones, establecidas en virtud de las tareas realizadas que resultan sospechosas”, sostiene la denuncia. Se determinó que Villena registró tres cédulas azules para la conducción de vehículos supuestamente pertenecientes a otras personas. Una de esas personas, como se señala en el informe de la UIF, resulta ser la contadora que hizo la “certificación contable del origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble”, y que despertó sospechas respecto al origen de los mismos.
La segunda persona, sostuvo la PROCELAC, es González, “quien llamativamente actúa como apoderado de la parte vendedora en la operación inmobiliaria” investigada. “Las vinculaciones detectadas” entre González y Villena “han sido más numerosas”. Por ejemplo, se determinó que el 29 de diciembre de 2011 -nueve años antes de que el juez comprara la casa- ambos compartieron un viaje a Uruguay.
Asimismo, la UIF señaló que hacia fines de 2012 González le “facilitó a Villena una cédula azul para permitirle la conducción de un vehículo de su propiedad marca BMW, modelo 125I”. De la información de Migraciones surge que uno de los viajes que el juez realizó a Brasil en auto lo hizo en ese vehículo.
La justicia también verificó que ambos coincidieron laboralmente como empleados en la Universidad de Lomas de Zamora en 2018 y 2019.
“Por último, creemos importante destacar un dato que en este contexto no resultaría menor, y es el hecho de que Hernán Gervasutti es el escribano que actúa no sólo para la escrituración de la operación de compraventa del inmueble, sino también en el otorgamiento del poder a favor de González, para que éste actúe en su nombre y representación en la operación inmobiliaria en cuestión”, indicó la PROCELAC.
Según la información oficial, Emiliano González se desempeñó como empleado en Jefatura de Gabinete de ministros desde el 2007 al 2012; desde 2012 al 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación, desde el 2018 al 2019 en la Universidad de Lomas de Zamora, y de 2020 a 2021 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Otro punto que destacó el fiscal Velasco es que en la base de datos de la AFIP no surge que González tuviera declarada actividad inmobiliaria.
Otro dato vincula al juez Villena con su supuesto testaferro: entre los domicilio fiscales que González declara hay uno en Capital Federal, cuya dirección coincide con “una de las informadas por Telecom en la que Villena tiene desde el 3 de octubre de 2013 conectados servicios a su nombre (televisión, Flow e internet)”.
” Fuentes www.clarin.com ”
