La alcaldesa de Irapuato se está caracterizando por sus viajes al extranjero, mientras la inseguridad en el municipio continúa en ascenso y la ubican como una de las ciudades más peligrosas del país, su gobierno empieza a distinguirse por su desconocimiento de la administración pública.
En días pasado ha anunciado que solicitará a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado municipal, un préstamo para adquirir el inmueble en el que se pretende construir una clínica del IMSS.
Se trata de una práctica hecha en la administración anterior, pero no por eso menos ilegal que aquella ocasión.
El reglamento de la paramunicipal, al menos el que aparece en los portales de transparencia, establece que “Los ingresos que se obtengan serán destinados exclusivamente al pago de los gastos de administración, operación, mantenimiento, rehabilitación y reparación, en su caso, ampliación de los servicios y en general para el cumplimiento de todas las obligaciones de JAPAMI, incluyendo el pago de pasivos”.
Algo que es obvio, JAPAMI no es un banco, ni debe ser la caja chica de la administración.
Solicitar el préstamo que anunció la alcaldesa, no solo es pedirle al Consejo de la Junta que viole la ley, sino que destine recursos para fines que no están autorizados.
Veremos si los consejeros le cumplen el capricho a una alcaldesa que le interesa mucho viajar y le preocupa poco gobernar con la ley.
Guanajuato capital, un Ayuntamiento atrapado en la burocracia
Según el alcalde de la capital, Alejandro Navarro, el gobierno federal está obstaculizando la construcción del Nuevo Museo de las Momias.
Todo ello porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Hacienda están ejerciendo sus funciones.
La primera de las instancias federales, además de tener entre sus atribuciones la de autorizar las obras que se hagan dentro de una ciudad declarada como Zona de Monumentos, que por cierto también es Patrimonio de la Humanidad, ha conformado un grupo de especialistas para analizar los cuidados que deben tener los cuerpos áridos que el municipio se apropio desde hace muchos años y decidió explotarlos comercialmente, tan solo por haber sido depositados en un panteón municipal.
En el caso de la Secretaría de Hacienda, pues resulta que es la dependencia que registra los préstamos que soliciten cada entidad gubernamental, incluyendo, por supuesto, a los municipios.
El problema ha sido que el Ayuntamiento ha ignorado esas atribuciones federales, o bien las desconocían.
Cualquiera de los supuestos es por demás grave, pues es evidente que el cumplimiento de la ley, no está sujeto a caprichos o la voluntad de nadie.
” Fuentes zonafranca.mx ”
