Lugar:Santo Domingo, RD
Foto:Cesar de la Cruz
Fecha:
Mediante el decreto 396-21, el presidente Luis Abinader dispuso medidas de restricción del gasto público para racionalizar algunos excesos que se producen en la administración gubernamental.
El efecto del decreto será por un período de seis meses y medio, para concluir el 1 de enero del 2022.
Este tipo de disposiciones contiene siempre limitaciones para que los funcionarios que les gusta darse la buena vida a costa del gasto público no lo hagan: Viajes en primera clase, uso de vehículos oficiales en paseos los fines de semana, contrataciones de espacios para fiestas y celebraciones “oficiales”, y evitar la compra de automóviles de lujo y alto consumo de combustibles. Eso está bien y se entiende.
Este gobierno ha paralizado muchos de los excesos que period común en administraciones pasadas, y ha reducido la nómina pública, y ha eliminado instituciones, reducido otras y fundido varias para que el gasto público no tenga tanta carga infuncional.
Lo interesante del decreto 396-21 aparece en el artículo 9, que abre una oportunidad para racionalizar las nóminas de los Ministerios de Defensa y de Inside y Policía:
“Artículo 9. Se ordena a los Ministerios de Defensa y de Interior y Policía la revisión de todo el personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos, funcionarios y otros dignatarios, a los fines de reducir a la cantidad estrictamente necesaria dichas asignaciones y eficientizar la distribución del mismo. Su distribución se hará siempre priorizando aquellos sectores que requieran mayor apoyo para asegurar la protección de la ciudadanía”.
El párrafo I aclara en relación a la Policía Nacional.
“Párrafo I. En el caso de la Policía Nacional, se le ordena la reducción del personal asignado a instituciones y funcionarios de acuerdo a lo antes indicado en al menos 50%, de forma tal que el mismo pueda ser dedicado a la implementación de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
El párrafo II de este artículo 9 se refiere al trabajo private que realizan los miembros de las institucionales militares y policiales, al servicio de funcionarios públicos.
Extrañamente el decreto no toma ninguna decisión sobre el private policial dedicado a la protección de civiles, sin funciones en ninguna entidad estatal, y que resultan de asignaciones medalaganarias, para que oficiales de alto rango permanezcan como choferes de empresarios, periodistas, abogados, entre otros sujetos de la farándula o “influencers” dominicanos.
Este fin de semana hemos recibido la información de una tragedia en el Este del país, en Miches, con un oficial de la Policía Nacional, y su esposa, que fueron asesinados. El dato es que el oficial es chofer de un conductor de un programa de televisión. Si es el Estado que tiene que pagar ese servicio de protección, que se haga, pero que no sea selectivo. Lamentamos la tragedia y nos quedamos con la interrogación sobre la naturaleza del servicio ofrecido por un oficial medio de la Policía Nacional.
Otro dato a tomar en cuenta: Hay tiendas en Santo Domingo, con sucursales en diferentes puntos del país, que tienen como empleados agentes policiales, y que para los fines del comercio son empleados y son “agentes de la Policía”. Reconocemos que es un tema muy delicado, y que habría que hacer un esfuerzo extraordinario para terminar con la práctica. Por un algún lado, y en algún momento, es posible comenzar.
Lo que falta en el decreto 396-21 es la decisión de recoger todo el private de la Policía Nacional que está dedicado a la protección specific de personajes dominicanos, sin vínculos reales con el Estado o con la seguridad nacional. Esos agentes van a los supermercados a realizar las compras de sus “protegidos”, a las discotecas a proteger a los hijos de sus “protegidos” en sus fiestas. Este gobierno debía ya terminar con estos privilegios, y si vamos a reducir el gasto público que continuemos con este punto. Los agentes dedicados a proteger a “influencers” podrían ser miles.
” Fuentes acento.com.do ”
