Uno de los propósitos fundamentales del Brexit ha sido dar carnaza a los xenófobos y ultraderechistas que no quieren ver a los migrantes ni en pintura. De ahí la obsesión del Gobierno de Boris Johnson por neutralizar las imágenes de extranjeros de coloration llegando en lanchas hinchables a las playas de Kent como si fueran las Canarias, Andalucía o Cefalonia. ¡Hasta dónde podíamos llegar! ¡Esto es Inglaterra, por favor!
Con el buen tiempo y la precise ola de calor, el número de migrantes que cruzan en pateras(o equivalentes) los 34 kilómetros del canal de la Mancha ha aumentado, llegando hasta quinientos al día, para fascinación u horror de los bañistas que están tomando el sol y se encuentran con el espectáculo inesperado de agentes de aduanas corriendo detrás de ellos. No precisamente la imagen que quiere dar Londres.
En lo que va de año han llegado ya a través del Canal más de ocho mil solicitantes de asilo, casi la totalidad del 2020, calculándose que la cifra remaining rondará los doce o trece mil (con el frío y la lluvia invernales el flujo es muy inferior). Las autoridades culpan del “problema” a Francia, por hacer la vista gorda e intervenir en alta mar únicamente en el caso de que las embarcaciones emitan un SOS o estén en peligro de hundirse.
El Gobierno británico pagará al francés 73 millones de euros más para que impida la salida de embarcaciones
La ministra británica de Inside, Priti Patel, ha firmado esta misma semana un acuerdo con su homónimo galo, Gérald Darmanin, en virtud del cual el Reino Unido pagará 73 millones de adicionales de euros a París para que ponga más empeño en impedir la salida de las lanchas desde el trozo de costa entre Dunkerque y Boulogone, aumente a doscientos el número de agentes que patrullan, y les dote de drones, radares, equipamientos militares y tecnología termal. Pero numerosos diputados conservadores lo consideran un despilfarro de dinero “porque nuestros vecinos no harán nada”.
En realidad no es así. El número de lanchas y botes a los que los franceses han impedido la salida se ha doblado en el último año, pero el problema es que las intentonas de viajes se han triplicado o cuadruplicado. La técnica de los traficantes consiste en lanzar al agua simultáneamente un gran número de embarcaciones, las más pequeñas como distracción (sus tripulantes pagan 500 euros a sabiendas de que probablemente serán devueltos a Francia), y detrás de ellas las más grandes y potentes, con un precio de cinco o seis mil euros por “billete”.
Si quienes llegan eluden a las patrullas de aduanas, su única opción es incorporarse al mercado negro de trabajo controlado por las mafias, principalmente albanesas, que los han traído a Gran Bretaña y convertirse en una especie de esclavos modernos, sin pasaporte ni ningún documento, explotados a cambio de un lugar donde dormir. En el caso de las mujeres, el destino es con frecuencia la prostitución.
Quienes son capturados solicitan asilo político alegando persecución o peligro de muerte en sus países (las razones económicas no valen), y se pueden pasar años en centros de detención como el de Dover, a la espera de que se tramiten sus casos y las correspondientes apelaciones (la mayoría de demandas son rechazadas).
Londres quiere que los solicitantes de asilo sean enviados a Ruanda mientras se tramitan sus casos
La Cámara de los Comunes ha aprobado por 366 a 265 votos una nueva ley que permite a los agentes fronterizos utilizar “fuerza razonable” para impedir la llegada de los migrantes (no llevan armas de fuego pero sí bastones y esposas), contempla penas de hasta cuatro años de cárcel por intentar entrar ilegalmente en el país, y bloquea o aumenta el coste de los visados a los países que se nieguen a aceptar a los nacionales que les son devueltos por Londres. El Gobierno Johnson está negociando a tres bandas con Dinamarca y Ruanda para que el procesamiento de las solicitudes de asilo se “externalice” y se haga en el país africano, que cobraría por ello. La concept ha sido calificada de “cruel e inhumana” por la oposición y grupos de derechos humanos.
Una cuestión especialmente grave es el tratamiento de menores, que en teoría han de ser entregados a los servicios sociales pero ninguna autoridad municipal los quiere aceptar. Dadas las dificultades para saber la auténtica edad de los migrantes, la nueva ley autoriza el examen de la dentadura “y otros procedimientos científicos para averiguarla cuando parezca que los implicados puedan tener más de dieciocho años”.
En realidad, el problema es más de imagen que otra cosa, porque los viajes por mar han reemplazado a los que se hacían en camiones, trenes y contenedores, y el whole de solicitudes de asilo ha disminuido. Pero Johnson no quiere pateras, el Brexit no es eso.
” Fuentes www.lavanguardia.com ”
