La concesión de los muelles de cruceros del área de San Juan a un operador privado que aún no ha sido anunciado por el gobierno —aunque ha trascendido públicamente que podría ser la empresa International Ports Holding PLC (GPH)— será investigada por la Cámara de Representantes durante la próxima sesión ordinaria, que comienza el 15 de agosto.
A tenor con la Resolución 738 de la Cámara (RC), de la autoría Ángel Matos, portavoz del Partido Well-liked Democrático (PPD) en el cuerpo legislativo, se procura “asegurar un proceso correcto, el cual cumpla con todos los requisitos de ley, y puedan evitar cualquier enriquecimiento ilícito u otorgación incorrecta del contrato”.
“Diría que la privatización de los muelles de cruceros será el LUMA de los mares. Va a venir un operador sin experiencia, va a empezar a interferir con empresas que ya han anunciado que si seleccionan a GPH, se van del País”, expresó Matos a EL VOCERO.
Añadió que si el gobierno concede a GPH la operación de los muelles, habrá un disloque en el mercado de cruceros en la Isla porque, según expuso, es una industria de sobre dos millones de pasajeros al año, incluyendo 330,000 turistas de la Isla. “La transacción —de lo que se ha ido adelantando, en términos de dinero— es mala para el País”, afirmó.
“Encarecerá los costos de hacer turismo con la industria de cruceros porque esta empresa llegará a cobrar por servicios que hoy no se cobran. El contrato —de la información que yo tengo— (establece) que los servicios auxiliares de transportación turística, de ofrecimiento de combustible y provisiones, ahora pasarán a través de GPH”, señaló.
Sostuvo que lleva años denunciando que el proceso es irregular y que el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, no ha sido transparente sobre quiénes son los cabilderos que trajeron a GPH a Puerto Rico.
“Él niega que GPH sea la empresa que se llevó la subasta, aunque en conferencias de inversionistas, es GPH la seleccionada”, insistió.
Matos radicó la RC 738, aprobada el 17 de mayo, porque entiende que el contrato de Alianza Público Privada (APP) tiene que cumplir con estándares de transparencia.
La medida ordena que investiguen el asunto las comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas (APP) y Energía, y también la de Turismo. Los muelles en discusión son el 1, 3, 4, del 11 al 14 y los Panamericanos 1 y 2, en la Bahía de San Juan.
“La transacción es flojísima. Lo único que hay de capital adelantado son unos $75 millones … Todavía la Autoridad de los Puertos —aunque se privaticen los muelles— es la que tiene que construir instalaciones para que venga un (ente) privado a operar y cobrar aranceles”, indicó el legislador.
Se atenderá en vistas públicas
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, Luis Raúl Torres, informó que la RC 738 fue recibida en el organismo legislativo a finales de la pasada sesión ordinaria.
“Voy a hacer vistas públicas, voy a pedir memoriales y voy a hacer requerimientos de información”, adelantó Torres a EL VOCERO.
“A mí lo que me está preocupando son todas estas acciones que se están llevando a cabo. Cada vez que vemos una de estas alianzas, estamos viendo situaciones muy similares, con conflictos de intereses y de las mismas personalidades detrás de casi todas estas privatizaciones y de todas estas APP”, abundó el legislador independiente.
Planteó que “cuando uno le da una mirada al asunto, casi siempre son los mismos bufetes, asesores allegados a la administración actual y a veces —cuando se analizan bien— no son ninguna APP, sino contratos de administraciones y de privatizaciones de las facilidades públicas e incluso sin un capital, y por eso hay que investigarlas”.
En tanto, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte, quien había expresado preocupación sobre la privatización de los muelles, manifestó que de la información que ha trascendido públicamente, le llama la atención quiénes pudieran estar detrás de la compañía y el monopolio que pudiera configurarse.
Aponte sostuvo que le preocupa el monopolio que “pudiera estar estableciendo esa compañía en el área del Caribe, porque ha trascendido que (la compañía que se alega fue escogida) tiene un contrato con el puerto en Cuba. Entonces, ¿hacia dónde nosotros nos vamos a desarrollar? ¿Una empresa que tendrá el control de los puertos de crucero en el área del Caribe? Pues no me suena apropiado por decirlo de esa forma”.
¿Qué ha dicho Puertos y la AAPP?
Hace unas semanas, Pizá indicó que antes de tres meses debe estar finiquitado el proceso de concesión y que había detalles que no podía ofrecer amparándose en parámetros de confidencialidad estipulados en ley.
Señaló que la transacción será mayor a los $75 millones, pero no informó a cuántos años se haría la concesión.
“No tenemos dinero”, respondió Pizá al señalar que la agencia está económicamente inhabilitada para hacerse cargo de los muelles.
En entrevista previa con este medio, Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AAPP) había informado que la etapa de negociación con el proponente preferido había culminado.
“Estamos en el proceso de evaluación y aprobaciones del mismo, con la expectativa de que se firme antes de que termine el trimestre”, detalló.
” Fuentes www.elvocero.com ”
