El grupo de Coalición Canaria reclamó al Grupo de Gobierno del Cabildo en el último pleno por la utilización abusiva de los contratos menores, es decir, de los que se dan a dedo, sin ningún tipo de concurso público. “Existe un informe elaborado por el Servicio de Control Financiero de la Intervención sobre los contratos menores en obras, servicios y suministros en el que se recomienda la necesidad de cumplir con la ley y contratar por licitación pública”, explica Juan Ramón Felipe.
“Lo que se está haciendo es fraccionar suministros y servicios como la compra de mobiliario y artículos de decoración, el suministro de material informático, de combustible y de material de oficina, los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos o el servicio de agencias de viaje para no sacarlos a concurso público y que puedan presentarse varias empresas”, explica el portavoz de CC. Con ello, tal y como alerta la Intervención, “se eluden los procedimientos legales que garantizan los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación, así como cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto y una eficiente utilización de los fondos públicos”.
En muchos de los contratos menores suscritos por el Cabildo ni siquiera queda claro cuál es el objeto, es decir, para qué se contrata a la empresa, ni las prestaciones que comprende y a las que está obligado el adjudicatario. Esto supone que, si la empresa no cumple con su trabajo, ni siquiera se le pueden exigir responsabilidades al contratista.
No se especifican las horas de trabajo necesarias para realizar la prestación, ni la categoría profesional requerida, ni la conformidad con precios de mercado. En los contratos menores de obra, no se incorpora el presupuesto detallado suscrito por un técnico competente o el proyecto de obra.
Es muy significativo, además, que, en muchos otros contratos, los importes analizados por la Intervención están muy cercanos a los límites permitidos por la Ley de contratos del sector público, sin que exista ningún tipo de justificación para dicha cuantía (límite de 15.000 euros para suministros y servicios y de 40.000€ para obras).
Utilizan también los contratos menores para servicios que llevan años sin licitarse, como la seguridad y la limpieza de los edificios del Cabildo e, incluso, la promoción mercado turístico.
Una deficiencia muy significativa es la ausencia en muchos expedientes de los informes de conformidad o recepción de las prestaciones, en los que conste de forma detallada cómo se ha desarrollado la prestación y que la misma se ha prestado conforme a lo contratado.
Además de esta dinámica recurring de dar contratos a dedo que según la ley deben salir a licitación pública, hay otros ejemplos de la “chapucera gestión” del dinero público, como, por ejemplo, el caso del suministro eléctrico, para el que ni se han molestado en iniciar los trámites de la contratación administrativa, por lo que el Cabildo tiene que pagar una penalización de recargo de 208.000 euros. “¿Puede haber más dejadez?”, denuncia Juan Ramón Felipe.
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