San José, 8 set (elmundo.cr) –Que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) cuente con recursos para fortalecer y ampliar el mercadeo de Costa Rica como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, y que los niveles de visitación al territorio, tanto de personas turistas extranjeras como nacionales, retome las condiciones pre-pandemia; este es el objetivo del proyecto de Ley presentado por la diputada Laura Guido Pérez, del Partido Acción Ciudadana.
El proyecto fue presentado por Guido junto a los legisladores Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional y Pablo Heriberto Abarca Mora, del Partido Unidad Social Cristiana (Expediente N°22.678), como medida esencial en la fase de recuperación del sector turístico nacional en el contexto de la pandemia por COVID-19.
La iniciativa incorpora un artículo transitorio en la Ley Orgánica del ICT, para que la institución pueda suscribir contratos de fideicomisos de administración.
La diputada Guido Pérez explicó que la pandemia impactó los recursos que tenía el ICT para invertir en el posicionamiento turístico del país, y que por eso es necesario facilitar herramientas de financiamiento excepcional que contribuyan a cumplir esta finalidad.
La medida es necesaria dada la afectación durante la pandemia a los ingresos institucionales, los cuales provienen de los boletos aéreos internacionales, siendo que de marzo a agosto de 2021 las fronteras de Costa Rica estuvieron cerradas, y aún no se han recuperado los niveles de visitación prepandemia.
«Mediante estos fideicomisos de administración, el ICT podrá invertir en mercadotecnia y difusión de Costa Rica como destino turístico, tanto a nivel internacional como en el mercado interno. Esta es una tarea que normalmente el ICT ha podido realizar con rentas propias, pero la caída de los recursos en el contexto de pandemia, está impactando severamente esa posibilidad», comentó.
«El instituto nos ha manifestado su interés de contar con una herramienta para invertir en un proceso de recuperación que requiere difusión especial, lo que en este contexto explicit demandará herramientas excepcionales, sin dejar de lado las justificaciones técnicas y la sostenibilidad de las mismas», agregó Guido Pérez.
Dicho transitorio tendría una vigencia de 5 años. Para su aplicación, deberá contar con aprobación de la Junta Directiva, previa comprobación técnica de que es requerida.
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