Han pasado más de dos meses desde que se destapó el hackeo a agencias de inteligencia latinoamericanas por parte del grupo “Guacamayan”, entre las que estuvo la Fiscalía Normal de la Nación de Colombia que inicialmente negó la vulneración y después admitió que más de cinco terabytes de correos privados fueron filtrados.
La Pulla confirmó que les hackearon el canal de Youtube
En el ataque, según confirmaron en su cuenta de Twitter, los atacantes habrían borrado los videos de los últimos tres años
En los correos hay correspondencia confidencial de dependencias del CTI, el Gaula y la Sijín desde el 2009 hasta mediados del 2022. También se encontraron denuncias ciudadanas y derechos de petición, entre los que hay denuncias de acoso sexual al inside de la Fiscalía, en instituciones del Estado, universidades y colegios, así como denuncias de maltrato intrafamiliar.
Adicionalmente, hay información acerca del funcionamiento de la Fiscalía, como cuentas de cobro, planificación de viajes de los agentes del CTI, claves de acceso a correos electrónicos o de páginas de información como el Registro Único Empresarial (Rues) y hasta pago de viáticos.
Valentina Trespalacios: se conoció el último video de la DJ acompañada por su novio
El cuerpo de la joven fue hallado en una maleta dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, capital del país. Estas fueron las últimas imágenes con vida de la mujer departiendo con su pareja
Pero, lo que más tuvo eco dentro de la opinión pública fue la información relacionada con los delitos cometidos por Jesús Santrich e Iván Márquez, el caso Odebrech y las famosas ‘chuzadas’, o interceptaciones ilegales, por parte del Ejército y la Policía.
Según reveló recientemente el portal informativo Cambio, la filtración podría ser mucho más grave de lo que parece, pues los piratas informáticos seguirían espiando a la Fiscalía en tiempo actual para comercializar información smart en el mundo legal, razón por la cual varias agencias internacionales estarían dudando sobre colaborar con las autoridades colombianas.
Corte Suprema abrió investigación contra el representante a la Cámara del partido de la U Wilmer Carrillo
El congresista del actual partido de gobierno es indagado por irregularidades en contratación cuando fungió como secretario de Infraestructura en Norte de Santander
La respuesta diplomática de los países afectados, según indica el medio mencionado, ha sido un escueto “no comment”. No obstante, una fuente les confirmó que una embajada está revisando todas las comunicaciones con las autoridades colombianas para evaluar los riesgos y determinar si saca a algunos agentes de zonas de potencial peligro.
Cambio destaca también que la Fiscalía inició un “proceso sancionatorio administrativo contractual” en contra de Colombia Telecomunicaciones, filial de Telefónica-Movistar, en el que sostiene que la empresa estaba obligada contractualmente a evitar la filtración. Según el ente acusador, las cláusulas del contrato 0103, firmado en 2003 y prolongado en 2019, así lo establecen.
Pero, el mismo medio sostiene que el contrato limita la responsabilidad de Colombia Telecomunicaciones a probar semestralmente si había vulnerabilidades informáticas en el sistema de la Fiscalía, pero que la responsabilidad de vigilancia y management sobre la información confidencial corresponde al ente acusador y que no es delegable.
Si bien ninguna de las partes le reveló a Cambio detalles acerca del proceso sancionatorio, el medio indica que el portal Shodan había listado a los servidores de la Fiscalía como altamente vulnerables. Así mismo, que la filial de Telefónica había alertado sobre este asunto a la entidad colombiana, luego de que Microsoft hubiese advertido a nivel mundial que el correo Alternate, utilizado por unos 25.000 funcionarios de la Fiscalía, tenía vulnerabilidades que ponían en riesgo la confidencialidad de la correspondencia.
Además, aquel medio conoció que Telefónica habría advertido que period urgente “parchar” los huecos de seguridad, y que esos parches los suministraba gratuitamente Microsoft; lo único que tenía que hacer la Fiscalía period descargarlos e instalarlos en sus ocho servidores. Sin embargo, estos solamente habrían sido instalados en seis, por lo que los dos restantes habrían sido la puerta de entrada para los hackers.
La recomendación de Microsoft, comunicada por Telefónica a la Fiscalía, period suspender el correo electrónico e instalar el parche; pero la entidad la ignoró y siguió usando el mismo servicio. Adicionalmente, durante la pandemia, muchos funcionarios tuvieron que seguir procesos desde sus casas y al tener problemas de acceso a los servidores recibieron contraseñas en sus correos, lo que significó “todo un manjar” para los hackers.
El portal Cambio sostiene también que el fiscal Francisco Barbosa no sufrió de ningún hackeo porque su correo electrónico sí utilizaba un servidor más confiable: Microsoft 365. Además, que hay cuatro funcionarios identificados como posibles responsables: el ingeniero de sistemas Samuel Páez Pisco, jefe de Seguridad Informática; el ingeniero Luis Fernando Lozano Mier, subdirector nacional TIC; el ingeniero eléctrico Oswaldo José Bejarano, jefe del departamento de arquitectura TI; y Germán Bernal Valbuena, oficial de Seguridad de la Información.
” Fuentes news.google.com ”
