CLEVELAND, Ohio, EE.UU. (AP) — Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han viajado discretamente a Caracas en un nuevo intento de traer a casa a estadounidenses detenidos y de reconstruir las relaciones con el gigante petrolero sudamericano ante el alargamiento de la guerra en Ucrania, que ha hecho subir los precios de la gasolina y obligado a Estados Unidos a recalibrar otros objetivos de política exterior.
Un portavoz del Departamento de Estado describió el viaje como una visita de bienestar centrada en la seguridad de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas, incluido un grupo de ejecutivos de la compañía petrolera Citgo, con sede en Houston, que están encarcelados desde hace más de cuatro años.
La delegación incluye a Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, así como al embajador James Story, quien dirige la Unidad de Asuntos Venezolanos del gobierno estadounidense desde la vecina Colombia.
No está claro qué más pretenden conseguir los funcionarios estadounidenses durante la misión. Pero se da tras una visita sorpresa en marzo de los dos hombres y de Juan Gonzalez, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, que fue el primer viaje de la Casa Blanca al país sudamericano en más de dos décadas.
Desde entonces, tanto la administración de Biden como el gobierno socialista de Venezuela han mostrado disposición a entablar diálogo después de años de hostilidades entre Washington y Caracas a raíz de la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, que se vio empañada por irregularidades.
Primero, Maduro liberó a dos estadounidenses como gesto de buena voluntad y prometió reanudar las negociaciones en México con la oposición respaldada por Estados Unidos.
Aunque esas conversaciones no se han reanudado, Estados Unidos renovó una licencia para que las empresas petroleras, incluida Chevron, puedan seguir operando en Venezuela, que ha estado bajo fuertes sanciones desde 2019.
Luego, este mes, la Casa Blanca levantó las sanciones impuestas en 2017 al sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien estaba acusado de facilitar actos de corrupción siendo un alto funcionario de la petrolera estatal PDVSA.
” Fuentes www.infobae.com ”
