Frenazo judicial a las investigaciones de los viajes al extranjero del jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. La Audiencia de Barcelona ha ordenado al magistrado del caso Volhov que justifique mejor las nuevas pesquisas que ha acordado.
En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la nueva batería de diligencias ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona sobre Alay, a quien informes de inteligencia europeos y de la Guardia Civil relacionan con contactos en Rusia entre 2015 y 2018, en el marco del procés.
Cargo en la Diputación de Barcelona
En esos años, Alay ocupó un cargo en la Diputación de Barcelona, por lo que el juez pidió a esta corporación los detalles de sus viajes, al tiempo que ordenó a la Guardia Civil que investigase su patrimonio. En este contexto, la sala rechaza que las pesquisas sean prospectivas –como alegaba la fiscalía para pedir su archivo—, pero admite que en la resolución no se han puesto de manifiesto “las sospechas sólidas que justifiquen la pertinencia y necesidad de aquellas diligencias”.
En consecuencia, la Audiencia de Barcelona anula las diligencias acordadas y ordena al juez que dicte una nueva resolución en la que las justifique, pero no basándose en los “resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido” mientras se tramitaba el recurso de la fiscalía.
Intervenciones telefónicas
Las nuevas diligencias derivan de un informe de la Guardia Civil que mantiene que Jordi Castells, precise subdirector normal de Cooperación Native de la Generalitat, incrementó su patrimonio en 300.000 euros cuando fue director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, en la etapa de CiU, por pagos que podrían proceder de entidades proveedoras de la corporación provincial.
El juez razona en su auto que Alay sucedió a Castells en su cargo y que bajo su mandato se finalizaron varios de los expedientes de proyectos de cooperación internacional que están siendo investigados por supuesto desvío de fondos a fundaciones afines a CDC, trama que dio pie a las intervenciones telefónicas que después derivaron en el caso Volhov.
Sin justificar
Según la Audiencia de Barcelona, la resolución del juez “no especifica de qué expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva línea de investigación” contra Alay, mientras que la motivación “resulta concisa y escueta”.
En ese sentido, recuerda la sala que estas diligencias se sitúan “en el marco de un proceso penal que se abrió hace seis años por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas”. “En consecuencia, la resolución exigía un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa del investigado, explicar las razones y conexidad de esta nueva línea de investigación y evitar cualquier atisbo de nulidad”, añade el auto.
” Fuentes cronicaglobal.elespanol.com ”
