El
Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado dos nuevos Decretos de
regulación y ordenación de la actividad turística en la región, los
relativos al sector de la restauración y a las
agencias de viajes y servicios de intermediación turística. La
consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha dado
cuenta de estos decretos tras el Consejo de Gobierno de hoy, subrayando
que con estas dos normativas son ya diez los decretos
aprobados por el Ejecutivo de Emiliano García-Web page, en un claro
compromiso por dotar al sector turístico de una normativa adaptada a las
circunstancias actuales que permita la prestación de sus servicios con
una mayor garantía tanto para las empresas del sector
como para los consumidores.
El
primero de estos decretos es el de ordenación y regulación del sector
de la restauración, que establece seis categorías:
restaurantes; cafeterías; bares; establecimientos de ocio, diversión y
baile; empresas de catering; y espacios para eventos. “Esta
categorización se pone en marcha por primera vez en la región, y es una
necesidad regulatoria que nace de la Ley de Turismo de
Castilla-La Mancha, aprobada en 1999, que establecía que todo lo que
tenía que ver con la restauración debía desarrollarse en un posterior
decreto”, ha explicado Patricia Franco, que ha asegurado que en el
periodo entre 2011 y 2015 no se abordó ninguna de
las necesidades normativas pendientes para el sector turístico.
“Siempre se ha dicho que no había medios económicos para hacer acciones
en materia de promoción, pero sí se podían haber hecho en materia
regulatoria, y tampoco se hicieron”, ha señalado.
En
contraposición, con los dos Decretos aprobados hoy el Gobierno de
Emiliano García-Web page ha aprobado diez decretos de ordenación
y regulación del sector turístico, “porque en la medida en que
adaptemos esa normativa a la realidad precise, el sector tendrá mayores
garantías”. El Decreto que ordena y regula la actividad de la
restauración en la región sitúa unos estándares mínimos para
todos los establecimientos, en materias como los suministros de agua y
energía o la ventilación e insonorización de los locales, pero también
cuestiones particulares de algunos de ellos como menús, cartas de
platos, régimen de acceso o reservas.
La
consejera ha detallado que esta regulación afecta a más de 15.000
establecimientos en toda la región, “donde tenemos registrados
más de 11.400 bares, más de 500 cafeterías y más de 3.000
restaurantes”, explicando que tendrán un plazo de dos años desde la
entrada en vigor del Decreto para establecer, en base a una declaración
responsable, en qué categoría queda encuadrado cada uno de
estos establecimientos. Además, ha avanzado que habrá placas
distintivas con la imagen turística de la región para cada tipo de
alojamiento, “dotando de una mejor identificación y mayor visibilidad a
los establecimientos”.
Ordenación y regulación de las empresas de intermediación turística
El
segundo de los Decretos aprobados hoy en Consejo de Gobierno, relativos
al sector turístico, es el Decreto para la ordenación
y regulación de las empresas de intermediación turística, que deroga un
decreto existente del año 2007 para adaptar la normativa a la directiva
europea 2015/2302, que establece entre otras novedades la necesidad de
un régimen de garantías para hacer frente
a posibles insolvencias. El Decreto establece y diferencia las
categorías de empresas de intermediación entre agencias de viajes,
centrales de reservas y operadores turísticos, definiendo sus funciones y
actividades, además de distinguir en la tipología de
agencias de viajes entre organizadoras, minoristas y organizadoras
minoristas.
Este
Decreto establece que las diferentes actividades de venta de viajes
combinados competen solo a las agencias de viajes,
y tiene su principal novedad en la obligación, por parte de éstas, de
constituir una garantía para hacer frente a posibles situaciones de
insolvencia. La garantía puede ser de tres tipos: particular person, con un
seguro o aval bancario no inferior a 100.000 euros;
colectiva, con un seguro o aval bancario, o fondo solidario de garantía
promovido por asociaciones y colectivos, no inferiores a 2,5 millones
de euros; o estableciendo esa garantía por cada viaje combinado, a
través de seguros individualizados.
“Las
agencias de viajes, alrededor de 420 en la región, tendrán un periodo
de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto
para establecer estas garantías”, ha señalado Patricia Franco, que ha
destacado que este esfuerzo normativo, que se ha dado en ámbitos como el
turismo rural, el ecoturismo y el turismo activo, los campings y
espacios de autocaravanas o los apartamentos de
uso turístico, entre otros, “supone que los profesionales del sector
puedan competir en igualdad y con garantías en nuestro territorio, y el
usuario y el cliente ultimate pueda acceder a sus servicios con whole
seguridad y garantías”.
82 usuarios han visto esta noticia
” Fuentes www.lavozdetomelloso.com ”
