Luego de la presentación del estudio “Cigarros ilegales y crimen organizado”, de los investigadores del Colegio de México (COLMEX) Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán Vargas, representantes de la sociedad civil señalaron la necesidad de considerar la perspectiva de salud pública en el análisis del tema para impedir que la industria tabacalera infiera interpretaciones falaces que convengan a sus intereses. El documento del COLMEX 
refirió haber consultado la investigación “El comercio ilícito de cigarros” realizado por investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el cual indica que “No hay una asociación directa entre la aplicación de impuestos saludables y el incremento del comercio ilícito. Por el contrario, sugieren que su magnitud y crecimiento podrían explicarse por factores relacionados con: el contexto de seguridad pública, un deficiente control aduanal y un bajo nivel de gobernanza”.
Al respecto Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, dijo “Es preciso que dentro del discurso se considere la perspectiva de la salud pública. El comercio ilícito de tabaco es un desafío para el país, así como lo es la epidemia del tabaquismo. El cigarro es nocivo en cualquiera de sus presentaciones y para enfrentar el problema del tabaquismo se deben seguir las recomendaciones de políticas públicas delineadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, del que México es parte. Si se quiere abordar el comercio ilícito seriamente con una perspectiva multifactorial, México debería firmar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un tratado internacional que apuesta por la cooperación internacional para resolver un problema global. Esta es la
principal recomendación del estudio del INSP, que no parece retomada en la interpretación del estudio del COLMEX.”
No olvidemos que la industria ha pretendido siempre culpar al incremento de impuestos al tabaco como causa desencadenante del comercio ilícito, sin pruebas ni estudios libres de conflicto de interés, apuntó Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Coalición México Salud-Hable, quien recordó que dichos gravámenes fueron aumentados desde finales de 2010 y comenzaron a aplicarse en 2011 y hasta enero de 2020 se actualizaron a la inflación, mas no se aumentaron. Por ello las tabacaleras no pueden culpar al fisco del comercio ilegal de la mortífera sustancia, pues las dos mediciones del INSP en 2017 y 2023 se hicieron cuando no se aumentaron los impuestos, además que las diferencias entre ciudades se explican más por el contexto de seguridad pública y el control aduanal”.
Consultar estudios.
El comercio ilícito de cigarros. Un desafío para el control del tabaco en México.
Cigarros ilegales y crimen organizado.
