Las pesquisas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el ‘cártel de la leche’ siguen lastrando a Ebro Meals más de una década después de la venta de Puleva a Lactalis. El grupo mantiene provisionados cerca de 13 millones de euros, en su mayoría, para afrontar el riesgo “probable” del pago de una sanción multimillonaria que el supervisor impuso a la empresa láctea cuando aún period su filial, en el marco de la investigación de presuntas prácticas anticompetitivas de los gigantes de la industria láctea que el supervisor inició en 2014.
El contrato de compraventa que sellaron en 2010 Ebro Meals y la francesa Lactalis incluyó un régimen de responsabilidad por contingencias futuras por el que la compañía que preside Antonio Hernández Callejas como vendedora podría resultar responsable frente al comprador, de la sanción que eventualmente pudiera imponerse a Puleva Meals, S.L. “por actuaciones acaecidas en el periodo previo a la venta”. Tal es el caso de la investigación de la CNMC contra dos asociaciones y ocho empresas del sector -entre las que figuran otros gigantes como Danone, Pascual o Nestlé– a los que el organismo que dirige Cani Fernández acusa de crear un cártel por el que llegaron a pactar los precios de la leche entre los años 200 y 2013.
“La conducta ilícita consistía en intercambiar información que permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, a los que impedían fijar sus propios precios”, reza el expediente del supervisor. La multa inicial fue histórica. En 2015, Competencia impuso una sanción conjunta de 88 millones -que rebajó a 80,6 en 2019- a las firmas Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Grupo Lactalis Iberia, Schreiber Meals España, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, además de a las cuatro compañías antes citadas.
A la cuantía que exige el regulador podrían sumarse reclamaciones por valor de más de 1.000 millones de euros que los ganaderos afectados por esa política pactada de precios a la baja podrían exigir en caso de que la Audiencia Nacional respalde la multa que impuso Competencia. En concreto, cada uno de estos pequeños productores podrían exigir una compensación equivalente al 10% del valor de la leche que vendieron a dichos distribuidores en esos trece años. En el caso de Puleva, el supervisor exige el pago de 10,27 millones de euros, cantidad que Ebro Meals mantiene en la guantera más de diez años después de desprenderse de su filial láctea.
Ebro Meals cerró la venta de Puleva al grupo francés en marzo de 2010 por 630 millones de euros. Entonces, Lactalis ya period consciente del conflicto derivado de las presuntas prácticas anticompetitivas. Hasta ahora, la postura de la compañía gala ha sido prudente, a la espera de que los tribunales decidan. Actualmente, el caso está en manos de la Audiencia Nacional (AN) que, en junio de 2020, decidió suspender la obligación de Puleva -y de la mayoría de las firmas afectadas- de abonar los 10,3 millones que exige la CNMC. El tribunal argumentó que el impacto económico de hacer frente a la sanción sería catastrófico para la empresa láctea.
Ebro Meals mantiene una provisión de 2,5 millones por el riesgo contencioso derivado de una inspección fiscal contra Puleva aún pendiente de resolución
La propia Puleva indicó que la multa equivaldría al 48% de los beneficios de 2018 y al 15% de sus recursos propios. La antigua filial de Ebro Meals tuvo que presentar un aval bancario como contraprestación a la sanción que quedó en el aire. A día de hoy la Audiencia está revisando un caso que, de saldarse con la ratificación de la multa que pide el supervisor, generaría un agujero en las cuentas de la industria láctea nacional cuyas consecuencias están aún por determinar. Las empresas afectadas no descartan este pésimo escenario. Muestra de ello es el recordatorio en las cuentas anuales que Ebro Meals publicó este martes: “Se estima necesario continuar manteniendo la provisión registrada para este contencioso”.
Esta contingencia no es la única con la que la pasada vinculación con Puleva lastra a Ebro Meals años después de excluir a la empresa láctea de su cartera de activos. La compañía pilotada por Antonio Hernández Callejas registró una provisión de 2,5 millones de euros en 2016 para cubrir el riesgo contencioso de las actas fiscales firmadas a lo largo de dicho ejercicio y derivadas de la inspección fiscal de las cuentas del Grupo Puleva referentes a los años en los que la compañía aún pertenecía a Ebro. La resolución de las pesquisas del fisco sigue pendiente.
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