Lo del Portal de Transparencia, impulsado en su día por la vicepresidenta Saénz de Santamaría cuando la presión brutal del entonces incipiente “Podemos”, es un camelo. Recordará el lector que por el 2014, al socaire de corrupciones varias, las mesnadas podemitas querían saber hasta si el último concejal del último pueblo de España tenía alguna muela careada. Prometieron que con ellos se clausurarían los reservados en los restaurantes, todo el gasto con dinero público sería conocido hasta el último euro y que en este viejo y decepcionado país todo dios conocería lo que ganaba el vecino, sobre todo, si el sueldo provenía de los impuestos.
Pues bien, llegaron al poder y todo se convirtió desde el primer momento en “secreto de Estado”. Por no conocer, ignoramos hasta los vuelos para actividades partidarias y, aún privadas, de los señores ministros que, hay que entenderlos, ven como su jefe no se baja del Superpuma y ya se está subiendo en el Falcon y quieren imitar al presidente. Sencillamente, lo del Portal de Transparencia es un cachondeo. Perpetuo. Porque informa tarde y mal y cuando no tienen más remedio que colgar aún dato por la presión política y mediática se burlan -se descojonan más bien- del que pregunta. El ejercicio lo practican justamente aquellos que antes de pisar moqueta y viajar en los aviones de la Fuerza Aérea por cuenta del contribuyente llevaban capa de “torquemaditas”, fusilando al amanecer cuando el céntimo no cuadraba. Nada que objetar a sus denuncias de entonces y todo que oponer a sus comportamientos de ahora.
Como prueba fehaciente y contable de lo que se afirma en este put up es la comunicación gubernamental -obligada y con mucha tardanza- a propósito de una pregunta obligada realizada por la oposición sobre el gasto de dinero público malversado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su fin de semana de visita al Papa y los festines romanos durante dicho “weekend” con media docena de asesores exultantes con el regalo de la jefa.
Resulta evidente que el “retorno” de aquel glorioso fin de semana de la señora Díaz y su escandaloso séquito ha sido, meses después, igual a nada. Pues bien, Falcon, coches oficiales, hoteles, desayunos, comidas y cenas para siete personas, resulta que tan sólo supuso un gravamen para el contribuyente de 240 euros, según la comunicación del propio Gobierno.
Oigan, císquense en nuestros impuestos, que es lo que hacen habitualmente; pero, que acto seguido se rían de un pueblo que a duras penas puede sobrevivir, no. A partir de ahí, nada tiene de extraño que la capacidad de pitorreo de los españoles (lo único que cotiza en el mercado) haya concluido que “la Yoli” debe dimitir “magnis itineribus”. Su futuro está más asegurado en montar una agencia de viajes. Para ello, se necesita, en cualquier caso, un mínimo de determinación, trabajo y talento.
” Fuentes okdiario.com ”
