En un debate que duró cerca de cuatro horas, en la noche de este martes, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 789, que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística.
Fueron 44 votos a favor y 5 en contra, con una beligerante bancada independiente que dejó en evidencia que el proyecto se discutía sin contar con un estudio económico que validara el alcance para la industria turística y su efecto en las finanzas públicas, más allá de las ventajas que tendrán los promotores e inversionista que pongan el dinero para financiar un proyecto turístico en el inside del país, a través de la compra de bonos o acciones que emite el desarrollador.
Con la norma se pretende derogar la Ley 122 de 2019, cuestionada por conceder un crédito fiscal por el 100% por las sumas invertidas en bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas para el desarrollo de proyectos fuera del distrito de Panamá.
El cambio más trascendental del proyecto 789, de acuerdo con sus defensores, es que scale back el crédito fiscal a un 60% del valor del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la inversión en infraestructura del plan maestro) y a un 5% de la infraestructura.
Pero el diputado independiente Gabriel Silva fue el primero en exigir un estudio económico y fiscal con el cual pudieran cuantificar los efectos del proyecto de ley. Sin embargo, Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo no contar con tal información.
En el pleno legislativo, Arboleda indicó que en el MEF creen en el turismo y reconocen que es un área económica que puede generar crecimiento económico fuera de la ciudad de Panamá, pero “no podemos entregar un estudio fiscal y económico porque el proyecto de ley no es del MEF”.
” Fuentes www.radiopanama.com.pa ”
