Para comenzar, y a efecto de ser prácticos, quisiera citar lo que a la letra dice el artículo 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal: 
Artículo 49. Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos marítimos, aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente contratados.
Como se puede apreciar, el citado artículo de la Ley Federal, no solo faculta y autoriza, a los permisionarios para operar con libertad en muelles y aeropuertos, sino que de ninguna forma alguna dice o expresa, “excepto en las islas”, y mucho menos, excepto en Cozumel, por lo que no podemos aceptar la postura de los señores taxistas y de quienes los
defienden, en el sentido de que, con las placas federales, no podemos operar en Cozumel.
De la misma manera es inaceptable que, con placas federales, no nos sea posible efectuar transportación terrestre de los hoteles al aeropuerto en los Municipios del Estado como Solidaridad y Benito Juárez, para mayor contundencia Riviera Maya y Cancún como afirman algunos indocumentados.
Nosotros entendemos muy bien, que los señores taxistas y sus familias, ambicionen tener una parte del negocio turístico y con ello poder llevar mayores y mejores beneficios a casa, pero al mismo tiempo, consideramos que es una responsabilidad irrenunciable del gobierno, generar los escenarios y esquemas que les permitan ser más
competitivos y poder participar del negocio turístico.
Nosotros en AMATUR, representantes de los principales mayoristas del mundo y de los más importantes proveedores de transportación turística, siempre hemos pugnado y proclamado por el libre derecho de turistas y ciudadanos para elegir el tipo de transportación que más convenga a sus intereses; en esa libertad para elegir se encuentra un taxi, un UBER, una limousina o una unidad de lujo con placas federales como las que utilizan nuestros representados y es en ese sentido, que solicitamos respetuosamente a nuestras autoridades para que por una parte se respete la ley y por otra se
privilegie este escenario de libertad, sin favorecer a grupos específicos, que como los sindicatos, en el uso de estrategias de presión pretendan torcer la ley a su favor, aunque pudiera ser por desconocimiento de la misma.
Nos manifestamos absolutamente en contra de las amenazas, y de los bloqueos a las vías generales de comunicación y específicamente los aeropuertos del Estado, toda vez que además de significar un delito grave, representan una seria amenaza contra el turismo. Amenazar a los turistas con perder sus vuelos, ante la inminencia de bloqueos, es algo que atenta contra la imagen de nuestros destinos turísticos, que nos pone en riesgo frente a la
durísima competencia que enfrentamos con otros destinos del Caribe y del mundo, y resulta además en una afrenta contra el Gobierno, las instituciones del Estado y por supuesto los ciudadanos.
En tales circunstancias, hemos solicitado a nuestra querida Gobernadora, respetuosamente lo siguiente:
– Que se establezcan las bases para que los operadores turísticos con placas federales puedan trabajar libremente en Cozumel, sin la amenaza de ser agredidos o bloqueados por los señores taxistas y que se respete el Estado de Derecho.
– Que los operadores y permisionarios federales, puedan operar en todo el Estado, sin ser amenazados ni por taxistas, ni por autoridades intimidadas por el gremio taxista.
– Que se tomen acciones para evitar los bloqueos a las vías generales de comunicación, ya que además de ser un delito, obstaculizan la vida cotidiana de ciudadanos y finalmente atentan contra nuestra principal y eventualmente única actividad económica.
Finalmente, estamos ante una realidad de disminución en la llegada de turistas a nuestros aeropuertos derivada de aspectos externos, como es la crisis de líneas aéreas, los casos de la compañía Boeing, entre otros, y de factores
políticos y macro económicos; sin embargo, si no cuidamos los factores internos como la inseguridad y la violencia de taxistas, entre otros, corremos el riesgo de descender en nuestros niveles de ocupación y de derrama económica.
No queremos “Mesas de Diálogo o de Trabajo” … simplemente queremos que se haga valer la Ley y que se eliminen las barreras y obstáculos que inhiben a la competitividad de nuestros destinos turísticos.
