Túnez, 21 jul. La organización Amnistía Internacional (AI) alertó hoy del preocupante retroceso de los derecho humanos en Túnez, desde que el presidente Kais Mentioned se arrogara plenos poderes el pasado 25 de julio, para cuyo aniversario ha convocado un referéndum constitucional.
“Al gobernar por decreto, sin management ni supervisión, el presidente ha socavado varios avances clave en materia de derechos humanos que había logrado el país en los diez años posteriores a la revolución de 2011″, denunció la directora regional de AI para Oriente Medio y Norte de África, Heba Morayef.
En un informe de recopilación, AI apunta a que las autoridades tunecinas, “si bien no implementan una represión a gran escala, están atacando a críticos de alto perfil y enemigos percibidos por el presidente”.
AI documentó 50 prohibiciones de viaje impuestas arbitrariamente a jueces, funcionarios públicos, empresarios y diputados, un mes después de que el presidente se arrogara plenos poderes, y desde junio, otras tres prohibiciones de viaje arbitrarias a al menos tres diputados del disuelto Parlamento.
Los juicios de civiles ante tribunales militares también aumentaron significativamente y han involucrado al menos a 12 personas, añadió AI y remarcó una escalada el pasado mes de diciembre con los arrestos, sin cargos ni acceso a abogados, de un exministro de Justicia y un exjefe de seguridad.
AI adviertió también de que el texto constitucional que se votará en referendo el próximo 25 de julio, coincidiendo con el aniversario del estado de excepción, “fortalecerá aún más sus poderes y amenazará aún más los derechos humanos”.
Con un proceso de redacción “turbio y apresurado”, la constitución, de aprobarse, otorgará al presidente el derecho a declarar un estado de emergencia por tiempo indefinido y le permitirá gobernar “sin frenos ni contrapesos”, valoró AI.
El informe de AI recopila medidas como el decreto 2021-117 que le otorga al presidente poder exclusivo para adoptar nuevas leyes y por el que ha emitido decretos-leyes este año que le confieren la facultad de nombrar magistrados y destituirlos.
El pasado 1 de junio, Said destituyó a 57 jueces por cargos que incluían desde obstrucción de investigaciones relacionadas con el terrorismo, corrupción financiera, “corrupción ethical” y adulterio.
La ONG pidió a las autoridades “revertir” con “urgencia la situación” y señaló al presidente por el “desmantelamiento progresivo de las garantías de los derechos humanos”. EFE
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” Fuentes www.infobae.com ”
