El tabaquismo sigue siendo la primera causa de mortalidad prevenible en el mundo y factor de riesgo de enfermedades no trasmisibles, una pandemia que afecta de forma desproporcionada a la población más pobre y vulnerable en el mundo. En México, el tabaco es responsable del fallecimiento prematuro de más de 63 mil personas al año y costos de atención médica del orden de 116 mil millones de pesos anuales.
Para la Dra. María Fernanda Cobo Armijo, Coordinadora del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 4º de la Constitución, obliga al Estado mexicano no sólo a atender enfermedades, sino a implementar políticas públicas efectivas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y nicotina.
A propósito del Día Mundial sin Tabaco, explicó que, desde 2004, México forma parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, tratado internacional que impone obligaciones concretas al Estado para disminuir el tabaquismo.
“Al Estado mexicano le toca proteger la salud de todas las personas, pero también respetar y hacer cumplir la ley”, detalló.
Entre las medidas impulsadas a partir de ese tratado destacan:
· Los impuestos especiales al tabaco
· La creación de espacios 100% libres de humo
· Las restricciones a la publicidad y patrocinio de cigarros
· El fortalecimiento de advertencias sanitarias en cajetillas
· La obligación de financiar programas para abandonar el consumo
La Dra. Cobo Armijo destacó que las medidas regulatorias más efectivas son aquellas que elevan significativamente el precio de los cigarros mediante impuestos.
“La evidencia nos dice que las medidas más disuasorias son el aumento al precio a través de impuestos”, señaló.
La académica citó estudios publicados en la Revista Panamericana de Salud Pública que estiman que triplicar el IEPS específico al cigarro podría elevar hasta 44% el precio de las cajetillas, provocar que 1.5 millones de personas dejen de fumar y evitar alrededor de 630 mil muertes prematuras asociadas al tabaquismo.
Además, dijo, esto generaría ahorros millonarios para el sistema de salud mexicano.
Sin embargo, advirtió que México se ha rezagado en otras regulaciones internacionales, particularmente en el llamado “empaquetado neutro”, que ya está implementado en países como Australia, Francia, Reino Unido y Uruguay.
Esta medida elimina colores, logotipos y elementos distintivos de las marcas en cajetillas, dejando únicamente advertencias sanitarias en empaques blancos y negros.
“La Organización Mundial de la Salud ha mostrado que el etiquetado neutro rompe la afinidad de las personas con las marcas y disminuye el atractivo del producto”, explicó.
La académica señaló que, aunque México fue pionero regional al firmar tempranamente el Convenio Marco, actualmente ocupa posiciones rezagadas en materia de etiquetado y empaquetado.
Respecto al equilibrio entre libertad individual y salud pública, sostuvo que existe un “falso debate” cuando se trata del consumo de tabaco entre niñas, niños y adolescentes.
“El 80% de quienes fuman empezó siendo menor de edad. Hablar de una decisión completamente libre en estas condiciones es problemático”, indicó.
Añadió que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede colocarse por encima del derecho de terceros a no exponerse al humo de tabaco ni sobre el interés superior de la niñez, principio protegido constitucionalmente.
“Estamos hablando de sustancias altamente adictivas y dañinas. La salud pública implica pensar en la protección de toda la población y no solamente en decisiones individuales”, dijo.
El desafío de la reforma constitucional que prohíbe vapeadores y cigarrilos electrónicos
Sobre la reforma constitucional aprobada en enero de 2025 que prohíbe vapeadores y cigarrillos electrónicos, consideró que presenta problemas de técnica legislativa y podría dificultar ajustes futuros en política sanitaria.
“Meter vapeadores en el texto constitucional hace muy difícil adaptar la regulación si la evidencia científica cambia”, advirtió.
La académica explicó que la prohibición constitucional impide responder con rapidez a nuevas tecnologías o modelos regulatorios y puede favorecer el mercado negro, especialmente si no se acompaña de supervisión efectiva.
En ese sentido, subrayó que el principal desafío de México ya no es únicamente legislar, sino garantizar capacidad institucional para hacer cumplir la regulación sanitaria.
“No hay que confundir contundencia política con efectividad sanitaria”, afirmó.
Para ello, sostuvo, es indispensable fortalecer a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aumentar recursos para inspección y vigilancia, mejorar la coordinación con estados y consolidar mecanismos de denuncia ciudadana.
“Sólo vamos a tener una verdadera política sanitaria efectiva si fortalecemos a las agencias encargadas de implementar y vigilar la ley”, concluyó.
