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Elena E. hered\u00f3 el a\u00f1o pasado un apartamento de 63 metros cuadrados en Playa del Ingl\u00e9s (sur de Gran Canaria)<\/a>. Decidi\u00f3 sacarle rentabilidad y ponerlo en alquiler ella misma. No tard\u00f3 en toparse con la intrincada legislaci\u00f3n auton\u00f3mica: est\u00e1 prohibido tanto residir en una zona tur\u00edstica como que un particular alquile su apartamento por su cuenta. Tanto el de Elena E. como el del resto de nombres de afectados que aparecen en este reportaje son ficticios; tambi\u00e9n se han ocultado los de los complejos tur\u00edsticos, dado que la Administraci\u00f3n considera una atenuante que los casos no aparezcan en prensa.<\/p>\n \u201cPresent\u00e9 declaraci\u00f3n responsable en el Patronato de Turismo del Cabildo y me di de alta en el IGIC [el impuesto regional que sustituye al IVA] en la Hacienda de Canarias<\/a>\u201d, relata Elena E. por tel\u00e9fono, \u201cQuer\u00eda hacerlo de forma legal, y pagar todos los impuestos\u201d. Al mes, sin embargo, la corporaci\u00f3n insular le inco\u00f3 un expediente. \u201cMe explicaron que la comercializaci\u00f3n ha de llevarse a cabo a trav\u00e9s de una empresa explotadora\u201d. Para hacerlo, esta sociedad ha de tener el 50% m\u00e1s uno de toda la propiedad. \u201cQuit\u00e9 el anuncio y mi expediente qued\u00f3 archivado\u201d.<\/p>\n La cosa no qued\u00f3 ah\u00ed: una posterior inspecci\u00f3n del Cabildo al inmueble en abril de 2022 deriv\u00f3 en un expediente contra la propia comunidad de propietarios, dado que algunos apartamentos estaban habitados, y otros se alquilaban por su cuenta. El resultado, una sanci\u00f3n de 9.000 euros por incumplimiento grave. El del complejo de Elena E. no es el \u00fanico caso. Durante esta legislatura, la Administraci\u00f3n ha tramitado seis multas que van desde los 2.200 a los 9.000 euros. La Plataforma de Afectados por la Ley Tur\u00edstica asegura tener detectadas hasta 70.000 familias potencialmente afectadas. Fuentes del Ejecutivo (actualmente gobernado por PSOE, junto a Unidas Podemos, Nueva Canarias y Agrupaci\u00f3n Socialista Gomera) rehusaron comentar la situaci\u00f3n.<\/p>\n En 2013, el Gobierno de Canarias, entonces en manos de Coalici\u00f3n Canaria, aprob\u00f3 la Ley de Renovaci\u00f3n y Modernizaci\u00f3n Tur\u00edstica de Canarias. En ella, se obligaba a los propietarios a destinarlos al alquiler tur\u00edstico, lo que les impide residir en ellos. En 2017, otra norma a\u00f1adi\u00f3 una salvedad para quienes pudiesen demostrar que ya resid\u00edan ah\u00ed desde antes de ese a\u00f1o. Adem\u00e1s, se estableci\u00f3 el requisito de contar con la misma empresa explotadora durante, al menos, diez a\u00f1os (o constituirse la propia comunidad en empresa).<\/p>\n Esta legislaci\u00f3n persigue, sobre todo, evitar la llamada residencializaci\u00f3n. <\/i>Es decir, que se conviertan en ciudades las zonas donde turistas se alojan por cortos espacios de tiempo. Son usuarios con necesidades y apetencias diferenciadas (y, en algunos casos, incompatibles): los turistas exigen fundamentalmente ocio; los residentes reclaman equipamientos e infraestructuras. As\u00ed, seg\u00fan el Gobierno de Canarias, la residencializaci\u00f3n es la principal culpable de que las plazas extrahoteleras (las que no est\u00e1n en hoteles) hayan pasado de 172.110 en 2015<\/a> a 98.042 en 2020<\/a>. El catedr\u00e1tico de Econom\u00eda Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Le\u00f3n, sostiene que este es un fen\u00f3meno que provocan las crisis tur\u00edsticas, lo que empuja a los propietarios a vender las unidades alojativas a posibles residentes. \u201cConstituye una forma f\u00e1cil de obtener una rentabilidad a corto plazo\u201d.<\/p>\n Para combatirlo, los hoteleros plantean el principio de unidad de explotaci\u00f3n<\/i>: es decir, que no convivan residentes y visitantes en un mismo inmueble. \u201cLas necesidades y horarios de ambos usos a menudo se contraponen y se estorban\u201d, explica la Federaci\u00f3n de Empresarios de Hosteler\u00eda y Turismo (FEHT). \u201cAdem\u00e1s, las obligaciones legales y de mantenimiento para un establecimiento tur\u00edstico son muy superiores, lo que a menudo supone una carga que los residentes no est\u00e1n dispuestos a soportar\u201d. Seg\u00fan la Universidad de La Laguna, el 30% de la poblaci\u00f3n empadronada <\/a>en San Bartolom\u00e9 de Tirajana \u2014donde est\u00e1n Maspalomas o la propia Playa del Ingl\u00e9s\u2014, as\u00ed como el 54% en Arona (en Tenerife, municipio que alberga a Playa de Las Am\u00e9ricas o Los Cristianos) residen en las zonas tur\u00edsticas.<\/p>\n La vivienda constituye un problema en Canarias, una regi\u00f3n que presenta la segunda tasa m\u00e1s alta de poblaci\u00f3n en riesgo de exclusi\u00f3n (36,2%, seg\u00fan el \u00edndice Arope). La regi\u00f3n <\/a>registr\u00f3 en 2022 el segundo mayor encarecimiento en el precio de la venta<\/a> \u2014datos del Instituto Nacional de Estad\u00edstica\u2014 y el tercero mayor del precio del alquiler<\/a> \u2014seg\u00fan Idealista\u2014. San Bartolom\u00e9 de Tirajana, en concreto, es el 22\u00ba municipio de toda Espa\u00f1a con m\u00e1s demanda de alquiler, seg\u00fan los datos del portal inmobiliario. En Playa del Ingl\u00e9s, la situaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s grave, con la presi\u00f3n por encontrar alojamiento de los trabajadores en la industria tur\u00edstica.<\/p>\n Los intereses de la industria \u2014de la cual depende el 33% del PIB canario<\/a>\u2014 chocan, sin embargo, con los de buena parte de la poblaci\u00f3n de las islas. Sobre todo en Gran Canaria, en la que se dio la participaci\u00f3n de muchos peque\u00f1os inversores particulares, que en los sesenta y setenta pusieron en promociones urban\u00edsticas parte de los ahorros ganados en la agricultura.<\/p>\n Estas peque\u00f1as inversiones minoristas constituyen el principal motivo por el cual en la isla ha habido tradicionalmente m\u00e1s oferta de apartamentos que de hoteles (al contrario, por ejemplo, de la vecina Tenerife). \u201cEn los sesenta, una hermana de mi padre compr\u00f3 cuatro apartamentos en el sur\u201d, rememora Elena E. \u201cPrimero los disfrut\u00f3, y luego los explot\u00f3\u201d. Su caso ejemplifica la situaci\u00f3n de buena parte de los perjudicados. \u201cEl derecho a la propiedad privada es inherente al derecho a su uso\u201d, manifiesta la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Tur\u00edstica, Maribe Betancor, quien califica la normativa de \u201cinconstitucional\u201d. La organizaci\u00f3n ha presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) ante el Parlamento para que se modifique esta ley, y tambi\u00e9n ha acudido a los tribunales. \u201cHa de entenderse que los propietarios adquirieron un inmueble, s\u00ed, pero con la calificaci\u00f3n de apartamento tur\u00edstico\u201d, matiza por su parte Javier Rodr\u00edguez-Batllori, socio del bufete San Telmo Abogados y Economistas<\/a>, \u201cy nuestra legislaci\u00f3n no contempla una compatibilidad del uso tur\u00edstico y residencial (a excepci\u00f3n de ciertas zonas)\u201d.<\/p>\n El Defensor del Pueblo<\/a>, en cambio, dio la raz\u00f3n a los afectados en una contundente recomendaci\u00f3n en 2019. En su dictamen, Francisco Fern\u00e1ndez Marug\u00e1n admite que \u201ces jur\u00eddicamente admisible\u201d <\/a>que haya un suelo especializado tur\u00edstico donde no est\u00e9 permitido el uso residencial. Sin embargo, sostiene que este \u201ca d\u00eda de hoy no existe en Canarias, al haberse anulado por sentencia de 18 de mayo de 2018 del TSJ de Canarias\u201d. Y va m\u00e1s all\u00e1. En su opini\u00f3n, recalca a su vez que la \u201cimposici\u00f3n de la unidad de explotaci\u00f3n es otra limitaci\u00f3n al derecho de propiedad, y adem\u00e1s a la libertad de empresa\u201d. Desde su recomendaci\u00f3n, sin embargo, todo sigue igual.<\/p>\n La obligaci\u00f3n de tener que recurrir a un comercializador tambi\u00e9n solivianta a los propietarios. \u201c\u00bfMe vas a decir que no solo no puedo disfrutar de mi apartamento cuando quiera, sino que, adem\u00e1s, se lo tengo que ceder a una empresa por la cara y por dos duros?\u201d, asegura Andr\u00e9s A., propietario de un inmueble en la playa de San Agust\u00edn (Gran Canaria). Este es otro problema del que se quejan Elena E. y Betancor (y muchos otros propietarios): las abusivas condiciones. \u201cEl precio lo pone el explotador y casi siempre son cantidades rid\u00edculas\u201d, se queja la primera. Su apartamento lo comercializ\u00f3 una empresa hasta noviembre del 2016. Le abonaba, asegura, apenas 300 euros mensuales (\u201cy eso cuando pagaba\u201d). El mes escaso que lo alquil\u00f3 por su cuenta ingres\u00f3 una cantidad muy superior.<\/p>\n El precio medio de compra por metro cuadrado asciende a 4.182 euros<\/a>, seg\u00fan Idealista, lo que eleva el valor del apartamento de Elena E. hasta 263.466 euros. Con la retribuci\u00f3n de la empresa explotadora, tardar\u00eda 73 a\u00f1os solo en recuperar la inversi\u00f3n. O m\u00e1s tiempo: \u201cAdem\u00e1s, es el propietario el que debe mantener todo en condiciones; afrontar las derramas, pagar el IBI, la basura o la comunidad. Sufrimos una inseguridad jur\u00eddica brutal ante los abusos del explorador\u201d. \u201cEstas empresas son como una mafia de la que no te puedes salir\u201d, recalca Andr\u00e9s A. \u201cEsto es una expropiaci\u00f3n encubierta\u201d, completa Betancor, y acusa a la consejer\u00eda: \u201cTiene un objetivo trazado, que es favorecer al lobby<\/i> hotelero\u201d.<\/p>\n Sigue toda la informaci\u00f3n de <\/i>Econom\u00eda <\/b><\/i>y <\/i>Negocios<\/b><\/i> en <\/i>Facebook<\/i><\/a> y Twitter<\/i><\/a>, o en nuestra newsletter semanal<\/i><\/a><\/p>\n Las citas econ\u00f3micas m\u00e1s importantes del d\u00eda, con las claves y el contexto para entender su alcance.<\/p>\n REC\u00cdBELO EN TU CORREO<\/a><\/div>\n<\/section>\n<\/div>\nDerecho a la propiedad privada<\/h3>\n
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