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La decisi\u00f3n del secretario de Estado de Comunicaci\u00f3n, Francesc Vall\u00e8s<\/strong>, de excluir a ABC <\/a>del grupo de medios que acompa\u00f1an al presidente del Gobierno, Pedro S\u00e1nchez<\/strong>, en sus viajes oficiales puede ser constitutiva de delito. As\u00ed lo aseguran penalistas consultados por este peri\u00f3dico, que recuerdan que el derecho a la informaci\u00f3n es un derecho elementary <\/strong>protegido por la Constituci\u00f3n y que este veto atenta directamente contra el derecho del medio a informar y el derecho del ciudadano a ser informado. Coinciden los juristas en que se trata de una decisi\u00f3n \u00abarbitraria\u00bb y \u00abcaprichosa\u00bb<\/strong> que podr\u00eda incluso ser llevada a los tribunales por la v\u00eda penal. <\/p>\n Para el catedr\u00e1tico y abogado Luis Rodr\u00edguez Ramos se trata de \u00abuna resoluci\u00f3n administrativa verbal o, en cualquier caso, una resoluci\u00f3n que puede ser recurrida <\/strong>en procedimiento administrativo\u00bb. Es, adem\u00e1s, cube, una resoluci\u00f3n \u00abarbitraria\u00bb, tanto en el fondo como en la forma: en el fondo porque \u00ablos poderes p\u00fablicos no pueden restringir<\/strong> la informaci\u00f3n conculcando el derecho elementary a la misma\u00bb, y en la forma, porque se trata de un emisor de la resoluci\u00f3n sin competencia para su dictado que omite \u00abel seguimiento del procedimiento administrativo\u00bb.<\/p>\n En su opini\u00f3n, si es doctrina jurisprudencial asentada que la prevaricaci\u00f3n del art\u00edculo 404 del C\u00f3digo Penal se puede cometer por omisi\u00f3n, es decir, por no dictar una resoluci\u00f3n que el \u00f3rgano administrativo ten\u00eda el deber de dictar, con mayor raz\u00f3n habr\u00e1 que admitir la prevaricaci\u00f3n <\/a>por dictar una resoluci\u00f3n verbal arbitraria, cuando adem\u00e1s se ha omitido el procedimiento administrativo de incoar un expediente y resolverlo por escrito. \u00abSi la Sala Segunda del Tribunal Supremo admite que puede cometer delito un alcalde que no convoca un pleno porque no le gusta lo que all\u00ed se va a aprobar, \u00bfc\u00f3mo no va a ser delito una decisi\u00f3n arbitraria que, aunque sea verbal, existe?\u00bb, se pregunta el letrado. <\/p>\n Para Rodr\u00edguez Ramos, en concurso con ese delito de prevaricaci\u00f3n se comete tambi\u00e9n el delito de lesi\u00f3n del derecho elementary a la informaci\u00f3n: el art\u00edculo 542 del C\u00f3digo Penal. Este precepto castiga con la pena de inhabilitaci\u00f3n especial<\/strong> para empleo o cargo p\u00fablico por tiempo de uno a cuatro a\u00f1os a la autoridad o funcionario p\u00fablico que \u00aba sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos c\u00edvicos reconocidos por la Constituci\u00f3n y las leyes\u00bb. <\/p>\n Recuerda el penalista que una decisi\u00f3n que tiene una repercusi\u00f3n tan directa sobre el derecho a la informaci\u00f3n no puede estar en manos de un secretario de Estado<\/strong> y que deber\u00eda ser adoptada, en su caso, por el Consejo de Ministros. En este sentido aprecia una \u00abincompetencia manifiesta\u00bb por parte de Francesc Vall\u00e8s. <\/p>\n Prevaricaci\u00f3n (404 CP)<\/p>\n\u00abLa autoridad o funcionario p\u00fablico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci\u00f3n arbitraria en un asunto administrativo se le castigar\u00e1 con la pena de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince a\u00f1os\u00bb.<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n