\n<\/p>\n
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos y cubanas salieron a las calles en las manifestaciones m\u00e1s multitudinarias contra el gobierno a nivel nacional desde la revoluci\u00f3n de 1959. Estas protestas, mayoritariamente pac\u00edficas, fueron una reacci\u00f3n ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla desde hace d\u00e9cadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Numerosos manifestantes gritaron \u201c\u00a1libertad!\u201d o \u201cpatria y vida\u201d, en referencia a una canci\u00f3n que reformula el viejo eslogan del r\u00e9gimen, \u201cpatria o muerte\u201d, y critica la represi\u00f3n en el pa\u00eds. <\/span><\/p>\n El gobierno respondi\u00f3 a las protestas con censura y represi\u00f3n brutal y sistem\u00e1tica.<\/span><\/p>\n Poco despu\u00e9s del inicio de las manifestaciones, el presidente Miguel D\u00edaz-Canel inst\u00f3 a simpatizantes del gobierno y a las fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. \u201cConvocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revoluci\u00f3n\u201d, manifest\u00f3. \u201cLa orden de combate est\u00e1 dada\u201d<\/span>. <\/span><\/p>\n Un manifestante \u2014el cantante Diubis Laurencio Tejeda, de 36 a\u00f1os\u2014 muri\u00f3, al parecer como resultado del accionar de la polic\u00eda<\/span>. Organizaciones cubanas de derechos humanos han se\u00f1alado que m\u00e1s de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo m\u00e1s de 700 que contin\u00faan privadas de la libertad<\/span>. Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias contra m\u00e1s de 380 manifestantes y transe\u00fantes, incluyendo varios ni\u00f1os y ni\u00f1as.<\/span>. M\u00faltiples organizaciones especializadas indicaron que el 11 de julio hubo interrupciones del servicio de internet en todo el pa\u00eds, seguidas por conectividad intermitente, incluyendo restricciones a las redes sociales y plataformas de mensajer\u00eda<\/span>.<\/span><\/p>\n Este informe documenta un gran n\u00famero de violaciones de derechos humanos contra cr\u00edticos conocidos y ciudadanos comunes, que incluyen intimidaciones, detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos, golpizas y otros casos de maltrato que, en algunas instancias, constituyen tortura. <\/span><\/p>\n Human Rights Watch comprob\u00f3 que las violaciones de derechos en el contexto de las protestas en Cuba siguen patrones que sugieren claramente la existencia de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hacen y generar temor para evitar nuevas manifestaciones multitudinarias contra el r\u00e9gimen. Este hallazgo es el resultado de m\u00e1s de 155 casos documentados en detalle a lo largo de un a\u00f1o de investigaci<\/span>\u00f3n<\/span> sobre la represi\u00f3n de las protestas de julio de 2021, incluyendo los 14 casos descritos en este informe<\/span>.<\/span><\/p>\n En total, Human Rights Watch entrevist\u00f3 a m\u00e1s de 170 personas ubicadas en Cuba. Los entrevistados incluyeron v\u00edctimas de abusos y sus familiares y abogados, as<\/span>\u00ed como <\/span>defensores de derechos humanos y periodistas. Siempre que fue posible, Human Rights Watch consult\u00f3 documentos judiciales, art\u00edculos de prensa y publicaciones de organizaciones cubanas de derechos humanos. Tambi\u00e9n verificamos fotograf\u00edas y videos enviados directamente a los investigadores de Human Rights Watch o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo<\/em> Independiente de Expertos Forenses<\/em> (Independent Forensic Expert Group, IFEG<\/em>)\u00a0del Consejo Internacional para la Rehabilitaci\u00f3n de las V\u00edctimas de Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), una organizaci\u00f3n internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dict\u00e1menes periciales sobre algunas evidencias.<\/span><\/p>\n Los funcionarios implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, conocidos en Cuba como \u201cseguridad del Estado\u201d; las fuerzas militares; la Polic\u00eda Nacional; y una brigada especial del Ministerio del Interior conocida como \u201cboinas negras\u201d. Las \u201cbrigadas de respuesta r\u00e1pida\u201d, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicadas en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba carecen de independencia respecto al gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en los mismos.<\/span><\/p>\n Comprobamos que los funcionarios detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pac\u00edfica y arrestaron a cr\u00edticos cuando se dirig\u00edan a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante d\u00edas o incluso semanas.<\/span><\/p>\n En la mayor\u00eda de los casos documentados por Human Rights Watch, las autoridades mantuvieron a los detenidos incomunicados durante d\u00edas, semanas o incluso meses, sin poder realizar llamadas telef\u00f3nicas o recibir visitas de sus familiares o abogados. <\/span><\/p>\n La mayor\u00eda de las personas detenidas manifestaron que las mantuvieron en celdas atestadas e insalubres, con acceso limitado o nulo a alimentos, medicamentos, agua limpia o protecci\u00f3n para evitar el contagio de Covid-19. Muchas se\u00f1alaron que fueron sometidas a interrogatorios reiterados y abusivos en los que les preguntaban con insistencia sobre temas no relacionados con los delitos que supuestamente hab\u00edan cometido; por ejemplo, sobre sus familias o trabajos. Algunas afirmaron que, en ocasiones, fueron amenazadas con procesos penales si se negaban a responder preguntas sobre la organizaci\u00f3n de las protestas. Algunas de las personas fueron golpeadas, forzadas a hacer sentadillas desnudas o sometidas a maltratos, incluyendo privaci\u00f3n del sue\u00f1o y otros abusos que, en algunos casos, constituyen torturas. <\/span><\/p>\n Decenas de detenidos fueron procesados en \u201cjuicios sumarios\u201d previstos en el derecho cubano. Estos manifestantes fueron juzgados en grupo, a menudo sin representaci\u00f3n legal, en audiencias a puertas cerradas, donde los fiscales los acusaron de delitos vagos e imprecisos como \u201cdesorden p\u00fablico\u201d y \u201cdesacato\u201d, principalmente en base a testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.<\/span><\/p>\n Decenas m\u00e1s fueron procesados por medio de \u201cjuicios ordinarios\u201d y condenados a largas penas de prisi\u00f3n. Muchos de los juicios tuvieron lugar en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. Muchas personas fueron procesadas por \u201csedici\u00f3n\u201d y condenadas a penas de prisi\u00f3n desproporcionadas de hasta 25 a\u00f1os por su supuesta participaci\u00f3n en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.<\/span><\/p>\n La fiscal\u00eda present\u00f3 como conductas delictivas acciones que constituyen un ejercicio leg\u00edtimo de la libertad de expresi\u00f3n y asociaci\u00f3n, tales como protestar pac\u00edficamente, proferir insultos contra el presidente o la polic\u00eda o cantar \u201cPatria y vida\u201d. Adem\u00e1s, los fiscales utilizaron pruebas poco confiables y sin corroborar, tales como declaraciones tomadas \u00fanicamente a miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas \u201chuellas de olor\u201d de los acusados, y los tribunales emitieron condenas en base a estas cuestionables evidencias.<\/span><\/p>\n Familiares de los detenidos, manifestantes y activistas se\u00f1alaron que polic\u00edas y agentes de la seguridad del Estado los acosaron e intimidaron repetidamente; algunos se vieron obligados a abandonar el pa\u00eds a ra\u00edz de estas intimidaciones. <\/span><\/p>\n Adem\u00e1s de adoptar medidas dr\u00e1sticas para castigar a quienes participaron en las manifestaciones, las autoridades cubanas han buscado desmantelar el limitado espacio c\u00edvico que permiti\u00f3 que las protestas tuvieran lugar.<\/span><\/p>\n En agosto de 2021, el gobierno public\u00f3 el Decreto-Ley 35 y varias normas complementarias que restringen gravemente la libertad de expresi\u00f3n en internet<\/span>. En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprob\u00f3 un nuevo c\u00f3digo penal que, entre otras normas vagas e imprecisas, incluye una disposici\u00f3n que sanciona con hasta 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel a quien provea, reciba o posea fondos \u201ccon el prop\u00f3sito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional\u201d. Ese lenguaje amplio allana el camino para sanciones que restrinjan a\u00fan m\u00e1s el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pac\u00edfica los abusos del gobierno.<\/span><\/p>\n La represi\u00f3n del r\u00e9gimen, as\u00ed como su ostensible falta de inter\u00e9s por abordar las causas subyacentes que llevaron a muchos cubanos a las calles, han forzado a miles de personas a abandonar el pa\u00eds, en muchos casos a trav\u00e9s de Nicaragua, que eximi\u00f3 a los cubanos de visado a fines de 2021. La Patrulla Fronteriza de EE.\u00a0UU. detuvo a m\u00e1s de 118.000 ciudadanos cubanos entre enero y mayo de 2022. Esto representa un aumento dr\u00e1stico en comparaci\u00f3n con las 17.000 personas detenidas en el mismo per\u00edodo de 2021<\/span>. La Guardia Costera de EE.\u00a0UU. ha interceptado a m\u00e1s de 2.900 cubanos en el mar desde octubre de 2021, lo que constituye, por mucho, la cifra m\u00e1s alta en los \u00faltimos cinco a\u00f1os<\/span>. <\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, muchos cubanos huyeron a pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y Europa. Las investigaciones de Human Rights Watch en el Tap\u00f3n del Dari\u00e9n, una zona selv\u00e1tica en la frontera entre Colombia y Panam\u00e1, as\u00ed como en la frontera sur de M\u00e9xico, demuestran que los cubanos que emprenden el peligroso recorrido al norte a trav\u00e9s de Am\u00e9rica Latina enfrentan abusos por parte de bandas criminales, as\u00ed como dificultades para obtener estatus legal en la regi\u00f3n<\/span>.<\/span><\/p>\n Por d\u00e9cadas, la comunidad internacional no ha conseguido que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba. En particular, ha faltado presi\u00f3n multilateral por parte de pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, Estados Unidos, Canad\u00e1 y Europa.<\/span><\/p>\n Los esfuerzos del gobierno estadounidense para impulsar cambios por medio de un embargo econ\u00f3mico han sido un fracaso. En lugar de aislar a Cuba, esta pol\u00edtica ha aislado a Estados Unidos, permitiendo que el gobierno cubano genere simpat\u00eda en el exterior y que Washington pierda el apoyo de potenciales aliados.<\/span><\/p>\n Asimismo, muchos gobiernos latinoamericanos, entre ellos M\u00e9xico y Argentina, han sido reticentes a criticar el r\u00e9gimen cubano; en algunos casos, han elogiado abiertamente al gobierno a pesar de los graves abusos que ha cometido. <\/span><\/p>\n Las medidas adoptadas por el gobierno cubano en contra de las protestas de julio de 2021 violan varios derechos protegidos por tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP) y la Convenci\u00f3n contra la Tortura (CCT). Estos incluyen los derechos a la libertad de expresi\u00f3n y asociaci\u00f3n, a la seguridad y libertad, las garant\u00edas de debido proceso y el derecho a no sufrir torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuba es parte de la CCT y firm\u00f3 el PIDCP en 2008, aunque es uno de los pocos Estados a nivel global que a\u00fan no lo ha ratificado<\/span>. Estos derechos, establecidos por la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, tambi\u00e9n forman parte del derecho internacional consuetudinario. <\/span><\/p>\n Estados Unidos, Canad\u00e1, la Uni\u00f3n Europea y los gobiernos de Am\u00e9rica Latina deben adoptar un enfoque multilateral y coordinado respecto a Cuba que apoye los derechos de los manifestantes, periodistas y activistas cubanos y condene la brutal represi\u00f3n en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Luego de oficiar un servicio religioso en su hogar en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el 11 de julio, el pastor evang\u00e9lico Lorenzo Rosales Fajardo, de 50 a\u00f1os, particip\u00f3 en las protestas acompa\u00f1ado de su hijo, que entonces ten\u00eda 17 a\u00f1os. Un familiar cont\u00f3 que se manifestaron de forma pac\u00edfica, sin hacer comentarios ofensivos sobre el gobierno, puesto que ello habr\u00eda sido contrario a su fe<\/span>.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan el familiar, polic\u00edas antidisturbios detuvieron a Rosales Fajardo, lo llevaron a rastras y lo golpearon con bastones en la espalda y el rostro, lo cual le provoc\u00f3 la p\u00e9rdida de un diente y varios empastes. Cuando su hijo pregunt\u00f3 a los agentes por su paradero, tambi\u00e9n lo detuvieron. <\/span><\/p>\n Los llevaron a distintas estaciones de polic\u00eda y, en la madrugada, los transfirieron a ambos a una escuela abandonada en Santiago de Cuba. Rosales Fajardo estuvo detenido all\u00ed durante dos d\u00edas, y su hijo una semana. <\/span><\/p>\n Hasta su liberaci\u00f3n el 18 de julio, el hijo estuvo en una celda improvisada y atestada en el segundo piso de la escuela. Le dieron comida podrida y muy poca agua. En repetidas ocasiones, los agentes lo despertaron a \u00e9l y otros detenidos en la noche, los golpearon y los empujaron por las escaleras mientras ten\u00edan las manos atadas. Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el familiar, que habl\u00f3 con \u00e9l tras su liberaci\u00f3n, les quitaron la ropa y los obligaron a hacer sentadillas desnudos frente a otros detenidos. Los agentes dijeron que el hijo estaba siendo investigado por \u201cdesorden p\u00fablico\u201d.<\/span><\/p>\n El 14 de julio, Rosales Fajardo<\/span> fue transferido a la sede provincial de la seguridad del Estado en Versalles, en las afueras de Santiago de Cuba. Seg\u00fan cont\u00f3 el familiar, en el camino lo golpearon y perdi\u00f3 el conocimiento. Al despertarse, los polic\u00edas estaban orinando sobre \u00e9l.<\/span><\/p>\n Su familia solo supo su paradero cuando les inform\u00f3 otro pastor, seis d\u00edas tras el arresto.<\/span><\/p>\n En Versalles,<\/span> Rosales Fajardo estuvo confinado, solo, en una celda peque\u00f1a y oscura. Lo interrogaban a toda hora. Los polic\u00edas le preguntaban qui\u00e9n le pagaba, para qui\u00e9n trabajaba y qui\u00e9n lo hab\u00eda mandado a las protestas. Por momentos la celda se llenaba de insectos que lo picaban en todo el cuerpo y que \u00e9l no pod\u00eda ver en la oscuridad.<\/span>\u00a0<\/span>Seg\u00fan el familiar, no ten\u00eda forma de distinguir si era de d\u00eda o de noche. <\/span><\/span><\/p>\n El 6 de agosto, Rosales Fajardo fue transferido junto con otros detenidos a una c\u00e1rcel de m\u00e1xima seguridad en Boniato, en las afueras de Santiago de Cuba. Al llegar all\u00ed, los presos los insultaron, los golpearon y forzaron a algunos detenidos a practicarles sexo oral, cont\u00f3 el familiar.<\/span><\/span><\/p>\n La familia de Rosales Fajardo pudo hablar con \u00e9l por tel\u00e9fono por primera vez el d\u00eda posterior a su traslado y consigui\u00f3 visitarlo reci\u00e9n el 16 de octubre.\u00a0<\/span>Seg\u00fan cont\u00f3 el familiar,<\/span> Rosales Fajardo \u201cno deja de llorar\u201d cuando habla del trato que \u00e9l y otros detenidos han sufrido.<\/span><\/p>\n El 20 y 21 de diciembre de 2021, Rosales Fajardo y otros 15 acusados fueron sometidos a un juicio a puertas cerradas en Palma Soriano. Rosales Fajardo fue condenado por \u201cdesorden p\u00fablico\u201d, \u201cdesacato\u201d y \u201catentado\u201d. El fiscal lo acus\u00f3 de instar a otros vecinos a sumarse a las manifestaciones, insultar a la polic\u00eda y al presidente D\u00edaz-Canel y empujar a agentes para romper un cord\u00f3n policial<\/span>. <\/span><\/p>\n Durante el juicio, el tribunal no permiti\u00f3 que su abogado presentara videos y autoriz\u00f3 \u00fanicamente a dos de los testigos solicitados, quienes dijeron que Rosales Fajardo hab\u00eda protestado pac\u00edficamente y no hab\u00eda hecho comentarios ofensivos. El juez determin\u00f3 que todos los agentes de seguridad que declararon en el proceso se hab\u00edan mostrado \u201cseguros, claros e imparciales\u201d, mientras que los testigos civiles que declararon a favor de los acusados hab\u00edan sido \u201ccontradictorios\u201d y no resultaban cre\u00edbles<\/span>.<\/span><\/p>\n Rosales Fajardo fue sentenciado a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n el 29 de abril. La condena fue confirmada por un tribunal de apelaci\u00f3n el 24 de junio. Rosales Fajardo se encontraba en la prisi\u00f3n de Boniato al momento de preparaci\u00f3n de este informe. <\/span><\/p>\n Luego de casi tres semanas de confinamiento obligatorio por la pandemia, que le hab\u00eda impedido salir a pescar, Miguel D\u00edaz Sosa, un pescador de 48 a\u00f1os, particip\u00f3 en una protesta el 11 de julio en un parque frente a su casa en el municipio de San Antonio de los Ba\u00f1os, en la provincia de Artemisa<\/span><\/span>. <\/span><\/span><\/p>\n El d\u00eda posterior a la protesta, aproximadamente 20 agentes de diversas unidades policiales lo arrestaron en su hogar, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 un familiar.<\/span><\/span><\/p>\n Las autoridades mantuvieron a D\u00edaz Sosa incomunicado 12 d\u00edas en la c\u00e1rcel local y aproximadamente la misma cantidad de tiempo en el centro en Guanajay del Departamento T\u00e9cnico Investigativo (DTI), un organismo del Ministerio del Interior a cargo de la investigaci\u00f3n de delitos, donde pudo recibir visitas semanales de sus familiares por 10 minutos, pero las llamadas telef\u00f3nicas estaban prohibidas, seg\u00fan el familiar. Luego fue trasladado a la c\u00e1rcel de Guanajay. <\/span><\/span><\/p>\n En noviembre, D\u00edaz Sosa pas\u00f3 casi 10 d\u00edas en una \u201ccelda de castigo\u201d fr\u00eda y h\u00fameda, supuestamente por haber hablado sobre una protesta programada para el 15 de noviembre. D\u00edaz Sosa, quien sufre de hipertensi\u00f3n y tiene una placa en el cr\u00e1neo a ra\u00edz de una lesi\u00f3n anterior, desarroll\u00f3 asma, cefaleas y, eventualmente, alucinaciones, se\u00f1al\u00f3 el familiar.<\/span><\/span><\/p>\n Meses despu\u00e9s de la detenci\u00f3n, las autoridades dijeron a la familia que se acusaba a D\u00edaz Sosa de \u201cdesorden p\u00fablico\u201d por asistir a la manifestaci\u00f3n; \u201catentado\u201d por romper el cord\u00f3n policial junto con otros manifestantes; y dos cargos de \u201cdesacato\u201d por gritar consignas en contra del presidente y de la polic\u00eda y por decirle a la secretaria del comit\u00e9 municipal del Partido Comunista \u201cno queremos di\u00e1logo, basta de mentiras\u201d<\/span><\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n D\u00edaz Sosa fue juzgado, junto con otras 16 personas, en un tribunal provincial de Guanajay entre el 13 y el 15 de diciembre. Seg\u00fan el familiar, D\u00edaz Sosa solo pudo ver a su abogado una vez antes del juicio. Se permiti\u00f3 a un familiar de cada acusado asistir al juicio, en el cual hubo una fuerte presencia policial. \u201c<\/span><\/span>No pod\u00edamos ni mirar para el lado, porque si no nos sacaban de la sala,\u201d cont\u00f3 el familiar.<\/span><\/span><\/p>\n Los fiscales presentaron una serie de videos como evidencia, pero, seg\u00fan el familiar presente en el juicio, los acusados y sus familias no pudieron verlos. La sentencia no describe qu\u00e9 acciones supuestamente realiz\u00f3 D\u00edas Sosa seg\u00fan los videos<\/span><\/span>. D\u00edaz Sosa declar\u00f3 que se hab\u00eda manifestado de forma pac\u00edfica y no hab\u00eda ofendido ni atacado a la polic\u00eda. Varios testigos declararon que ten\u00eda buen comportamiento, pero los jueces consideraron que no se les pod\u00eda dar \u201ctotal cr\u00e9dito\u201d<\/span><\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n D\u00edaz Sosa fue condenado por todos los cargos a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n. Su familia present\u00f3 una apelaci\u00f3n. Se encontraba en la prisi\u00f3n de Guanajay al momento de redacci\u00f3n de este informe. <\/span><\/span><\/p>\n Luis Manuel Otero Alc\u00e1ntara, artista independiente y uno de los int\u00e9rpretes de \u201cPatria y Vida\u201d, fue detenido el 11 de julio, alrededor de las 3 p.m.<\/span>. Hab\u00eda llamado a su novia para decirle que iba a participar en una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica en el centro de La Habana. Horas m\u00e1s tarde, un testigo le dijo a su novia que varios polic\u00edas y agentes de seguridad del Estado lo hab\u00edan detenido<\/span>.<\/span><\/p>\n El 16 de julio, un agente le inform\u00f3 al abogado de Otero Alc\u00e1ntara que este estaba detenido en Villa Marista, un centro de seguridad del Estado en La Habana, y que ser\u00eda trasladado a la prisi\u00f3n de m\u00e1xima seguridad de Guanajay. El agente le indic\u00f3 que estaba siendo investigado por \u201catentado\u201d, \u201cresistencia\u201d y \u201cdesacato\u201d, pero no explic\u00f3 cu\u00e1les eran los fundamentos o las pruebas para esa acusaci\u00f3n<\/span>. El 5 de agosto, su abogado pudo verlo por primera vez<\/span>. <\/span><\/p>\n Otero Alc\u00e1ntara ya hab\u00eda sido detenido en numerosas ocasiones por periodos breves de tiempo y hab\u00eda sido imputado por criticar al gobierno.<\/span><\/p>\n En febrero de 2022, Alc\u00e1ntara fue acusado de \u201cultraje a los s\u00edmbolos de la patria\u201d por utilizar la bandera cubana en el performance Drapeau<\/i>, para el cual us\u00f3 o llev\u00f3 consigo la bandera cubana las 24 horas del d\u00eda durante un mes en 2019<\/span>. Un fiscal en La Habana pidi\u00f3 una condena de 7 a\u00f1os de c\u00e1rcel<\/span>[24]<\/a>. <\/span><\/p>\n El fiscal tambi\u00e9n lo acus\u00f3 de \u201cdesorden p\u00fablico\u201d y \u201cdesacato\u201d por reunirse con el cantante de rap Maykel Castillo P\u00e9rez y otras personas durante una protesta el 4 de abril de 2021, cantar \u201cPatria y Vida\u201d en p\u00fablico, corear una canci\u00f3n \u201cofensiva\u201d contra el presidente D\u00edaz-Canel y pronunciar \u201cpalabras ofensivas\u201d contra otros funcionarios gubernamentales<\/span>.<\/span><\/p>\n En repetidas ocasiones, las autoridades cubanas ofrecieron liberar a Otero Alc\u00e1ntara a cambio de que se fuera del pa\u00eds por tiempo indefinido, una propuesta que el gobierno tambi\u00e9n ha hecho a otros cr\u00edticos en los \u00faltimos meses<\/span>. Otero Alc\u00e1ntara rechaz\u00f3 p\u00fablicamente la oferta<\/span>.<\/span><\/p>\n Otero Alc\u00e1ntara fue juzgado junto con Maykel Castillo P\u00e9rez el 30 y 31 de mayo en un tribunal de La Habana. Las autoridades solo permitieron la presencia de dos familiares por detenido durante el juicio<\/span>. El 24 de junio, Otero Alc\u00e1ntara fue condenado a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/span>.<\/span><\/p>\n Otero Alc\u00e1ntara a\u00fan se encontraba en la prisi\u00f3n de Guanajay al momento de elaboraci\u00f3n de este informe.<\/span><\/p>\n Jos\u00e9 Daniel Ferrer Garc\u00eda, presidente de la organizaci\u00f3n opositora Uni\u00f3n Patri\u00f3tica de Cuba (UNPACU), y su hijo, Jos\u00e9 Daniel Ferrer Cantillo, fueron detenidos el 11 de julio alrededor de las 5 p.m., cuando se dirig\u00edan a una manifestaci\u00f3n frente al teatro Jos\u00e9 Mart\u00ed en Santiago de Cuba<\/span>. Ferrer Cantillo dijo a Human Rights Watch que los polic\u00edas los detuvieron violentamente y los empujaron contra un veh\u00edculo policial, a pesar de que no se resistieron al arresto<\/span>. <\/span><\/p>\n Ambos fueron llevados a la Unidad Provincial de Instrucci\u00f3n Legal y Operaciones (UPICO), un centro de detenci\u00f3n, donde los separaron<\/span>.<\/span><\/p>\n Ferrer Cantillo dijo que \u00e9l y otros dos hombres estuvieron detenidos en una celda de dos metros cuadrados sin ventanas ni luz synthetic. Los polic\u00edas lo interrogaron varias veces, preguntando por qu\u00e9 hab\u00eda participado de las protestas y amenazando con que ser\u00eda condenado a prisi\u00f3n. Ferrer Cantillo comenz\u00f3 una huelga de hambre al llegar a la c\u00e1rcel. En repetidas ocasiones, los agentes lo llevaron a la enfermer\u00eda de la penitenciar\u00eda, donde, en lugar de brindarle asistencia m\u00e9dica, intentaron convencerlo de abandonar la huelga diciendo que, si continuaba, morir\u00eda<\/span>. <\/span><\/p>\n El d\u00eda despu\u00e9s de las detenciones, la esposa de Ferrer Garc\u00eda se dirigi\u00f3 a varias dependencias de polic\u00eda locales preguntando por ellos. En vez de informarle d\u00f3nde se encontraban, un polic\u00eda la detuvo por cinco horas en una estaci\u00f3n de polic\u00eda native donde, seg\u00fan cont\u00f3, fue obligada a permanecer parada bajo el sol durante cinco horas. Cuando la liberaron, un polic\u00eda le dijo que Ferrer Garc\u00eda se encontraba en la UPICO y que pasar\u00eda \u201cun largo tiempo en la c\u00e1rcel\u201d<\/span>.<\/span><\/p>\n Un documento de la fiscal\u00eda, de fecha 17 de julio, daba instrucciones de que Ferrer Garc\u00eda permaneciera en prisi\u00f3n preventiva y de que se liberara a Ferrer Cantillo. Seg\u00fan el documento, los dos se encontraban sujetos a una investigaci\u00f3n por \u201cdesorden p\u00fablico\u201d, debido a que \u201cdecidieron unirse\u201d a las protestas \u201ccontra el proceso revolucionario\u201d y gritaron \u201c\u00a1abajo D\u00edaz-Canel!\u201d y \u201c\u00a1abajo el hambre!\u201d mientras los deten\u00edan. El documento tambi\u00e9n se\u00f1ala que Ferrer Garc\u00eda \u201cse manifiesta en contra del proceso revolucionario\u201d y su hijo \u201cse relaciona con personas que se manifiestan en contra del proceso revolucionario\u201d<\/span>.<\/span><\/p>\n Ferrer Cantillo fue liberado el 17 de julio. Un agente le entreg\u00f3 una notificaci\u00f3n en la cual le informaba que estaba bajo investigaci\u00f3n por \u201cdesorden p\u00fablico\u201d y que no podr\u00eda participar de manifestaciones. \u00c9l se neg\u00f3 a firmar la notificaci\u00f3n<\/span>. <\/span><\/p>\n El 22 de julio, su familia present\u00f3 un recurso de habeas corpus solicitando la liberaci\u00f3n de Ferrer Garc\u00eda, el cual fue desestimado de forma sumaria al d\u00eda siguiente<\/span>. La decisi\u00f3n del tribunal que rechaz\u00f3 el habeas corpus indica que Ferrer Garc\u00eda est\u00e1 \u201cen tr\u00e1mite investigativo\u201d, pero no indica por qu\u00e9 lo investigan ni d\u00f3nde est\u00e1 detenido<\/span>. <\/span><\/p>\n La esposa de Ferrer Garc\u00eda se\u00f1al\u00f3 que acudi\u00f3 a la UPICO en varias ocasiones, pero los agentes se negaron a informarle el paradero de su esposo<\/span>. Seg\u00fan la esposa, el 21 de julio volvieron a detenerla por dos horas cuando pidi\u00f3 verlo<\/span>. El 12 de agosto, un funcionario de la UPICO confirm\u00f3 finalmente que Ferrer Garc\u00eda se encontraba all\u00ed, pero dijo que no pod\u00eda recibir visitas<\/span>. <\/span><\/p>\nA los gobiernos de Am\u00e9rica Latina, Estados Unidos, Canad\u00e1, la Uni\u00f3n Europea, los Estados Miembros de la UE y aquellos preocupados por la situaci\u00f3n en Cuba:<\/h2>\n
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Al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden:<\/h2>\n
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A los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:<\/h2>\n
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A la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:<\/span><\/h2>\n
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\u00a0<\/li>\n<\/ul>\nA los Procedimientos Especiales relevantes de la ONU:<\/h2>\n
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A los Estados Parte de la Convenci\u00f3n contra la Tortura de 1984 y la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:<\/h2>\n
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Lorenzo Rosales Fajardo, de 50 a\u00f1os, y su hijo, de 17, en Palma Soriano<\/h2>\n
Miguel D\u00edaz Sosa, de 48 a\u00f1os, en San Antonio de los Ba\u00f1os<\/h2>\n
Luis Manuel Otero Alc\u00e1ntara, de 34 a\u00f1os, en La Habana<\/h2>\n
Jos\u00e9 Daniel Ferrer Garc\u00eda, de 51 a\u00f1os, y Jos\u00e9 Daniel Ferrer Cantillo, de 18, en Santiago de Cuba<\/h2>\n