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La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez del “caso Volhov” que justifique las diligencias que ha acordado en la nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n abierta a Josep Llu\u00eds Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, por los viajes que hizo al extranjero entre los a\u00f1os 2015 y 2018.<\/p>\n
En un auto, la secci\u00f3n 21\u00aa de la Audiencia de Barcelona estima parcialmente el recurso que present\u00f3 la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n contra la nueva bater\u00eda de diligencias ordenada por el titular del juzgado de instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de Barcelona sobre Alay, a quien informes de inteligencia europeos y de la Guardia Civil relacionan con contactos en Rusia, en el marco del proc\u00e9s. <\/p>\n
En concreto, el juez pidi\u00f3 a la Diputaci\u00f3n de Barcelona que detallara los viajes de Alay al extranjero entre los a\u00f1os 2015 y 2018, cuando ocup\u00f3 un cargo en la corporaci\u00f3n provincial, y orden\u00f3 a la Guardia Civil una investigaci\u00f3n patrimonial del jefe de la oficina de Puigdemont.<\/p>\n
La sala rechaza que la investigaci\u00f3n sea prospectiva, como alegaba la Fiscal\u00eda para pedir su archivo, pero admite que en la resoluci\u00f3n del juez no se han puesto de manifiesto “las sospechas s\u00f3lidas que justifiquen la pertinencia y necesidad de aquellas diligencias”.<\/p>\n
En consecuencia, anula las diligencias acordadas y ordena al juez dictar una nueva resoluci\u00f3n en la que las justifique, pero no en base a los “resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido” mientras se tramitaba el recurso de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Las nuevas diligencias derivan de un informe de la Guardia Civil que mantiene que Jordi Castells, precise subdirector common de Cooperaci\u00f3n Native de la Generalitat, increment\u00f3 su patrimonio en 300.000 euros cuando fue director de Relaciones Internacionales de la Diputaci\u00f3n de Barcelona, en la etapa de CiU, por pagos que podr\u00edan proceder de entidades proveedoras de la corporaci\u00f3n provincial. <\/p>\n\n
El juez razona en su auto que Alay sucedi\u00f3 a Castells en su cargo y que bajo su mandato se finalizaron varios de los expedientes de proyectos de cooperaci\u00f3n internacional que est\u00e1n siendo investigados por supuesto desv\u00edo de fondos a fundaciones afines a CDC, trama que dio pie a las intervenciones telef\u00f3nicas que despu\u00e9s derivaron en el “caso Volhov”. <\/p>\n
Seg\u00fan la Audiencia, la resoluci\u00f3n del juez “no especifica de qu\u00e9 expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n” contra Alay, mientras que la motivaci\u00f3n “resulta concisa y escueta”.<\/p>\n
En ese sentido, recuerda la sala que estas diligencias se sit\u00faan “en el marco de un proceso penal que se abri\u00f3 hace seis a\u00f1os por presuntas subvenciones il\u00edcitas de la Diputaci\u00f3n de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas”.<\/p>\n\n
“En consecuencia, la resoluci\u00f3n exig\u00eda un plus de motivaci\u00f3n para garantizar el derecho de defensa del investigado, explicar las razones y conexi\u00f3n de esta nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n y evitar cualquier atisbo de nulidad”, a\u00f1ade el auto. <\/p>\n<\/div>\n