La Corte de Apelaciones de Iquique confirm\u00f3 sentencia que acogi\u00f3 la demanda por infracci\u00f3n a la ley de protecci\u00f3n de los derechos de los consumidores en contra de Sociedad de Turismo Cocha SA, por\u00a0 no entregar informaci\u00f3n veraz y oportuna respecto de la cancelaci\u00f3n de paquete tur\u00edstico y exigir el pago de nuevas tarifas por la reprogramaci\u00f3n del viaje.<\/p>\n
El fallo se\u00f1ala que de acuerdo a lo dispuesto en los art\u00edculos 32 y siguientes de la Ley N\u00ba 18.287, SE CONFIRMA, en lo apelado, la sentencia de primer grado que dio por acreditado que la pandemia coronavirus COVID-19 es un evento que no se pudo prever y, en consecuencia, los consumidores estar\u00edan impedidos de ejecutar el contrato por ser hechos imprevistos imposibles de resistir, ante tal circunstancia son las agencias de viajes o l\u00edneas a\u00e9reas las que deben dar soluci\u00f3n al problema, entregando opciones como cambiar la fecha del viaje o bien devolver el dinero, siempre teniendo presente que las modificaciones y reprogramaciones no pueden limitar o restringir los derechos de los consumidores y las empresas deben hacer todos los esfuerzos para mitigar los efectos da\u00f1inos de las medidas adoptadas.<\/p>\n
A\u00f1ade que en el caso de autos y de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso es posible advertir que la parte querellada no entreg\u00f3 informaci\u00f3n veraz y oportuna respecto de la cancelaci\u00f3n del viaje programado para noviembre del 2020 y del pago de nuevas tarifas respecto de la reprogramaci\u00f3n del viaje para el a\u00f1o 2021, adem\u00e1s no puede excusarse en la responsabilidad de la l\u00ednea a\u00e9rea toda vez que el art\u00edculo 43 de la ley del ramo establece su responsabilidad directa como intermediario de la prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n
Para el Segundo Juzgado de Polic\u00eda Native, la infracci\u00f3n a la norma referida por parte de la querellada a la vez implica una vulneraci\u00f3n al llamado Principio de Profesionalidad, el cual se traduce en la obligaci\u00f3n de diligencia o est\u00e1ndar de conducta que deben tener los proveedores y prestadores de servicios que habitualmente desarrollen actividades regidas por la Ley de Protecci\u00f3n de los Derechos de los Consumidores.<\/p>\n
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Vea sentencia Corte de Apelaciones de Iquique Rol N\u00ba5-2022<\/a> y primera instancia Rol N\u00ba3746-2021.<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n <\/p>\n \t\n<\/div>\n