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(Washington D.C.)\u00a0\u2013 Estados Unidos y todos los dem\u00e1s pa\u00edses deber\u00edan dejar de expulsar y deportar a personas a Hait\u00ed<\/a>, donde enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia y carecen de acceso efectivo a protecci\u00f3n o justicia, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch hoy. Hait\u00ed sufre niveles alarmantes de homicidios y secuestros por parte de pandillas que controlan zonas estrat\u00e9gicas del pa\u00eds, en una situaci\u00f3n que se ve agravada por la impunidad persistente en relaci\u00f3n a violaciones de derechos humanos y la criminalidad, en un contexto de disaster humanitaria.<\/p>\n \u201cEs inconcebible que cualquier gobierno env\u00ede personas de vuelta a Hait\u00ed considerando el deterioro de las condiciones de seguridad en el pa\u00eds y la consecuente agudizaci\u00f3n de los riesgos para la vida y la seguridad\u201d, coment\u00f3 C\u00e9sar Mu\u00f1oz<\/a>, investigador s\u00e9nior para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cNing\u00fan gobierno deber\u00eda realizar expulsiones o deportaciones a Hait\u00ed. Estados Unidos, que es responsable de la gran mayor\u00eda de las repatriaciones, debe poner fin al uso innecesario e ileg\u00edtimo de una normativa sobre salud p\u00fablica para justificar las expulsiones abusivas de haitianos\u201d.<\/p>\n Human Rights Watch entrevist\u00f3 a 49 personas durante una visita a Hait\u00ed en diciembre de 2021, incluyendo a 9 haitianos expulsados de EE.\u00a0UU. y Rep\u00fablica Dominicana; representantes de organismos de las Naciones Unidas; miembros de sociedad civil y funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial haitianos. Entre ellos, estuvieron el primer ministro, Ariel Henry; el ministro de Justicia, Berto Dorc\u00e9; el ministro de Inside, Liszt Quitel; el defensor del pueblo, Renan H\u00e9douville; y el inspector common de la polic\u00eda, Fritz Saint Fort. Human Rights Watch entrevist\u00f3 a otras 16 personas de forma remota antes y despu\u00e9s de la visita, y consult\u00f3 datos e informes de Naciones Unidas, sociedad civil y medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n Las repatriaciones a Hait\u00ed representan una amenaza para la vida hoy en d\u00eda, y as\u00ed seguir\u00e1 siendo hasta que mejoren las condiciones de seguridad en el pa\u00eds, destac\u00f3 Human Rights Watch. Hait\u00ed est\u00e1 atravesando una grave situaci\u00f3n de seguridad. El gobierno ha perdido el management de zonas estrat\u00e9gicas que ahora est\u00e1n en manos de peligrosas pandillas armadas que, seg\u00fan numerosas fuentes, son financiadas por pol\u00edticos y sobornan a polic\u00edas. La violencia empeor\u00f3 una disaster humanitaria que ya period grave.<\/p>\n Hait\u00ed tambi\u00e9n atraviesa una profunda disaster pol\u00edtica y constitucional. El primer ministro Henry, jefe de gobierno putativo, no fue electo, sino que fue nombrado por el expresidente Jovenel Mo\u00efse dos d\u00edas antes de ser asesinado<\/a>, el 7 de julio de 2021. El primer ministro gobierna por decreto, sin mandato constitucional. El Parlamento dej\u00f3 de funcionar y el sistema judicial apenas puede operar, en un contexto de colapso institucional y de seguridad.<\/p>\n La impunidad sigue siendo la regla. \u201cEn Hait\u00ed, los jueces que est\u00e1n amenazados tienen dos opciones: irse del pa\u00eds o seguir con sus investigaciones y conseguir que los maten por ello\u201d, explic\u00f3 a Human Rights Watch un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial, el \u00f3rgano administrador del sistema judicial.<\/p>\n Debido a las condiciones de seguridad en Hait\u00ed, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones que asisten a repatriados expresaron su preocupaci\u00f3n de que las personas expulsadas o deportadas a Hait\u00ed sean secuestradas o extorsionadas por pandillas, las cuales pueden pensar que tienen dinero para viajar o familiares en el extranjero que podr\u00edan pagar su rescate. A pesar de este riesgo, actualmente no existe un sistema para dar seguimiento y apoyo a las personas repatriadas.<\/p>\n Del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, 25.765 personas fueron expulsadas o deportadas a Hait\u00ed, seg\u00fan datos recopilados por la Organizaci\u00f3n Internacional para las Migraciones (OIM)<\/a>. Estados Unidos repatriaron al 79 % de ellas, o 20.309 personas; mientras Bahamas, Cuba, las Islas Turcas y Caicos, M\u00e9xico y otros pa\u00edses retornaron al resto. \u00a0<\/p>\n Entre el 19 de septiembre de 2021 \u2014cuando la OIM comenz\u00f3 a recopilar informaci\u00f3n detallada\u2014 hasta el 14 de febrero de 2022, EE. UU. envi\u00f3 de regreso alrededor de 2.300 ni\u00f1os de padres haitianos que hab\u00edan nacido en el extranjero, la mayor\u00eda de ellos en Chile. <\/a><\/p>\n La mayor parte de las personas retornadas por EE. UU. hab\u00edan abandonado Hait\u00ed hac\u00eda a\u00f1os, escapando de una situaci\u00f3n econ\u00f3mica y de seguridad que ya period dif\u00edcil, y hab\u00edan vivido en Chile o Brasil antes de viajar a EE. UU. Algunas sufrieron violencia, incluyendo abusos sexuales, en su camino a los Estados Unidos.<\/p>\n Estados Unidos debe poner fin de inmediato al uso inapropiado del T\u00edtulo 42<\/a>, una disposici\u00f3n de la normativa de salud estadounidense, para expulsar personas a Hait\u00ed y otros pa\u00edses, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch. Los datos de la OIM se\u00f1alan que, desde el 19 de septiembre de 2021 hasta fines de febrero, el 6\u00a0% de las personas que Estados Unidos repatri\u00f3 a Hait\u00ed fueron deportadas y el resto fueron expulsadas en virtud del T\u00edtulo 42, que fue implementado por el gobierno del expresidente Donald Trump durante la pandemia de COVID-19 para negar a familias, ni\u00f1os y adultos que llegaban a la frontera sur el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, y ha seguido siendo utilizado por el gobierno del presidente Joe Biden. El 11 de marzo, los Centros para el Management y la Prevenci\u00f3n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. dieron por finalizada<\/a> su autorizaci\u00f3n para expulsar a ni\u00f1os y ni\u00f1as no acompa\u00f1ados conforme al T\u00edtulo 42.<\/p>\n En common, Estados Unidos no ha brindado a las personas retornadas a Hait\u00ed en virtud del T\u00edtulo 42 la oportunidad de expresar sus temores de sufrir persecuci\u00f3n o violencia ni de solicitar asilo, en violaci\u00f3n del derecho internacional.<\/p>\n El 4 de marzo, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determin\u00f3<\/a> que desde la perspectiva de la salud p\u00fablica, \u201cno resulta claro que la orden de los CDC tenga raz\u00f3n de ser\u201d, en referencia a la orden dictada por los CDC en marzo de 2020 de aplicar el T\u00edtulo 42.<\/p>\n En una decisi\u00f3n que podr\u00eda entrar en vigor en abril, el tribunal orden\u00f3 al gobierno de Biden que cesara el uso del T\u00edtulo 42 para expulsar de manera sumaria a familias con ni\u00f1os a pa\u00edses donde podr\u00edan sufrir persecuci\u00f3n o tortura.<\/p>\n Organismos de la ONU y la Oficina Nacional de Migraci\u00f3n de Hait\u00ed brindan cierto grado de asistencia en el aeropuerto a personas repatriadas, incluyendo algo de dinero, alimentos y productos de higiene, pero no hacen un seguimiento de su situaci\u00f3n despu\u00e9s de dejarlos en estaciones de autob\u00fas o en hoteles, explicaron funcionarios de la ONU y autoridades haitianas a Human Rights Watch.\u00a0<\/p>\n En una encuesta realizada por private de la OIM a 383 personas repatriadas que pudo contactar por tel\u00e9fono en enero y febrero, el 69 % de los entrevistados dijo que no se sent\u00eda seguro en Hait\u00ed. El 84 % dijo que deseaba irse del pa\u00eds de nuevo debido a la disaster econ\u00f3mica y de seguridad.<\/p>\n Adem\u00e1s de detener las repatriaciones, los gobiernos deben trabajar con autoridades haitianas, organismos de la ONU y donantes para crear un programa integral de reintegraci\u00f3n para quienes ya han sido repatriados, explic\u00f3 Human Rights Watch. El programa deber\u00eda abordar las necesidades espec\u00edficas de las personas repatriadas, como acceso a trabajo; seguridad; reunificaci\u00f3n acquainted; servicios para sobrevivientes de violencia de g\u00e9nero, incluyendo acceso a anticoncepci\u00f3n de emergencia; y asistencia a ni\u00f1os y ni\u00f1as que tengan su bienestar como prioridad. Un representante de la OIM dijo a Human Rights Watch el 3 de marzo que la organizaci\u00f3n ha dise\u00f1ado un programa de reintegraci\u00f3n y est\u00e1 buscando apoyo de donantes para ponerlo en marcha.<\/p>\n \u201cHaitianos y sus hijos, muchos de ellos nacidos en el extranjero, est\u00e1n siendo enviados de regreso a un pa\u00eds sumido en el caos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Mu\u00f1oz. \u201cLos gobiernos extranjeros deber\u00edan cesar todas las repatriaciones y ayudar a establecer un programa de reintegraci\u00f3n, en colaboraci\u00f3n con las autoridades haitianas, para dar seguimiento a la situaci\u00f3n de quienes ya fueron repatriados, ayudarlos a acceder a servicios b\u00e1sicos, proporcionar asistencia a sus hijos e intervenir cuando sus vidas est\u00e9n en riesgo\u201d.<\/p>\n Ver m\u00e1s informaci\u00f3n a continuaci\u00f3n sobre la investigaci\u00f3n de Human Rights Watch. <\/strong><\/p>\n Resumen de las conclusiones de Human Rights Watch<\/strong><\/p>\n Los pa\u00edses de la regi\u00f3n, sobre todo Estados Unidos, siguen enviando a much de personas de regreso a Hait\u00ed, incluyendo a ni\u00f1os y ni\u00f1as nacidos en el extranjero, a pesar de la horrible situaci\u00f3n que atraviesa el pa\u00eds. Las secciones a continuaci\u00f3n presentan datos sobre expulsiones y deportaciones a Hait\u00ed, as\u00ed como descripciones de las condiciones de detenci\u00f3n en establecimientos fronterizos en Estados Unidos. Tambi\u00e9n detallan las graves disaster que hacen inadmisible la repatriaci\u00f3n de personas a un pa\u00eds que, claramente, es inseguro. Pandillas controlan y aterrorizan barrios enteros, sobre todo en los alrededores de Puerto Pr\u00edncipe; las instituciones democr\u00e1ticas se han colapsado; el sistema judicial es incapaz de proporcionar justicia y la impunidad es abrumadora. Las disaster pol\u00edtica, judicial y de seguridad han agravado una situaci\u00f3n humanitaria que ya period muy precaria.<\/p>\n Detenci\u00f3n y expulsi\u00f3n o deportaci\u00f3n a Hait\u00ed<\/strong><\/p>\n Del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, 25.765 personas fueron enviadas de regreso a Hait\u00ed en avi\u00f3n o en barco, incluyendo 4.674 ni\u00f1os y ni\u00f1as, seg\u00fan la OIM. En complete, el 18 % de las personas repatriadas durante ese per\u00edodo fueron ni\u00f1os y ni\u00f1as; esa proporci\u00f3n aument\u00f3 del 16 % en 2021 al 25 % en los primeros meses de 2022.<\/p>\n Los datos de la OIM tambi\u00e9n muestran que, desde enero de 2021 hasta fines de febrero de 2022, 1.142 personas fueron repatriadas por v\u00eda mar\u00edtima: los guardacostas de EE. UU. interceptaron a 794 personas en el mar y las enviaron de regreso, y Cuba envi\u00f3 a 348 haitianos de vuelta en barco despu\u00e9s de haber llegado a su territorio, tambi\u00e9n en embarcaciones.<\/p>\n La mayor parte de estas personas fueron enviadas a Hait\u00ed a partir de septiembre de 2021, cuando Estados Unidos comenz\u00f3 a realizar repatriaciones desde Del R\u00edo, Texas.<\/p>\n Estados Unidos ha repatriado a 20.309 personas a Hait\u00ed \u201479\u00a0% del complete de repatriaciones\u2014, incluyendo 5.004 ni\u00f1os. El gobierno estadounidense no envi\u00f3 a menores no acompa\u00f1ados en vuelos a Hait\u00ed, pero al menos dos ni\u00f1os que viajaban en barco fueron interceptados y enviados de regreso por la Guardia Costera de EE. UU., indic\u00f3 la OIM. Cuba y las Bahamas enviaron de regreso a por lo menos otros 10 ni\u00f1os no acompa\u00f1ados.<\/p>\n Del 19 de septiembre de 2021 al 14 de febrero de 2022, EE. UU. envi\u00f3 a Hait\u00ed unos 2.300 ni\u00f1os y ni\u00f1as de padres haitianos que hab\u00edan nacido en el extranjero, inform\u00f3 la OIM. Cerca de 1.600 de esos ni\u00f1os nacieron en Chile, 580 en Brasil y 140 en otros pa\u00edses, como Las Bahamas, Argentina, M\u00e9xico y Venezuela. \u00a0<\/p>\n La mayor\u00eda de los haitianos repatriados por EE. UU. salieron de su pa\u00eds hace a\u00f1os, huyendo de la violencia, la falta de oportunidades econ\u00f3micas o las consecuencias del devastador terremoto de 2010, seg\u00fan la OIM y las personas repatriadas entrevistadas por Human Rights Watch. La mayor\u00eda viv\u00eda en Chile o Brasil. Los entrevistados dijeron que abandonaron esos pa\u00edses debido a la discriminaci\u00f3n, la desaceleraci\u00f3n econ\u00f3mica debido al impacto del COVID-19 y, en Chile, la dificultad de obtener estatus authorized. Le explicaron a la OIM y a Human Rights Watch que, como sab\u00edan sobre la disaster econ\u00f3mica y de seguridad en Hait\u00ed, decidieron dirigirse a Estados Unidos, cruzando el hemisferio en autob\u00fas y a pie.<\/p>\n Haitianos que estuvieron en centros de detenci\u00f3n fronterizos de EE. UU. \u2014que posteriormente fueron expulsados en virtud del T\u00edtulo 42\u2014 han denunciado duras condiciones, incluyendo alimentaci\u00f3n insuficiente, falta de acceso a duchas o productos de higiene durante semanas y falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica, incluso para ni\u00f1os que estaban sumamente d\u00e9biles a ra\u00edz del viaje por el hemisferio, informaron a Human Rights Watch agencias de la ONU y los entrevistados. Private de la OIM en Puerto Pr\u00edncipe inform\u00f3 a Human Rights Watch que tuvieron que atender a algunos ni\u00f1os que llegaron deshidratados.<\/p>\n Algunos repatriados informaron que los agentes fronterizos estadounidenses les quitaron ropa, tel\u00e9fonos, dinero en efectivo y documentaci\u00f3n private, y que les devolvieron algunas de sus pertenencias, pero no todas, al enviarlos de regreso a Hait\u00ed. Una familia le cont\u00f3 a Human Rights Watch que un guardia estadounidense rompi\u00f3 sus documentos personales delante de ellos, incluyendo los certificados de nacimiento chilenos de sus hijos.<\/p>\n La OIM y Human Rights Watch recibieron testimonios de que las parejas son separadas y detenidas en diferentes centros fronterizos en EE. UU., sin darles informaci\u00f3n acerca de la situaci\u00f3n de la otra persona. Repatriados y representantes de la OIM dijeron a Human Rights Watch que personas expulsadas desde Texas \u2014pero no desde otros estados\u2014 viajaron encadenadas en el avi\u00f3n. Funcionarios haitianos les quitaron los grilletes al llegar a Hait\u00ed.<\/p>\n Violaci\u00f3n del derecho internacional y la legislaci\u00f3n de EE. UU. <\/strong><\/p>\n La legislaci\u00f3n estadounidense y el derecho internacional en materia de refugiados y derechos humanos exige a las autoridades que eval\u00faen los casos de solicitantes de asilo individualmente, a fin de cerciorarse de no enviarlos de regreso a lugares donde podr\u00edan estar expuestos a torturas o persecuci\u00f3n, o donde sus vidas o su libertad podr\u00edan verse amenazadas. Human Rights Watch entrevist\u00f3 a nueve personas que hab\u00edan sido expulsadas de EE. UU. bajo el T\u00edtulo 42 a su llegada al aeropuerto de Puerto Pr\u00edncipe. Todas dijeron que no hab\u00edan sido sujetas a ese tipo de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n Una de ellas afirm\u00f3 haberle comentado a un guardia del centro donde estaba detenida en EE. UU. que deseaba pedir asilo y que el guardia le hab\u00eda respondido: \u201cAqu\u00ed no tienes derechos\u201d. La OIM recogi\u00f3 testimonios similares, que apuntan a que las autoridades estadounidenses no han permitido a los haitianos detenidos solicitar asilo ni contactar a un abogado o al consulado de Hait\u00ed, seg\u00fan un resumen de esos testimonios al cual tuvo acceso Human Rights Watch.<\/p>\n Algunas personas repatriadas dijeron al private de la OIM y a Human Rights Watch que los funcionarios estadounidenses las subieron a aviones sin decirles cu\u00e1l period el destino. No recibieron ninguna advertencia de que iban a Hait\u00ed.<\/p>\n El gobierno de Biden es consciente de que est\u00e1 enviando a haitianos a un pa\u00eds que no es seguro. En mayo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.\u00a0UU. volvi\u00f3 a designar a Hait\u00ed <\/a>para el Estatus de Protecci\u00f3n Temporal (TPS) \u201cdebido a las condiciones extraordinarias y temporales en Hait\u00ed que impiden que los nacionales regresen con seguridad\u201d. Desde un punto de vista jur\u00eddico, el TPS solo incluye a los haitianos que ya estaban en Estados Unidos al momento de la designaci\u00f3n inicial. Sin embargo, la l\u00f3gica y el razonamiento que subyacen dicha designaci\u00f3n est\u00e1n basadas en las condiciones dentro de Hait\u00ed, las cuales no permiten que ning\u00fan ciudadano haitiano regrese en condiciones de seguridad mientras est\u00e9 vigente el estatus temporal. Si Hait\u00ed es demasiado peligroso para repatriar a los haitianos que se encontraban en EE. UU. al momento de la designaci\u00f3n del TPS, es igualmente peligroso para los haitianos que entren a EE. UU. despu\u00e9s de ella.<\/p>\n Desde agosto de 2021, rige para Hait\u00ed una advertencia de viaje de nivel 4 de la embajada de EE.\u00a0UU.<\/a>, el nivel m\u00e1s alto. La advertencia advierte: \u201cNo viajar a Hait\u00ed debido a la situaci\u00f3n de secuestros, criminalidad, disturbios y COVID-19\u201d.<\/p>\n Varios funcionarios y agencias del gobierno estadounidenses expresaron profunda preocupaci\u00f3n por las pol\u00edticas de EE. UU. de repatriaciones a Hait\u00ed.<\/p>\n En agosto de 2021, la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional advirti\u00f3<\/a> sobre el \u201cfuerte riesgo\u201d de que enviar personas de regreso a Hait\u00ed viole las obligaciones de derechos humanos de EE. UU. en virtud de la legislaci\u00f3n nacional e internacional dado al peligro que corren en el pa\u00eds. En septiembre de 2021, Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos a Hait\u00ed, renunci\u00f3 a su cargo y denunci\u00f3 la \u201cdecisi\u00f3n inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Hait\u00ed\u201d.<\/p>\n Al dejar su cargo en octubre de 2021, Harold Koh, quien asesoraba a la oficina authorized del Departamento de Estado, calific\u00f3<\/a> el uso del T\u00edtulo 42 como \u201cinhumano\u201d e \u201cilegal\u201d; una violaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n authorized de \u201cno disponer la expulsi\u00f3n o el retorno (refouler) de personas que teman ser perseguidas, asesinadas o torturadas, especialmente los migrantes que huyen de Hait\u00ed\u201d.<\/p>\n Varios organismos de la ONU tambi\u00e9n han sonado la alarma.<\/p>\n En septiembre de 2021, la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijeron<\/a> que los pa\u00edses deben abstenerse de expulsar a haitianos sin realizar una evaluaci\u00f3n adecuada de sus necesidades individuales de protecci\u00f3n, deben reconocer sus derechos humanos fundamentales y ofrecer mecanismos de protecci\u00f3n o acceso authorized a v\u00edas regulares de migraci\u00f3n. El mes siguiente, expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron<\/a> que las \u201cdeportaciones sistem\u00e1ticas y masivas\u201d y las \u201cexpulsiones colectivas\u201d de personas desde Estados Unidos hacia Hait\u00ed no solo violan el derecho internacional, sino que parecen \u201ccontinuar con un historial de exclusi\u00f3n racial de los migrantes y refugiados haitianos negros en los lugares de entrada a Estados Unidos\u201d.<\/p>\n Violencia generalizada de pandillas<\/strong><\/p>\n La situaci\u00f3n de seguridad en Hait\u00ed se ha deteriorado dr\u00e1sticamente en los \u00faltimos a\u00f1os, a medida que pandillas violentas se han fortalecido en todo el pa\u00eds. Esas pandillas controlan zonas estrat\u00e9gicas del \u00e1rea metropolitana de Puerto Pr\u00edncipe, com\u00fanmente conocidas en Hait\u00ed como \u201czonas rojas\u201d o \u201czonas sin ley\u201d, que rodean parcialmente la capital. El management de las zonas costeras de Puerto Pr\u00edncipe permite a esas pandillas recibir armas por v\u00eda mar\u00edtima, seg\u00fan se\u00f1alaron representantes de la sociedad civil.<\/p>\n Las pandillas perturbaron gravemente la actividad econ\u00f3mica<\/a> en todo Hait\u00ed entre mediados de octubre y mediados de noviembre al bloquear el suministro de combustible<\/a> desde el puerto de la capital, lo cual afect\u00f3 el funcionamiento de hospitales, el abastecimiento de agua, las comunicaciones, la recolecci\u00f3n de residuos y la asistencia humanitaria, seg\u00fan informaron trabajadores de salud y representantes de la ONU a Human Rights Watch. Las pandillas siguen teniendo capacidad para obstruir las principales rutas de abastecimiento del pa\u00eds y las terminales de flamable \u201ca voluntad\u201d, advirtieron<\/a> en febrero agencias de la ONU.<\/p>\n Las pandillas controlan las dos rutas que conectan la capital con Rep\u00fablica Dominicana, al este, y con la pen\u00ednsula del sur de Hait\u00ed, que sobresale al oeste de Puerto Pr\u00edncipe, la cual sufri\u00f3 un terremoto devastador en agosto de 2021. De este modo, \u201csepararon\u201d las cuatro provincias del sur del resto del pa\u00eds, el ministro de Justicia, Berto Dorc\u00e9, explic\u00f3 en diciembre a Human Rights Watch.<\/p>\n Los aproximadamente 1,1 millones de personas que viven en \u201czonas sin ley\u201d est\u00e1n a la merced de las pandillas. En enfrentamientos con otras pandillas con las que se disputan el management de los vecindarios, hombres armados atacaron autobuses y utilizaron francotiradores para disparar de manera indiscriminada contra civiles, seg\u00fan informaron<\/a> organismos de la ONU. Conforme dijeron a Human Rights Watch agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y trabajadores de salud, en algunas de las \u201czonas sin ley\u201d no hay presencia gubernamental; es decir, no hay escuelas, polic\u00eda o servicios de salud, ni siquiera de urgencias.<\/p>\n Cerca de 19.000 personas huyeron de la violencia en esos vecindarios, inform\u00f3 la OIM a Human Rights Watch; algunas sobreviven en campamentos improvisados en otros lugares de la ciudad. Representantes de la OIM indicaron que algunos campamentos est\u00e1n dentro de zonas inseguras, donde las agencias de la ONU no pueden proporcionar asistencia.<\/p>\n La polic\u00eda inform\u00f3<\/a> que hubo 1.615 asesinatos y 655 secuestros en el pa\u00eds en 2021, pero representantes de la sociedad civil y de la ONU explicaron que muchos delitos no son denunciados.<\/p>\n La Comisi\u00f3n Episcopal Nacional de Justicia y Paz, una organizaci\u00f3n no gubernamental, se\u00f1al\u00f3 haber documentado 659 asesinatos en 2021 solo en el \u00e1rea metropolitana de Puerto Pr\u00edncipe, sin contar los casos en zonas sin ley, a donde no pueden acceder para hacer un conteo.<\/p>\n El Centro de An\u00e1lisis e Investigaci\u00f3n en Derechos Humanos (CARDH), otro grupo no gubernamental haitiano, recopil\u00f3 una lista de 949 secuestros en el pa\u00eds en 2021, contando solo los casos difundidos en medios de comunicaci\u00f3n o informados directamente a la organizaci\u00f3n. Pr\u00e1cticamente cualquier persona es blanco de secuestro para pedir rescate, no solo las que cuentan con mayores recursos econ\u00f3micos. Las mujeres secuestradas son violadas de manera rutinaria, seg\u00fan fuentes de la ONU y del sector de salud.<\/p>\n Varios informes apuntan a que las pandillas utilizan la violencia sexual para aterrorizar y controlar vecindarios, y someten a hombres j\u00f3venes a abusos sexuales como ritual de iniciaci\u00f3n, denunciaron<\/a> organismos de la ONU. M\u00e1s del 20\u00a0% de las ni\u00f1as y los ni\u00f1os del pa\u00eds fueron v\u00edctimas de violencia sexual, inform\u00f3<\/a> la ACNUDH.<\/p>\n Los sobrevivientes suelen tener temor de denunciar los delitos ante las autoridades, ya que sospechan la existencia de v\u00ednculos entre las pandillas y la polic\u00eda. El inspector common de la polic\u00eda haitiana, Fritz Saint Fort, que supervisa las investigaciones disciplinarias, se\u00f1al\u00f3 a Human Rights Watch que algunos agentes act\u00faan como intermediarios entre los traficantes de armas y los grupos criminales, y que otros son sus informantes. \u201cSon muy peligrosos. Transmiten informaci\u00f3n sobre operaciones policiales a las pandillas\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n Varios funcionarios se refirieron a los v\u00ednculos entre pandillas y pol\u00edticos. Renan H\u00e9douville, director de la Oficina de Protecci\u00f3n Ciudadana de Hait\u00ed, dijo al respecto que \u201clas pandillas pueden hacer lo que quieran, porque cuentan con protecci\u00f3n\u201d. Robert Sanders, consejero pol\u00edtico de la embajada de EE. UU. en Puerto Pr\u00edncipe, dijo: \u201cLas pandillas son financiadas por pol\u00edticos con fines comerciales y pol\u00edticos\u201d. La ACNUDH ha se\u00f1alado<\/a> que el gobierno haitiano debe resolver el problema del \u201cpatrocinio pol\u00edtico de las pandillas armadas\u201d.<\/p>\n Colapso de las instituciones democr\u00e1ticas<\/strong><\/p>\n El colapso gradual de las instituciones democr\u00e1ticas ha dejado a Hait\u00ed sin l\u00edderes electos. El pa\u00eds no cuenta con un parlamento en funcionamiento, ya que el expresidente Mo\u00efse se neg\u00f3 a organizar elecciones legislativas en 2020, cuando culmin\u00f3 el mandato de dos tercios de los 30 senadores. Los 10 senadores cuyos mandatos no han concluido son los \u00fanicos funcionarios<\/a> con cargos que son resultado de elecciones nacionales en Hait\u00ed.<\/p>\n El Consejo Superior del Poder Judicial de Hait\u00ed dictamin\u00f3<\/a> el 6 de febrero de 2021 que el mandato del expresidente Mo\u00efse finalizaba ese d\u00eda, tras concluir que hab\u00eda comenzado su mandato en febrero de 2016, al ganar las elecciones de octubre de 2015. Sin embargo, el expresidente Mo\u00efse se neg\u00f3 a acatar la decisi\u00f3n. Sostuvo que, dado que las acusaciones de fraude electoral resultaron en una segunda votaci\u00f3n en todo el pa\u00eds en noviembre de 2016, que tambi\u00e9n gan\u00f3, su mandato reci\u00e9n hab\u00eda comenzado en febrero de 2017, por lo que terminar\u00eda el 7 de febrero de 2022.<\/p>\n El presidente Mo\u00efse fue asesinado el 7 de julio de 2021. Unos d\u00edas antes, hab\u00eda nombrado a Ariel Henry como primer ministro.<\/p>\n El primer ministro Henry no recibi\u00f3 aprobaci\u00f3n parlamentaria antes de asumir el cargo, como exige la Constituci\u00f3n<\/a>. \u201cEstamos al margen de la Constituci\u00f3n”, reconoci\u00f3 el primer ministro Henry a Human Rights Watch en diciembre.<\/p>\n En septiembre, el fiscal common, Bedford Claude, aleg\u00f3<\/a> que el primer ministro Henry se hab\u00eda comunicado telef\u00f3nicamente con uno de los principales sospechosos de haber organizado el asesinato del expresidente Mo\u00efse, horas despu\u00e9s de su muerte. Claude solicit\u00f3 a un juez<\/a> que aprobara cargos contra el primer ministro Henry en relaci\u00f3n con el asesinato.<\/p>\n El primer ministro Henry, quien rechaza la acusaci\u00f3n, despidi\u00f3 a Claude. Una investigaci\u00f3n del New York Times<\/a><\/em> afirm\u00f3 que el sospechoso se reuni\u00f3 con el primer ministro Henry dos veces en la residencia ministerial tras el asesinato, cuando la polic\u00eda lo buscaba. No ha habido una decisi\u00f3n judicial sobre la solicitud de Claude de que se apruebe la acusaci\u00f3n contra el primer ministro Henry.<\/p>\n Incluso tras finalizar lo que el expresidente Mo\u00efse consideraba su mandato, el primer ministro Henry \u2014quien fue designado por el expresidente, no electo\u2014 sigue a la cabeza del gobierno. Todav\u00eda no se ha fijado una fecha para las elecciones presidenciales. No hay consenso acerca de qui\u00e9nes deber\u00edan integrar el Consejo Electoral Provisional, el organismo encargado de organizar elecciones, y la grave situaci\u00f3n de seguridad en todo Hait\u00ed plantea dificultades considerables para llevar a cabo una votaci\u00f3n. En las condiciones actuales, no es seguro para los candidatos hacer campa\u00f1a en gran parte del pa\u00eds, ni que las personas voten. Hasta los altos funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n en la mira. En enero de 2022, hombres armados abrieron fuego<\/a> contra el primer ministro Henry y su comitiva cuando se retiraban de la catedral en Gona\u00efves, matando a una persona e hiriendo a otras dos. \u00a0<\/p>\n Ausencia de justicia<\/strong><\/p>\n El sistema de justicia de Hait\u00ed pr\u00e1cticamente no funciona. El presidente Mo\u00efse destituy\u00f3 arbitrariamente<\/a> a tres jueces de la Corte Suprema en febrero de 2021 y nombr\u00f3 nuevos jueces sin observar los procedimientos establecidos en la Constituci\u00f3n. En enero de 2022, apenas 5 de los 12 magistrados segu\u00edan en sus cargos y no pod\u00edan tomar decisiones, dado que se necesita un m\u00ednimo de 7 jueces para dictar sentencia. El mandato de dos de los cinco magistrados restantes termin\u00f3<\/a> en febrero.<\/p>\n En Hait\u00ed, el presidente debe renovar los mandatos de los jueces de instrucci\u00f3n, que dirigen investigaciones judiciales, pero el expresidente Mo\u00efse no cumpli\u00f3 con esa tarea. El mandato de dos tercios de esos jueces ya venci\u00f3, indic\u00f3 un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial. Siguen cobrando sus sueldos, pero no pueden tomar decisiones oficiales de ning\u00fan tipo.<\/p>\n La disaster de seguridad ha agravado estos problemas. Algunos jueces no han ido a sus despachos en seis meses por temor a los secuestros y los tiroteos, seg\u00fan indicaron varias fuentes judiciales. \u201cAbandonaron literalmente sus puestos, porque los tribunales est\u00e1n en zonas rojas y no hay forma de protegerlos\u201d, inform\u00f3 una autoridad judicial. El camino que conduce al Palacio de Justicia, el principal complejo judicial de Hait\u00ed \u2014que alberga varios juzgados\u2014 est\u00e1 controlado por pandillas, lo que hace imposible celebrar audiencias all\u00ed, dijo a Human Rights Watch un representante de la Asociaci\u00f3n Nacional de Secretarios Judiciales de Hait\u00ed.<\/p>\n El representante explic\u00f3 que es ordinary que ladrones irrumpan en los juzgados penales de Puerto Pr\u00edncipe para robar expedientes de los casos. Los expedientes solo est\u00e1n en papel y no tienen respaldo digital. El 27 de octubre de 2021, por ejemplo, ladrones entraron en el Palacio de Justicia y robaron<\/a> el expediente de la investigaci\u00f3n sobre el asesinato de Monferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Pr\u00edncipe, ocurrido en agosto de 2020. Tambi\u00e9n robaron las declaraciones patrimoniales de muchos altos funcionarios gubernamentales. Las copias del expediente y de las declaraciones de bienes estaban guardadas en la misma caja fuerte, seg\u00fan indicaron funcionarios de justicia.<\/p>\n Varios jueces, secretarios y abogados han sido amenazados, seg\u00fan indicaron representantes de la ONU, al igual que secretarios y abogados entrevistados por Human Rights Watch. Un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial dijo que poderosos intereses econ\u00f3micos que emplean y financian a las pandillas les dan instrucciones de que amenacen a funcionarios de justicia, con el fin de obstruir las investigaciones.<\/p>\n Entre los amenazados se encuentran dos jueces y dos secretarios que investigaron el asesinato del expresidente Mo\u00efse. Seg\u00fan un funcionario judicial, recibieron llamadas exigi\u00e9ndoles que implicaran a determinadas personas en el homicidio bajo la advertencia de que, de lo contrario, ellos mismos ser\u00edan asesinados. Ninguno de ellos recibi\u00f3 protecci\u00f3n policial, seg\u00fan informaron funcionarios de justicia a Human Rights Watch. Por lo menos uno de los cuatro denunci\u00f3 las amenazas al fiscal common y a la polic\u00eda por escrito en julio de 2021, pero funcionarios de justicia con conocimiento del caso dijeron en diciembre que no estaban al tanto de que la polic\u00eda hubiera adoptado ninguna medida. Uno de los jueces huy\u00f3 del pa\u00eds.<\/p>\n En octubre de 2021, asaltantes dispararon contra el veh\u00edculo del juez que en ese momento estaba a cargo del caso de Mo\u00efse. Tambi\u00e9n ingresaron al despacho del juez e intentaron, sin \u00e9xito, abrir la caja fuerte donde guardaba documentos confidenciales.<\/p>\n La disaster pol\u00edtica e institucional ha agudizado la impunidad ya generalizada.<\/p>\n Desde 2018, las organizaciones de la sociedad civil haitiana han documentado<\/a> el asesinato de cientos de personas en al menos 18 masacres, presuntamente cometidas por pandillas, en el \u00e1rea metropolitana de Puerto Pr\u00edncipe. El gobierno de Estados Unidos emiti\u00f3 sanciones<\/a> contra un polic\u00eda que se hab\u00eda convertido en l\u00edder de pandilla y dos exfuncionarios del gobierno, en relaci\u00f3n con la masacre de 71 personas en el barrio de La Saline en 2018. Nadie ha sido acusado<\/a> en relaci\u00f3n con esa masacre, ni con ninguna de las otras 17.<\/p>\n Desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 \u2014el \u00faltimo a\u00f1o judicial\u2014 solo se celebraron 226 juicios penales en un pa\u00eds con 11 millones de habitantes, inform\u00f3<\/a> la Pink Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organizaci\u00f3n no gubernamental haitiana. En algunas jurisdicciones, los tribunales no han celebrado ninguna audiencia en relaci\u00f3n con causas penales durante tres a\u00f1os, indic\u00f3 la Oficina de la ACNUDH<\/a>.<\/p>\n Mientras tanto, el 81 % de las m\u00e1s de 11.000 personas detenidas siguen esperando un juicio. Algunas llevan a\u00f1os detenidas. Las c\u00e1rceles y los centros penitenciarios albergan m\u00e1s del triple de la cantidad de detenidos para la cual fueron construidos. Un informe de la ONU de junio de 2021<\/a> afirm\u00f3 que los detenidos estaban recluidos en condiciones \u201cinhumanas\u201d y eran sometidos a malos tratos y tortura.<\/p>\n La corrupci\u00f3n sigue menoscabando el sistema judicial, seg\u00fan afirman funcionarios de justicia. En 2017, el expresidente Mo\u00efse obtuvo facultad authorized para nombrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UCREF), encargada de combatir la corrupci\u00f3n en el sistema de justicia y en otros \u00e1mbitos. Representantes de la RNDDH y de Nou Pap D\u00f2mi, otra organizaci\u00f3n no gubernamental, se\u00f1alaron que la falta de independencia de la unidad respecto al poder ejecutivo la priva de eficacia. La estrategia nacional de anticorrupci\u00f3n de Hait\u00ed finaliz\u00f3 en 2019 y el pa\u00eds no<\/a> ha adoptado una nueva.<\/p>\n Grave situaci\u00f3n humanitaria<\/strong><\/p>\n La disaster pol\u00edtica y de seguridad est\u00e1 agravando una situaci\u00f3n humanitaria que ya period cr\u00edtica.<\/p>\n El 14 de agosto de 2021, la pen\u00ednsula suroccidental de Hait\u00ed qued\u00f3 devastada por un terremoto de magnitud 7,2, en el que murieron m\u00e1s de 2.200 personas y m\u00e1s de 800.000 se vieron afectadas<\/a>. El terremoto caus\u00f3 da\u00f1os y p\u00e9rdidas equivalentes al 11 % del PIB<\/a>, incluyendo el da\u00f1o o la destrucci\u00f3n de 59 establecimientos de salud y m\u00e1s de 137.000 viviendas. Da\u00f1\u00f3 o destruy\u00f3 significativamente 308 escuelas, lo cual afect\u00f3 a 100.000 ni\u00f1as, ni\u00f1os y profesores. Desde el terremoto, m\u00e1s de 30.000 personas del sur de la pen\u00ednsula siguen desplazadas.<\/p>\n Las pandillas empeoran la situaci\u00f3n. El bloqueo de flamable que llevaron a cabo en octubre y noviembre interrumpi\u00f3 la entrega de asistencia y, durante casi dos meses, su management sobre la \u00fanica carretera desde Puerto Pr\u00edncipe hizo imposible que agencias de la ONU enviaran ayuda a la pen\u00ednsula por tierra, seg\u00fan inform\u00f3 la Oficina de Coordinaci\u00f3n de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Con escolta armada, los organismos pudieron reanudar los env\u00edos a principios de diciembre.<\/p>\n