\n<\/article>\n<\/aside>\nLos magistrados consideran que \u00abla informaci\u00f3n que ahora se ha solicitado cumple sobradamente las exigencias de prudencia\u00bb en lo tocante a la seguridad del inquilino de La Moncloa<\/strong>, por lo que \u00abdebe ser facilitada por no ser excesiva\u00bb.<\/p>\n\u00abEsta Sala es perfectamente consciente de las exigencia de sigilo y prudencia que rodean las cuestiones de seguridad, pero ello no puede ser un obst\u00e1culo para la aplicaci\u00f3n de la Ley de Transparencia\u00bb, esgrimen.<\/p>\n
Adem\u00e1s, desde\u00f1an el otro argumento expuesto por la Abogac\u00eda del Estado en su recurso de apelaci\u00f3n, donde aduce que la Ley de Transparencia<\/strong> permite rechazar las peticiones de informaci\u00f3n que impliquen reelaborarla.<\/p>\nA juicio de los magistrados, esta reelaboraci\u00f3n se refiere a \u00ablas peticiones de informaci\u00f3n excesivas\u00bb, algo que no aprecian en este caso por cuanto se trata de los viajes realizados por una sola persona dentro del territorio nacional en un corto periodo de tiempo con el detalle de los medios de transporte y las fechas.<\/p>\n
La abogac\u00eda aleg\u00f3 que podr\u00edan deducirse \u00abrutas habituales\u00bb<\/h2>\n De esta forma, la Sala<\/strong> confirma el fallo emitido el pasado 18 de noviembre donde el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo N\u00famero 2 ya respald\u00f3 al Consejo de Transparencia, con similares argumentos.<\/p>\nAs\u00ed, de un lado indic\u00f3 que \u00abcuesta entender\u00bb que Presidencia del Gobierno <\/strong>carezca de informaci\u00f3n sobre los desplazamientos privados de S\u00e1nchez en transporte oficial y, de otro, resolvi\u00f3 que dicha informaci\u00f3n \u00abno puede implicar ning\u00fan perjuicio a la seguridad del Estado o a la integridad de la autoridad que se desplaza, teniendo en cuenta que se trata de hechos ya acaecidos\u00bb.<\/p>\n\n\n<\/article>\n<\/aside>\nEn su recurso de apelaci\u00f3n, la Abogac\u00eda del Estado <\/strong>pretend\u00eda neutralizar esta petici\u00f3n de informaci\u00f3n alegando que hacerla p\u00fablica podr\u00eda suponer un \u00abperjuicio a la seguridad nacional\u00bb. En este sentido, razonaba que precisamente porque \u00abse trata de hechos acaecidos es por lo que podr\u00eda extraerse con facilidad informaci\u00f3n de rutinas o rutas habituales\u00bb en los traslados de S\u00e1nchez.<\/p>\nManifestaba igualmente que la solicitud formulada requiere \u00abuna acci\u00f3n previa de reelaboraci\u00f3n\u00bb, por tener que recopilar datos de distintos organismos, dado que la informaci\u00f3n sobre los viajes de S\u00e1nchez no estar\u00eda centralizada, y \u00abuna relevante labor de tratamiento jur\u00eddico de tales datos\u00bb, porque habr\u00eda que interpretar cu\u00e1ndo el desplazamiento o el dispositivo desplegado est\u00e1n justificados por raz\u00f3n del cargo.<\/p>\n
\u00abLa realidad es que los desplazamientos del presidente del Gobierno en su condici\u00f3n de jefe del Ejecutivo responden a un concepto mucho m\u00e1s amplio, identificable con los desplazamientos realizados por las obligaciones derivadas del desempe\u00f1o de sus funciones, y los realizados atendiendo a la naturaleza del cargo y a las necesidades de seguridad; todos ellos, conceptos jur\u00eddicos indeterminados\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
No obstante, la Sala ha descartado estos argumentos para desestimar el recurso de apelaci\u00f3n y confirmar dicha sentencia y la resoluci\u00f3n del Consejo de Transparencia, aunque la decisi\u00f3n de los magistrados a\u00fan puede recurrirse en casaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n