\n<\/p>\n
Fueron tres d\u00edas, entre el 23 y 25 de octubre de 2018<\/b>, en que los fiscales especialistas en drogas, Andr\u00e9s Iturra y Anatole Larrabeiti, y la entonces jefa de la Fiscal\u00eda de Las Condes, Lorena Parra<\/b>, hoy precise jefa regional de la Zona Metropolitana Oriente, participaron de una capacitaci\u00f3n en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos<\/b>. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Las Condes<\/b> que hizo los contactos con la fiscal del distrito de Georgia, Laurel Boatright,<\/b> con el prop\u00f3sito de capacitar sobre el proyecto \u201cDrug Market Intervention (DMI)<\/b>\u201d. \u00c9ste consiste en buscar alternativas de cumplimiento de condenas para quienes cometen delitos estando bajo los efectos de sustancias il\u00edcitas y as\u00ed poder intervenir involucrando tambi\u00e9n a la propia comunidad que se ve afectada por el microtr\u00e1fico.<\/p>\n
Al viaje a Atlanta tambi\u00e9n acudieron representantes de la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica y del Poder Judicial<\/b>, adem\u00e1s de vecinos y funcionarios de las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea, <\/b>quienes escucharon las exposiciones de fiscales de esa ciudad, autoridades de la polic\u00eda nacional de Estados Unidos y acad\u00e9micos de la Universidad de Michigan. El proyecto, de hecho, culmin\u00f3 en una actividad en que el fiscal Andr\u00e9s Iturra explic\u00f3 a la comunidad, estando tambi\u00e9n presentes infractores beneficiados por el programa, que ante una investigaci\u00f3n penal ellos tienen dos alternativas: \u201cllevarlos a ustedes a un juicio en que arriesguen penas que van desde los 541 d\u00edas, 18 meses de c\u00e1rcel, hasta los 5 a\u00f1os. Me imagino que esta no es una opci\u00f3n que ustedes les guste en este momento. Frente a este escenario, hay otra alternativa, otro ofrecimiento. Quiero que entiendan un poco que nuestra labor como fiscal\u00eda es investigar y perseguir delitos, llevarlos a juicio y buscar condenas. Nosotros el d\u00eda de hoy, estamos renunciando a eso, porque entendemos que hay un fin superior<\/b> que es liberar a una comunidad entera del problema de la droga\u201d.<\/p>\n\n
La ley impone a los fiscales jefe participar de los consejos de seguridad municipales con el prop\u00f3sito de entregar su visi\u00f3n sobre los conflictos en ese \u00e1mbito. Sin embargo, no contempla que los municipios est\u00e9n encargados de capacitar o pagar congresos en el extranjero a los persecutores<\/b>. A tres a\u00f1os de ese viaje, de hecho, se abre un flanco para la fiscal Parra, ya que ahora encabeza la repartici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico en que se desarrollan investigaciones por presuntos fraudes y desv\u00edos de caudales p\u00fablicos desde esos municipios a corporaciones<\/b> que se sustentan con presupuesto municipal. El viaje de los fiscales a Atlanta en 2018, seg\u00fan informaci\u00f3n a la que accedi\u00f3 La Tercera PM<\/b>, fue financiado \u00edntegramente por la Asociaci\u00f3n de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) y tuvo un costo de $ 1.989.255<\/b> por cada asistente.<\/b> lo que inclu\u00eda un pasaje a\u00e9reo ida y vuelta Santiago-Atlanta en cabina econ\u00f3mica y el alojamiento.<\/p>\n
Esta relaci\u00f3n entre Parra y las exadministraciones municipales ya hab\u00eda tenido efecto. Reci\u00e9n nombrada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, como sucesora de Manuel Guerra en la Fiscal\u00eda Regional Metropolitana Oriente, la m\u00e1xima autoridad del Ministerio P\u00fablico debi\u00f3 trasladar la investigaci\u00f3n por malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y lavado de dinero que se segu\u00eda contra el exalcalde de Vitacura<\/b> Ra\u00fal Torrealba por el \u201cestrecho v\u00ednculo profesional\u201d que exist\u00eda entre ella y el exjefe comunal q<\/a>ue hoy es blanco de la justicia. Por transparencia y objetividad<\/b>, se traspas\u00f3 el caso a la Fiscal\u00eda Regional Metropolitana Centro Norte.<\/p>\n