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A medida que se acumulaban pruebas que daban cada vez m\u00e1s peso al indicio de que el juez federal de Mendoza Walter Bento <\/strong>period \u201cel n\u00famero 1\u201d o \u201cel gran jefe\u201d al que tres abogados se refer\u00edan en sus comunicaciones telef\u00f3nicas para aludir a quien ten\u00eda la llave para que contrabandistas y narcotraficantes obtuvieran fallos beneficiosos a cambio de fuertes sumas de dinero<\/a>, el fiscal federal de C\u00e1mara Dante Vega y sus pares de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), Mario Villar y Mar\u00eda Laura Roteta, pusieron el foco en los ingresos del grupo acquainted <\/strong>del poderoso magistrado con competencia electoral en la mayor provincia cuyana, acusado de ser la cabeza de una asociaci\u00f3n il\u00edcita que cobraba coimas por favores procesales.<\/strong><\/p>\n As\u00ed, establecieron de manera primaria, que Bento; su esposa, Mar\u00eda Isabel Boiza <\/strong>(secretaria en el juzgado federal 3) y dos de los tres hijos del matrimonio -tambi\u00e9n empleados judiciales- adquirieron bienes, realizaron numerosos viajes y llevan un tres de vida muy por encima de lo que podr\u00edan costear con la suma de sus ingresos: $1,7 millones de pesos en salarios pagados por el Poder Judicial de la Naci\u00f3n y $6000 por una asignaci\u00f3n acquainted por hijo que paga la Anses, seg\u00fan el informe de la AFIP que consta en la causa.<\/p>\n Seg\u00fan public\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en su portal institucional fiscales.gob.ar<\/a>, en funci\u00f3n de la imputaci\u00f3n que el fiscal Vega hizo ante el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigd\u00e9ngolas, Bento y Boiza \u201cemplearon su sociedad conyugal para adquirir o vender numerosos bienes inmuebles y muebles y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificaci\u00f3n alguna\u201d, y \u201cutilizaron a sus hijos para canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y econ\u00f3micos y para que figuren como titulares de bienes\u201d.<\/strong><\/p>\n Los hijos del juez a\u00fan no fueron imputados -se espera, al respecto, el resultado de un peritaje contable-, pero \u201csu situaci\u00f3n fue comunicada a la C\u00e1mara Federal para que lleve a cabo las investigaciones administrativas que correspondan\u201d.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 la fiscal\u00eda que el matrimonio Bento-Boiza registra \u201cnumerosos viajes, preponderantemente a Miami y Nevada, de entre cinco y siete d\u00edas de duraci\u00f3n, por lo que se descarta que los mismos sean con fines de esparcimiento u otro fin l\u00edcito, lo que refuerza la configuraci\u00f3n de los delitos\u201d <\/strong>de enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos.<\/p>\n Vega y sus pares de la Procelac tambi\u00e9n compararon los informes patrimoniales del juez con competencia electoral en Mendoza y su esposa con la de los fiscales federales de primera instancia de la jurisdicci\u00f3n, \u201clo cual le permiti\u00f3 reforzar la convicci\u00f3n sobre las conductas del magistrado\u201d.<\/p>\n \u201cEl patrimonio de la familia superar\u00eda el monto total de los ingresos l\u00edcitos en concepto de sueldos, cobrados sucesivamente por los cuatro miembros de la familia desde su ingreso a las filas del Poder Judicial desde 1992<\/strong> [con rango de secretario] hasta la actualidad\u201d, indic\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n Bento asumi\u00f3 como juez en 2005. Seg\u00fan inform\u00f3 fiscales.gob.ar<\/a>, la informaci\u00f3n registral a su nombre indica que solo es titular de un bien: una camioneta. \u201cTanto \u00e9l como su esposa han utilizado las formas legales respectivas para distribuir entre sus hijos los numerosos bienes inmuebles y muebles que integran su patrimonio\u201d, concluy\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n La esposa de Bento est\u00e1 detenida desde ayer. El juez, en cambio, todav\u00eda cuenta con la protecci\u00f3n al arresto de los fueros que le provee el cargo<\/strong>. Como public\u00f3 ayer LA NACION<\/strong><\/a>, comenz\u00f3 a ser investigado luego de que la Fiscal\u00eda Federal N\u00b02 de Mendoza revelara las constancias de un peritaje al tel\u00e9fono de Walter Bardinella Donoso, <\/strong>un narcofinancista que estaba pr\u00f3fugo en una causa por el tr\u00e1fico de 400 kilos de marihuana. En ese celular aparec\u00edan mensajes entre el detenido y su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberaci\u00f3n de personas detenidas a disposici\u00f3n del Juzgado Federal N\u00b01. En numerosos mensajes de texto y de voz se alude al \u201cjuez\u201d, al \u201cn\u00famero 1\u201d o al \u201cgran jefe\u201d, en eventual referencia a Bento.<\/strong><\/p>\n Para investigar lo que aparec\u00eda como una asociaci\u00f3n il\u00edcita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales, los fiscales verificaron 300 causas por contrabando <\/strong>que tramitaban o lo hubieran hecho en los dos juzgados federales de Mendoza con competencia penal: el N\u00b01 y el N\u00b03. Ninguno de los casos sospechosos apareci\u00f3 en causas del juzgado federal N\u00b03. El titular del N\u00b01 period, justamente, Bento.<\/strong><\/p>\n Sostuvo Vega al presentar su acusaci\u00f3n ante el juez Puigd\u00e9ngolas: \u201cSu objetivo principal era lograr, a trav\u00e9s del pago de un soborno, la libertad espuria de personas detenidas a disposici\u00f3n del Juzgado Federal N\u00b01 de Mendoza o su desvinculaci\u00f3n del proceso. La consumaci\u00f3n de la maniobra variaba de acuerdo con el caso, pero se hac\u00eda siempre sobre la base del siguiente mecanismo: en una primera etapa se concretaba el soborno (com\u00fanmente expresado en el pago de sumas de dinero variables en d\u00f3lares estadounidenses) para que el beneficiario recuperara su libertad. Generalmente esta libertad iba seguida por la impunidad de hecho del sobornador, quien pod\u00eda terminar sobrese\u00eddo o, en la mayor\u00eda de los casos, beneficiado por el juez con una falta de m\u00e9rito o una calificaci\u00f3n legal de menor grado, que a su vez serv\u00edan de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad\u201d.<\/p>\n Luego de tomar m\u00faltiples testimonios, los fiscales concluyeron que hab\u00eda \u201cun factor com\u00fan que aglutina los testimonios de funcionarios aduaneros, polic\u00edas, abogados del foro y personas imputadas o condenadas: todos, sin excepci\u00f3n, han referido anomal\u00edas, irregularidades o directamente delitos cometidos en el tr\u00e1mite de ciertos expedientes ante el Juzgado Federal N\u00b01 de Mendoza\u201d.<\/strong><\/p>\n Public\u00f3 fiscales.gob.ar<\/a> que, seg\u00fan las pruebas obtenidas por la fiscal\u00eda, \u201cera com\u00fan que el arreglo se pactara de com\u00fan acuerdo entre el sobornador y los intermediarios, pero en otros casos se presionaba directamente al imputado y hasta a su familia con la amenaza de permanecer en prisi\u00f3n, de acuerdo a la voluntad del juez\u201d.<\/p>\nEl tel\u00e9fono del narco<\/h3>\n
El v\u00ednculo con Aliaga, secuestrado y asesinado<\/h3>\n