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El Instituto Nacional de Migraci\u00f3n (INM) clasific\u00f3 por cinco a\u00f1os sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas. <\/span>De las v\u00edctimas, 16 eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos<\/span><\/a>. Tras el hallazgo de los cuerpos fueron detenidos doce polic\u00edas estatales que est\u00e1n acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en documentos p\u00fablicos. En el lugar de los hechos apareci\u00f3 un veh\u00edculo Toyota Sequoia que hab\u00eda sido asegurado dos meses antes en El Escobedo, Nuevo Le\u00f3n, en un operativo contra migraci\u00f3n irregular. En relaci\u00f3n a estos hechos, el INM anunci\u00f3 que ocho de sus agentes hab\u00edan sido separados de sus cargos, sin dar m\u00e1s detalles. Ahora a\u00f1ade opacidad al suceso al reservar la informaci\u00f3n que obra en su poder.\u00a0<\/span><\/p>\n El 22 de enero fueron hallados en el ejido Santa Anita, Camargo, Tamaulipas, 19 cuerpos calcinados y tres veh\u00edculos con m\u00e1s de 100 impactos de bala. La mayor\u00eda de las v\u00edctimas, 16, eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos. Otros dos son mexicanos a quienes la Fiscal\u00eda Common de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) vincul\u00f3 con el tr\u00e1fico de personas a Estados Unidos y queda un cuerpo del que todav\u00eda no se ha hecho p\u00fablica su identidad. Tras la masacre, doce polic\u00edas estatales fueron detenidos, encarcelados y vinculados a proceso por los delitos de \u201chomicidio\u201d, \u201cabuso de autoridad\u201d y \u201cfalsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos\u201d.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Lee: Repatrian los restos de guatemaltecos, v\u00edctimas de masacre en Camargo, Tamaulipas<\/em><\/a><\/p>\n Animal Pol\u00edtico<\/em> solicit\u00f3 los expedientes de expulsi\u00f3n del cargo de los ocho servidores p\u00fablicos, sus curr\u00edculums y los documentos relacionados con el Toyota Sequoia que apareci\u00f3 en el lugar del crimen y que, presumiblemente, utilizaban los traficantes para transportar a los migrantes. El INM, sin embargo, reserv\u00f3 toda la informaci\u00f3n alegando que existen investigaciones en curso, tanto en el \u00d3rgano de Management de la instituci\u00f3n como en Fiscal\u00eda Common de la Rep\u00fablica (FGR) y Fiscal\u00eda Common del Estado (FGE).\u00a0<\/span><\/p>\n El argumento se mantiene en todas las solicitudes rechazadas: existen se est\u00e1 investigando y revelar detalles sobre los hechos podr\u00eda perjudicar a las pesquisas. \u201cLa difusi\u00f3n puede obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores p\u00fablicos investigados, adem\u00e1s se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos probablemente constitutivas de alg\u00fan delito que se tramitan ante el Ministerio P\u00fablico\u201d, cube el INM ante la petici\u00f3n del expediente sobre la expulsi\u00f3n de los ocho funcionarios.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Se trata de un <\/span>razonamiento similar al empleado por el Poder Judicial de Tamaulipas para clasificar las declaraciones de los 12 polic\u00edas detenidos tras el hallazgo de los cuerpos calcinados<\/span><\/a>. Los uniformados testificaron ante un juez de Ciudad Victoria los d\u00edas 2 y 8 de febrero. Tras prestar declaraci\u00f3n fueron vinculados a proceso y enviados a prisi\u00f3n mientras se desarrolla la investigaci\u00f3n complementaria, que concluir\u00e1 en agosto.\u00a0<\/span><\/p>\n Lo \u00fanico que ha trascendido sobre las pesquisas fueron las declaraciones del fiscal basic, Irving Barrios, en el momento de anunciar los arrestos. Barrios asegur\u00f3 que la masacre se produjo en el contexto del enfrentamiento entre grupos delictivos por el management del territorio y que se presupon\u00eda que los polic\u00edas modificaron la escena del crimen. No ofreci\u00f3 m\u00e1s detalles sobre el nivel de participaci\u00f3n que pudieron tener los oficiales o en qu\u00e9 circunstancias se produjo el ataque.<\/span><\/p>\n Los se\u00f1alamientos contra funcionarios del INM fueron formulados por primera vez por Olga S\u00e1nchez Cordero, secretaria de Gobernaci\u00f3n, el 1 de febrero, justo antes de conocerse el arresto de los polic\u00edas estatales. Posteriormente, Migraci\u00f3n anunci\u00f3 las destituciones, alegando incumplimientos administrativos y de protocolos. Adem\u00e1s, anunci\u00f3 una denuncia ante la FGR de la que no se volvi\u00f3 a tener noticia.\u00a0<\/span><\/p>\n Lee: Diputados guatemaltecos buscan reparaci\u00f3n para familias v\u00edctimas de masacre en Camargo<\/em><\/a><\/p>\n Lo que sabemos hasta ahora es que un veh\u00edculo, el Toyota Sequoia, fue interceptado el 5 de diciembre de 2020 en un operativo contra el tr\u00e1fico de personas en Nuevo Le\u00f3n en el que fueron detenidos 66 migrantes. Dos meses despu\u00e9s, el 22 de enero, el mismo veh\u00edculo aparece en el lugar donde fueron encontrados los 19 cuerpos, que se encontraban en tr\u00e1nsito a Estados Unidos. Esto motiv\u00f3 la destituci\u00f3n de estos ocho funcionarios del INM, de los que no se sabe si han sido acusados de alg\u00fan delito adem\u00e1s de las infracciones administrativas por las que perdieron su empleo.\u00a0<\/span><\/p>\n El papel de estos funcionarios en la masacre o en una posible crimson de coyotaje vinculada a los asesinatos es lo que deber\u00eda investigar la FGR. Aunque el INM cube que ya interpuso una denuncia, lo cierto que es la instituci\u00f3n que dirige Alejandro Gertz Manero nunca hizo referencia a que ya estuviese investigando los hechos. Es m\u00e1s, <\/span>el pasado jueves un juez de control de Ciudad Victoria decidi\u00f3 que deber\u00e1 abrirse una carpeta sobre los hechos para determinar si existen delitos federales<\/span><\/a>. Hasta el momento la investigaci\u00f3n estaba en manos de la fiscal\u00eda estatal, que es la que logr\u00f3 la aprehensi\u00f3n y vinculaci\u00f3n a proceso de los doce polic\u00edas tamaulipecos.\u00a0<\/span><\/p>\n Desde el momento en el que se conoci\u00f3 la masacre el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador rechaz\u00f3 los paralelismos con otras matanzas como la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. S\u00e1nchez Cordero insisti\u00f3 en que, en este caso, no habr\u00eda impunidad. Sin embargo, desde ese momento las autoridades federales trataron de no involucrarse en la investigaci\u00f3n y dejar los hechos como algo a resolver en Tamaulipas. El papel de los oficiales del INM es un cabo suelto que abre una l\u00ednea de investigaci\u00f3n mucho m\u00e1s amplia y que, por el momento, apenas se ha explorado.\u00a0<\/span><\/p>\n