Fecha:30/08/2018
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 1 de diciembre de 2016 el entonces ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas Maldonado, firmó con el entonces embajador de los Estados Unidos, James Walter Brewster, el acuerdo en relación a la pre-autorización en el transporte aéreo entre los dos países.
El acuerdo permitiría a los Estados Unidos instalar oficinas de migración, aduanas y otras agencias federales en territorio dominicano, para pre-autorizar vuelos desde nuestro territorio, y que las aeronaves entren a los Estados como si se tratara de vuelos internos.
Visto así, todo resulta grato y sería de gran estímulo para que los turistas norteamericanos se animen a escoger el territorio dominicano como destino turístico, y estimularía los viajes desde la República Dominicana a los Estados Unidos.
Pero el proyecto ha permanecido trabado cinco años en el Tribunal Constitucional, sin poder ser aprobado, para que luego sea refrendado, o no, por el Congreso Nacional e implementado por el Poder Ejecutivo.
Un proyecto tan hermoso tiene detalles que hasta el momento no han sido suficientemente explicados y debatidos, y solo cuatro jueces eméritos del Tribunal Constitucional, que dejaron sus asientos en diciembre de 2020, han denunciado que el problema de ese acuerdo se encuentra en los detalles, y que en los detalles estaría el infierno, y que dentro del infierno reina el demonio.
Todos los que han apoyado el acuerdo, que son muchos, lo hacen con un argumento común, que incrementará el turismo, ¿pero qué sucede si ese supuesto no es cierto? ¿Continuarían apoyando el acuerdo si realmente este no supone un importante apoyo al turismo o retirarían su apoyo por sentirse engañados?
Articulistas como Juan Lladó y José Lois Malkun han expresado puntos de vista divergentes sobre la pieza. Estados Unidos ha mantenido su interés en que se aprobara y ha continuado ampliando los acuerdos de pre-autorización de vuelos con otros países.
Katia Miguelina Jiménez, una de las magistradas eméritas del Tribunal Constitucional, preparó un informe en el que cube que la concept de Estados Unidos es evitar la entrada a su territorio de terroristas, narcotraficantes y personas no gratas, así como de refugiados, y por eso prefiere que los problemas les queden a los países que firmen estos acuerdos, entre ellos República Dominicana.
Los detalles del acuerdo
El acuerdo lo promueve la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para facilitar “vuelos idóneos” directos, sin escala, entre los países con los que se firme y los Estados Unidos.
De inmediato, el acuerdo escoge a un aeropuerto dominicano, privado, el de Punta Cana, como el único elegible en ese momento para iniciar la implementación del acuerdo, por ser el más grande en tráfico aéreo, “lo que convertiría a Punta Cana en un destino aún más atractivo para los turistas y pasajeros en general que viajan desde y hacia los Estados Unidos de América”.
Explica que la pre-autorización busca “hacer de Punta Cana y de la República Dominicana en general un destino más atractivo para viajes”. Es obvio que el acuerdo se vuelca en la promoción de los viajes, solo para el aeropuerto designado, dejando de lado a los demás aeropuertos dominicanos, incluyendo los estatales que desde el 2017 han reiterado su petición de ser incluidos en el arreglo, sin respuesta afirmativa ni negativa oficialmente de ninguna autoridad norteamericana. Cube el acuerdo que para agregar otro aeropuerto para realizar el pre-chequeo las partes podrán hacerlo “por escrito” y “mediante acuerdo mutuo”.
Aerodom y Romana han expresado el imperativo de que no sea un acuerdo que propicie ventajas competitivas prohibidas por la Constitución, ni sustraiga pasajeros que por lo atractivo del pre-clearence en territorio nacional se trasladen a viajar desde Punta Cana.
La pre-autorización es el permiso que otorgaría República Dominicana para que oficiales de migración de los Estados Unidos realicen el registro e inspección de viajeros, incluyendo registro corporal, y en donde decidirían si la persona tiene o no condiciones para entrar a territorio norteamericano. Si una persona es impedida de entrar a Estados Unidos se quedaría en territorio dominicano.
Compromisos de las autoridades
La República Dominicana se compromete a salvaguardar la seguridad del área de pre-autorización y deberá establecer los límites físicos del área de pre-autorización, respondiendo puntualmente a los oficiales de pre-autorización de Estados Unidos cuando expresen preocupación respecto a la integridad del área de trabajo. También permitir que los oficiales de EE.UU utilicen armas de fuego, dispositivos como esposas, pistolas eléctricas y macanas, así como el uso de uniformes y debe mantener oficiales dominicanos de aplicación de la ley de nuestro país para la protección de los oficiales de los EE.UU.
El gobierno deberá asegurar y disponer de todo materials radiológico o nuclear ilícito que sea detectado por los oficiales de los EE.UU, y brindar asistencia médica para los viajeros sujetos a pre-autorización que se sospeche que sufren de alguna enfermedad transmisible.
El gobierno dominicano se compromete a brindar un alto estándar de seguridad para el área de pre-autorización, proteger las áreas e instalaciones de los oficiales de los EE.UU, incluyendo archivos y documentos oficiales utilizados por los oficiales, así como prevenir cualquier disturbio o intrusión.
El acuerdo reconoce que aunque se haya realizado el pre-chequeo los pasajeros “están sujetos a una nueva inspección de seguridad aérea a su llegada a los Estados Unidos”, excepto en circunstancias mutuamente convenidas por las partes.
El acuerdo es minucioso en los detalles respecto al trabajo que realizarán los oficiales de migración de los EE.UU en territorio dominicano, y la protección de que deben ser provistos por las autoridades dominicanas.
Lo que debe aportar el aeropuerto
El capítulo V del acuerdo cube que la operadora del aeropuerto, en este caso Punta Cana, debe proporcionar el área de pre-autorización, incluidas las instalaciones y todo el equipo operacional de seguridad, comunicación, información tecnológica, equipo de detección de radiación, y cumplir con los estándares de diseño técnico de los EE.UU.
También debe permitir la instalación y operación por parte de los EE.UU de los equipos y elementos que ese país considere necesarios para la operación efectiva de la pre-autorización.
En 6 de junio de 2013, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aprobó por unanimidad una enmienda en el marco del debate de la Ley de Apropiaciones de Seguridad del Año Fiscal 2014, mediante la cual se prohibía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el uso de recursos de los contribuyentes para la instalación de una operación de pre-clearence en el aeropuerto de Abu Dhabi.
En consecuencia, el operador del aeropuerto deberá pagar a los EE.UU “todos los costos asociados con la prestación del servicio de pre-autorización”. Dichos costos incluirían salarios, gastos, costos de reubicación de oficiales de pre-autorización y otro private del gobierno de los EE.UU, y cubrir “la compra, instalación, mantenimiento y operación por parte de los Estados Unidos de equipos y elementos no previstos…según sea considerado necesario por los Estados Unidos para proporcionar el servicio de pre-autorización, y los costos administrativos de la prestación del servicio de pre-autorización”.
De acuerdo a cables oficiales que pueden ser localizados en Wikileaks, en agosto de 2009, el subjefe de Misión y Consejero Económico Político (DCM) de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, expuso que tras consultar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Washington el coste promedio de desplegar un empleado en el extranjero period de US$ 400,000 por año.
Según anunció el embajador Brewster en octubre de 2015, alrededor de 50 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) serían desplegados en la República Dominicana como para formar parte del procedimiento a implementar en el Aeropuerto de Punta Cana.
Si las estimaciones son correctas, el coste de la implementación del programa de pre-clearence es de aproximadamente US$ 20 millones al año, a los que habría que añadir el costo de infraestructuras y equipamiento requeridos para su puesta en marcha. Teniendo en cuenta que deberá ser el aeropuerto de Punta Cana quien se haga cargo de estos gastos, surgen dos preguntas que intentaremos responder en posteriores entregas: ¿qué beneficio obtiene el aeropuerto para que se compense ese costo? Y ¿ Repercutirá en el pasajero el coste de esta operación?
Los propietarios y gerentes de uno de los aeropuertos más importantes de la región norte del país informaron a este diario que ese costo period imposible de cubrir, y que por esa razón estaban totalmente desinteresados en el tema.
También aseguran privilegios e inmunidades
El acuerdo obliga a la República Dominicana a conceder a los ciudadanos norteamericanos, empleados del gobierno de los Estados Unidos asignados a labores en conexión con el pacto, y a sus descendientes, “privilegios e inmunidades equivalentes a los concedidos al personal administrativo y técnico de una misión diplomática”, de conformidad con la Convención de Viena.
El gobierno dominicano se obliga a entregar de manera expedita a cada empleado de los EE.UU que trabaje en labores de pre-autorización, así como a sus dependientes la exoneración del pago de todo impuesto y tributo aplicable en su territorio. También podrán gozar de la exoneración de cargos por autorización de empleo y educación en la República Dominicana.
Los EE.UU “podrán aplicar y hacer cumplir cualquiera de sus leyes y regulaciones aduanales, migratorias, agrícolas, de seguridad nacional y de salud pública a las aeronaves, viajeros, bienes y artículos de la tienda de aeronaves en el proceso de pre-autorización en la República Dominicana”, cube el documento.
El acuerdo tiene un anexo sobre los compromisos de la República Dominicana con las personas refugiadas y como salvedad por los acuerdos internacionales de los que nuestro país ha sido signatario. Esto incluye la Convención de Refugiados de 1951 y el Protocolo de Refugiados de 1967.
El documento se encuentra desde diciembre del 2016 en los archivos del Tribunal Constitucional. Se desconoce la cantidad de veces que ha sido sometido a votación, probablemente más de cinco ocasiones, pero vuelve a los archivos sin obtener los votos necesarios para darse por aprobado.
En la entrega de mañana trataremos de los esfuerzos realizados por Danilo Medina y su gobierno para conseguir, sin éxito, la aprobación por parte del Tribunal Constitucional del acuerdo firmado.
” Fuentes acento.com.do ”
