El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que no va a autorizar la Alianza Público-Privada (APP) para la operación y mantenimiento de los muelles de cruceros si este acuerdo contraviene su orden ejecutiva que prohíbe hacer negocios con intereses rusos o la reglamentación federal.
En una declaración enviada a este diario, Pierluisi indicó que el pueblo de Puerto Rico “puede estar tranquilo” en que no avalará ninguna concesión público privada que atente contra sus directrices y su política de apoyo al pueblo ucraniano, que experimenta una tragedia humana por causa de la segunda invasión de Rusia, en una guerra que ya marca casi seis meses.
“Durante toda mi trayectoria pública he fomentado que el gobierno de Puerto Rico tenga las mejores relaciones posibles con el gobierno de Estados Unidos”, indicó el primer ejecutivo, quien se encuentra en la capital federal para insertarse en los procesos relacionados al proyecto congresional que busca resolver la situación jurídico política de la isla.
“La orden ejecutiva que emití prohibiendo a instrumentalidades del gobierno tener relaciones contractuales con cualquier empresa domiciliada en Rusia o que apoye a Rusia en su invasión a Ucrania está dirigida, precisamente, a alinear la política pública de Puerto Rico con la de Estados Unidos ante el conflicto en Ucrania”, sostuvo.
“En cuanto a la posible (APP) para operación y mantenimiento de nuestros puertos turísticos, el pueblo puede estar tranquilo que no voy a autorizar la misma si esta contraviene tanto mi orden ejecutiva como cualquier reglamentación del gobierno federal”, indicó Pierluisi.
Este miércoles, El Nuevo Día reveló que International Yatirim Holdings (GLYHO), matriz de International Ports Holdings (GPH), la empresa que se alega tendrá a su cargo los muelles de crucero de la bahía de San Juan mediante una APP de al menos 30 años, tiene entre sus accionistas a VTB Financial institution, el segundo banco más grande de Rusia. Esta institución financiera, en parte, propiedad del gobierno ruso fue sancionada por Estados Unidos en febrero pasado, luego de que el gobierno de Vladímir Putin invadiera -por segunda ocasión- a Ucrania, sin justificación alguna.
Luego de que el presidente Joe Biden emitiera la orden ejecutiva 13662 para que la Oficina de Management de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) -adscrita al Tesoro estadounidense– instrumentara las sanciones, en Puerto Rico, Pierluisi tomó un curso de acción parecido.
El pasado 4 de marzo, el mandatario firmó la orden ejecutiva 2022-018 para establecer que ninguna agencia del gobierno podía entablar negociaciones o relaciones contractuales con cualquier institución o empresa, cuya sede se encuentre en la Federación Rusa o provea asistencia “al gobierno ruso en sus esfuerzos de invadir al país soberano de Ucrania sea con fines de lucro o en especie” o con “establecimiento comercial entiéndose cualquier local, tienda o lugar análogo en el que se lleve a cabo cualquier tipo de operación comercial o actos de comercio de venta o transferencia de artículos”.
También prohibió el estipendio de bebidas alcohólicas o la entrada de productos de origen ruso y exhortó al sector privado a hacer lo mismo.
“Además, se ordena a todas las agendas a revisar si tienen inversiones o contratos vigentes, incluyendo a sus suplidores, con alguna entidad rusa colaboradora. En la medida en que sea practicable y no se incumplan con normas federales, las agencias deberán cancelar todo contrato, inversión o compras en proceso que sean con una entidad rusa colaboradora y deberán optar par contratistas y suplidores distintos”, reza la orden ejecutiva de Pierluisi.
La semana pasada, este diario reseñó que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) había completado las negociaciones con el proponente seleccionado para operar los muelles de crucero, pero no confirmó si, en efecto, GPH es la empresa seleccionada.
El contrato está bajo la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El Nuevo Día preguntó a la AAPP si conocía de la estructura corporativa de GLYHO y la participación de VTB Financial institution, en la empresa matriz dueña de GPH.
A ello, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, indicó que “en virtud de la Ley 29-2009, los procesos de licitación que lidera la AAPP exigen que los participantes divulguen la información relacionada a sus estructuras corporativas”.
“Tanto el proceso como los participantes se rigen por las leyes y reglamentos locales y federales aplicables. El cumplimiento con el marco legal y regulatorio correspondiente es parte del due diligence”, indicó Fontanés Gómez, al no confirmar o negar si el gobierno conocía del asunto.
Si bien Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y decenas de países han sancionado empresas o intereses rusos, Turquía no ha impuesto sanciones contra Rusia y se ha convertido en el lugar de negociaciones entre Rusia y Ucrania, como el acuerdo reciente para facilitar que Ucrania exporte sus granos y así evitar una disaster alimentaria world.
Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, múltiples reseñas en publicaciones financieras estadounidenses y europeas han establecido que oligarcas y figuras relacionadas al gobierno de Putin han recurrido a Turquía para trasladar sus fortunas, mover yates a aguas de ese país y comprar propiedades allí para evitar que sus bienes sean confiscados por Estados Unidos y otros gobiernos.
” Fuentes www.elnuevodia.com ”
