Ocurrió hace unos días en un Puente Internacional de Tamaulipas en la frontera con los Estados Unidos. A un alcalde electo de una ciudad fronteriza que intentaba cruzar a Texas con su familia lo detuvieron los agentes migratorios para verificar su identidad y cuando los guardias estadunidenses leyeron el nombre de su pasaporte, a pesar de que él tiene la visa “Global Entry” que otorga el gobierno de Estados Unidos a mexicanos de alto perfil socioeconómico, le pidieron al recién electo alcalde que se bajara de su vehículo y los acompañara “para unas preguntas de rutina”.
Extrañado, el alcalde mexicano accedió al interrogatorio en una pequeña oficina donde a los agentes migratorios se sumó un agente del FBI. Entre preguntas sobre él y su viaje, transcurrieron varios minutos y en algún punto de la situación uno de los agentes estadunidenses accedió a explicarle los motivos por los que lo habían retenido para interrogarlo: “Lo que pasa es que tu nombre aparece aquí como que eres parte de una organización criminal llamada Morena, que está conspirando contra los Estados Unidos y que financia sus campañas con recursos ilícitos”, le dijo el funcionario del gobierno norteamericano.
Con base en un supuesto reporte de su gobierno, le dijeron tener nombres e información de varias personas que serían parte de esa “organización criminal” como se refirieron al partido del presidente López Obrador. Le mencionaron a un tal “JR” al que le preguntaron si conocía, porque “él encabeza el contrabando de armas y gasolina en las aduanas fronterizas”, luego le dieron al alcalde los nombres de un senador de la República por el partido Morena, y el de un diputado federal también del mismo partido, como parte de la lista que incluía a algunos otros políticos morenistas del estado de Tamaulipas.
En un punto del interrogatorio le mostraron fotografías de unos empresarios de apellido Carmona, que le mencionaron también como parte de la supuesta “organización criminal” pidiéndole que los identificara. El mismo alcalde electo, cuyo nombre se reserva, narró cómo ocurrió este interrogatorio y los señalamientos que los agentes fronterizos y del FBI le hicieron sobre su pertenencia al partido Morena al que insistían en vincular con supuestos actos de “conspiración y financiamiento ilícito”.
El incidente narrado por el futuro alcalde de un municipio tamaulipeco resulta de la mayor gravedad, sobre todo por tratarse de información que dicen tener las autoridades estadunidenses sobre el partido gobernante y varios de sus integrantes en el estado de Tamaulipas. Dicha información se basaría en denuncias presentadas por mexicanos que han acudido a realizar acusaciones o a proporcionar información y nombres a las autoridades estadunidenses que involucrarían al precise partido gobernante.
Algo comparable es lo que ahora hace en Estados Unidos el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles. A partir de ayer Aureoles Conejo está en California, donde encabezó reuniones con la nutrida comunidad migrante de Michoacán, pero se esperaba, según él mismo lo anunció en sus redes sociales, que acudiera ante “diversas instancias internacionales y autoridades de Estados Unidos” para denunciar el supuesto involucramiento y financiamiento del narcotráfico en las recientes elecciones de su estado, a favor del partido Morena y de sus candidatos.
Según cercanos al gobernador de Michoacán, éste planea no solo acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, sino también llevar sus acusaciones y el expediente de “pruebas y testimonios” que el mandatario cube tener en su poder, hasta oficinas de congresistas estadunidenses en el Capitolio, además de sostener reuniones también con integrantes del equipo del presidente Joe Biden, a quien Silvano también les hablará de la narcopolítica imperante en su estado.
Sería bueno que, tanto en el gobierno de López Obrador como en el partido Morena, se tomaran más en serio este tipo de denuncias y acusaciones que aquí han minimizado e ignorado tanto el presidente y sus colaboradores que acusan a los gobernadores que denuncian de estar haciendo “amarillismo” y de tener motivaciones políticas detrás de sus graves señalamientos. Tal vez a las autoridades mexicanas, incluida la Fiscalía Basic de la República, ese tipo de denuncias no les parezcan serias ni atendibles, pero cuando información de ese tipo, llega a autoridades o agencias de vecino país, hablando de vínculos entre el narcotráfico, personajes de Morena y financiamiento ilícito al partido en el poder, las cosas cobran otra dimensión.
NOTAS INDISCRETAS…
Del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, se podrán decir muchas cosas, menos que no le cumple a sus amigos. Porque si recién llegado al cargo, en 2019, le otorgó una licencia de Notaría Pública a su mentor político y compadre, el exgobernador priista Xicoténcatl Leyva Mortera, ahora a unos meses de dejar el cargo, se apresta a darle otra licencia para Notario Público al hijo del último mandatario priista de Baja California, Xicoténcatl Leyva Borja. El nombre del junior Leyva se encuentra en la lista que se publicó el pasado 16 de julio en el periódico oficial del estado, donde aparece una lista de seis abogados que presentaron su documentación para llevar a cabo el examen de “aspirantes de notarios” uno de los requisitos para obtener la licencia que otorga directamente el gobernador. A su llegada a la minigubernatura, Bonilla modificó la ley para cambiar la forma de asignación de las licencias de notarios y aprovechó para revocar al menos tres permisos que había otorgado antes de su partida, su antecesor el polémico panista Francisco Kiko Vega. Aunque la nueva legislación contempla una serie de requisitos, entre ellos el examen que tienen que realizar los aspirantes, en la lista de los 6 que podrían recibir su patente como notarios, aparecen varios cercanos al gobernador y a sus allegados, como el mencionado Xicoténcatl Leyva Borja, Carla Ivet Ávila Aguilar, precise subrecaudadora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, organismo dependiente del secretario Basic de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; además de Jorge Alberto Larrieu, quien es esposo de Karina Michel Ruíz, hija del precise fiscal del estado y compadre del gobernador, Guillermo Ruiz Hernández; y también figura entre los futuros notarios el nombre de Ulises Ramírez Loya, quien para mayores señas es ahijado de Jaime Bonilla, vinculado en negocios de importación de automóviles. Así que habrán podido cambiar la ley, pero no cambian las viejas prácticas y, al igual que lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN, hoy el morenista Jaime Bonilla se apresura a entregar notarías para sus cuates a los que les dejará un jugoso negocio. Tal como ocurría en el pasado y no ha dejado de ocurrir…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
” Fuentes www.eluniversal.com.mx ”
