La Guardia Civil siguió muy de cerca los viajes que algunos de los imputados en la causa sobre el «CNI catalán» hicieron a Bélgica en aras de preparar una república digital en 2019 tras el fracaso del referéndum independentista de 2017 y el posterior juicio del «procés» en 2018. Los agentes pusieron todos sus medios para evitar lo que consideraban una «grave» amenaza para el Estado y ello incluyó la utilización de un «software program» tipo Pegasus que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón autorizó durante meses para cuatro de los investigados.
Dos años después del intento de independencia y con el expresident Carles Puigdemont fugado de la Justicia, toda una estructura de voluntarios y medios técnicos en Cataluña seguía fraguándose para «provocar una desconexión tecnológica del Estado». Así se expone en distintos informes de la Jefatura de Información de Cataluña del Instituto Armado en los que se pide introducir un «software program que permita de forma remota y telemática el examen a distancia y sin conocimiento de los investigados del contenido del dispositivo móvil utilizado por los mismos».
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