La resolución del ente público del Gobierno central, que podría demorarse hasta seis meses, tiempo al que habrá que añadir la posterior sentencia del TSJ, suspenderán en la práctica durante todo ese tiempo la hoja de ruta trazada para la construcción de la citada infraestructura, adjudicada a Baleària y donde están previstas unas inversiones de 37 millones de euros.
La empresa del naviero Vicente Boluda se benefició de una permuta de concesiones derivada del proyecto de ampliación del puerto, sobre la que un informe de Intervención del Estado y la Abogacía consideran que hay «suficientes indicios de ilegalidad». A partir de ahora, un juez deberá indicar si la decisión de la APV de rescatar la precise concesión de Boluda -que caducaba en 2027 y donde tiene su sede central- para otorgarle otro espacio de 4.700 metros cuadrados en otro espacio está ajustada a derecho. Esta nueva concesión administrativa se dio en la zona de poniente del Puerto de València, con destino a dos edificios de oficinas y zona de aparcamiento por un periodo de 35 años, según acordó la Autoridad Portuaria el pasado 20 de diciembre de 2018.
Tras el maratoniano consejo de ayer, al que asistió el naviero Vicente Boluda pero no se pronunció sobre el citado punto del orden del día para evitar un conflicto de intereses, Martínez destacó que «la APV siempre ha actuado con informes jurídicos y técnicos y así lo va a seguir haciendo. Somos extremadamente escrupulosos al pedir esos informes. Ahora estamos en esta línea porque es la que nos han marcado desde la Abogacía del Estado», puntualizó.
Las serias discrepancias existentes entre los informes sobre los que la APV basó el rescate de concesiones de titularidad de Unión Naval de Valencia en el recinto portuario valenciano para la construcción de la nueva terminal de cruceros y el informe emitido por la Abogacía del Estado, ha desatado las críticas de parte del Govern del Botànic, en concreto Podemos, así como de colectivos como la Comissió Ciutat-Port, quienes han pedido la dimisión de Martínez como presidente de Valenciaport por las posibles irregularidades en la concesión a Boluda.
A este respecto, el máximo dirigente de la APV comentó ayer que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «sabe que mi cargo está a su disposición desde el primer día, cuando ya le dije que me fuese buscando sustituto. Si él piensa que me tiene que sustituir, ningún problema», agregó tras defender la «meticulosidad» del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València a la hora de seguir las indicaciones legales.
Organizaciones ecologistas y vecinales han impulsado la creación del nuevo Consell Ciutadà d’Administració del Port. El objetivo de este órgano es que la ciudadanía decida «qué puerto y ciudad» quiere, frente a la «carencia de sostenibilidad, transparencia y representatividad». #FridaysForFuture, Extinction Rebel y la Comissió Ciutat-Puerto están detrás de esta entidad formada por también por Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, la plataforma El Litoral Per al Poble, València Saludable y otros colectivos de la ciudad.
El proyecto definitivo de ampliación norte se retrasa a septiembre
La redacción del proyecto constructivo y su posterior licitación para poner en marcha la nueva terminal del contenedores, ubicada en la ampliación norte, sufre su enésimo retraso. Según Martínez, se podría tener el proyecto para la ampliación «a principios o mediados de septiembre» y aseguró que cumplirá con lo pedido por Puertos del Estado en cuanto a vertidos y destino de materials sobrante de las demoliciones previstas.
” Fuentes www.levante-emv.com ”
