El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene en vilo a buena parte del sector turístico español. Quedan pocos días para finalizar febrero y aún no ha decidido si prorrogará los actuales pliegos de los programas de turismo y de termalismo del Imserso de cara a la temporada 2023/2024 o si, en cambio, convocará un nuevo concurso para frenar la avalancha de quejas de unos hoteles que llevan dos años perdiendo dinero a espuertas con el programa por la negativa de la ministra de Unidas Podemos, Ione Belarra, a adaptar los precios a la inflación.
Ahora, ha sido el propio Gobierno el que ha terminado de disparar la incertidumbre que ya tenían las empresas. Tras meses de repetidas evasivas para no responder sobre su plan de futuro a corto plazo con el programa, el Ejecutivo se ha pronunciado por primera vez. En una respuesta por escrito al diputado por Alicante y responsable de turismo del PP, Agustín Almodóbar, el Gobierno señala que comunicará la decisión sobre la ejecución o no de la prórroga de los actuales pliegos «a su debido tiempo. Se adoptarán las decisiones oportunas al respecto, con los elementos precisos para hacerlo, tras valorar diversos aspectos relevantes», aseguran en la contestación fechada a pasado día 13. Unas palabras que no han sentado bien en el sector al entenderlas como otra patada hacia adelante que no resuelve las dudas de las compañías que dependen del programa.
Y es que el tiempo apremia para adoptar una resolución. Si Derechos Sociales opta por convocar un nuevo concurso debería hacerlo en los próximos días, señalan fuentes del sector a este periódico. Porque una nueva licitación implicaría la creación de nuevas condiciones, su publicación y el propio proceso de presentaciones por las compañías interesadas en hacerse con los tres lotes (costa peninsular, costa insular e inside), además de su adjudicación. Un trámite que además no es raro que caiga en un proceso de impugnaciones, lo que podría retrasar su inicio.
Lo idóneo, señalan, es que para poder dar el pistoletazo de salida a tiempo, los pliegos estén listos antes del verano. De lo contrario, es muy possible que la próxima temporada no pueda arrancar en septiembre. La decisión tiene en vilo a los hoteles participantes pero, sobre todo, a Mundiplan (UTE entre Iberia, IAG7 y Alsa, poseedor precise de los dos lotes de costa) y a Turismo Social (Ávoris, lote de inside). En la misma respuesta parlamentaria al PP, el Gobierno cube que «la comunicación a los actuales adjudicatarios sobre la ejecución o no de la última prórroga se realizará en su momento». Algo que no ha sucedido a día de hoy, según confirman a este periódico fuentes de Ávoris.
A las actuales adjudicatarias les preocupan los precios actuales, pero no tienen ningún inconveniente en que se ejecute la última prórroga de los pliegos, ya que el impacto de la inflación para ellos es mucho menor que para los hoteles. Son estos últimos los que de verdad están desarrollando la temporada precise con muchas dificultades. A la coyuntura de precios altos en energía, alimentos y otros suministros, se suma el alza de los costes laborales acuciada ahora por una nueva subida del salario mínimo. Un contexto muy lejano a la rentabilidad para unas empresas que necesitan del programa para sobrevivir en otoño e invierno y mantener el empleo en zonas que dependen de la estacionalidad del turismo.
A 22 euros
Los hoteles que trabajan con el programa de turismo para mayores no recuerdan una temporada tan ajustada como la que están viviendo. Por 22 euros persona y día tienen que ofrecer alojamiento, pensión completa, agua, vino, wifi y todos los servicios de un lodge de cuatro estrellas. Algo que ocurre cuando el punto muerto de rentabilidad para ellos (precio con el que no ganan ni pierden) está alrededor de los 40 euros.
¿Por qué siguen trabajando con los adjudicatarios del programa si pierden dinero? Para muchos establecimientos hoteleros se trata del principal sustento que tienen para no cerrar sus puertas en invierno y poder seguir ingresando todo el año. No es cuestión de sacar dinero del programa, sino de que este no le produzca pérdidas. La llegada de los viajeros sénior históricamente ha servido a los hoteles para cubrir buena parte de su planta en la temporada baja y así poder ofrecer todos los servicios a la escasa demanda de turistas que visitan el litoral español en los meses más fríos. Con estos últimos son con los que aspiran a ganar algo de dinero.
Del mismo modo, el programa de viajes para mayores también es primordial para mantener el empleo durante esos meses. Se nutren las localidades que dependen del turismo, pero ahora más que nunca los hoteles, que en los últimos años sufren grandes problemas para encontrar trabajadores por la fuga a otros sectores que dejó el estallido de la pandemia en 2020. Permanecer abiertos en invierno sirve como incentivo para retener el talento, ya que logra desestacionalizar los puestos de trabajo.
Con todo, no son pocas las empresas que se han planteado dejar de lado al programa. En Benidorm, localidad a la que se destina el 20% de las plazas de los viajes del Imserso (150.000 este año), los hoteleros amagaron el pasado verano con llevar a cabo un boicot al programa como protesta a la negativa de Belarra a actualizar los precios. La patronal Hosbec incluso llegó a plantear un programa paralelo con otras asociaciones de personas mayores, hasta que la Generalitat Valenciana salió al rescate y aprobó varias subvenciones para complementar el dinero que Podemos no quería aumentar. Una escena que está abocada a repetirse si Derechos Sociales no convoca un nuevo concurso.
En la estacada también está el programa de termalismo. Su caso es aún más peliagudo. Los balnearios firman de manera particular person y directa el contrato de servicio con el Imserso y de ejecutarse la prórroga se verán abocados a trabajar hasta 2025 con los precios de 2021.
Al tratarse de un contrato con la Administración, están obligados a ejecutarlo y, si no lo hacen, se enfrentan a una sanción administrativa y a no poder trabajar con el programa en los años siguientes. Cosa que ya ha sucedido en contados casos, pero que podría extenderse si no se actualizan las condiciones.
Los más de 90 establecimientos que trabajan con termalismo generan 10.000 empleos directos e indirectos para la España despoblada. La Asociación Nacional de Balnearios (Anbal) pide que se aumenten las tarifas conforme a la subida del IPC.
” Fuentes www.abc.es ”
