El fantasma de la ley Helms-Burton vuelve a meter el miedo en el cuerpo a las empresas extranjeras con intereses en Cuba, entre ellas muchas españolas. Un juzgado de Florida ha desestimado los recursos presentados por cuatro grandes navieras (Carnival, MSC, Norwegian y Royal Caribbean) a la demanda de Havana Docks Company, una firma estadounidense que las acusa de ‘traficar’ con la terminal de cruceros de La Habana entre 2016 y 2019, ya que se trata de un bien confiscado por el régimen de Fidel Castro desde 1960
Reclamación certificada
La decisión provocará que se celebre un juicio con jurado en mayo, en el que las empresas corren el riesgo de verse obligadas al pago de una indemnización millonaria. En la demanda admitida a trámite, Havana Docks Company aseguraba que sufrió una pérdida de 9,2 millones de dólares en el citado período, a lo que habría que añadir un 6% de interés anual. Ignacio Aparicio, director del Cuban Desk de Andersen, recalca que al ser una reclamación certificada por el Departamento de Justicia de EE UU, el valor de la indemnización podría superar los 10 millones de euros (si el tráfico se limita a los tres años demandados) e incluso multiplicarse por tres hasta los 30 millones de euros si se prueba que en esos tres años se siguió traficando con los bienes. “La jueza desestimó los recursos de las compañías al contrastar que hicieron uso de la terminal expropiada con fines turísticos a cambio de rendimientos económicos, por lo que cometieron actos de tráfico”, asegura Aparicio.
Asimismo destaca el hecho de que las demandadas tuvieran conocimiento de la Ley Helms Burton desde 1996 y que pudieran haber tenido conocimiento de la reclamación conlleva a que sus acciones se califiquen bajo el tipo de “a sabiendas e intencionadamente” pues continuaron empleando dicha terminal hasta mayo y junio de 2019.
14.000 demandas
El capítulo tercero de la ley Helms-Burton, que regula el embargo estadounidense en Cuba, facultaba a cualquier ciudadano de EE UU a demandar en los tribunales a cualquier persona o entidad que hubiera “traficado” con activos nacionalizados por el régimen de Fidel Castro. Ese capítulo se mantuvo sin activar durante las presidencias de Invoice Clinton, George W.Bush, Barack Obama e incluso durante la primera parte de la legislatura de Donald Trump. Ya en la segunda optó por activarlo y eso provocó un alud de 14.000 demandas (8.000 certificadas por el Departamento de Justicia de EE UU y otras 6.000 sin certificar) que afectaron a empresas extranjeras que operaban en territorio cubano. El director del Cuban Desk de Andersen destaca, no obstante, el escaso recorrido judicial que han tenido hasta el momento. A finales de 2021 solo había 36 demandas en curso, de las que cuatro se habían desestimado y el resto estaba en apelación. “No se ha condenado a nadie por traficar con bienes, pero sí se aprecia un mayor temor en las empresas a la hora de invertir en Cuba. Se lo piensan mucho más y tienen que analizar en profundidad las consecuencias que puede traer”.
Recuperación
Ese clima de hostilidad a al inversión extranjera generado por las demandas desde EE UU contrasta con la buena sintonia entre el Ejecutivo cubano y las empresas españolas, hecho público tras la reapertura de las fronteras en Cuba el pasado 15 de noviembre de 2021. Meliá e Iberostar consideran prioritarias las inversiones en la isla y buena prueba de ello es la apertura de nuevas rutas aéreas de W2M, el operador turístico de Iberostar, entre Madrid y La Habana. De hecho, el fundador de Iberostar, Miguel Fluxá, viajó en el primer vuelo.
El impacto en las empresas españolas
Hoteleras. Meliá e Iberostar han sido las hoteleras españolas más afectadas por las reclamaciones realizadas desde EE UU apelando al título tercero de la ley Helms Burton, ya que son las que más presencia tienen en el archipiélago, con 32 y 16 hoteles, respectivamente. Hasta ahora todas las demandas han sido desestimadas.
Prohibición. El mayor impacto hasta ahora para los intereses españoles fue la prohibición de entrar en suelo estadounidense a Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá, desde el 25 de noviembre de 2019, al negarse Meliá a compensar a una familia cubana emigrada a EE UU por “beneficiarse” de suelo nacionalizado por el castrismo en Holguin, el que estaban situados dos hoteles que estaban siendo gestionados por Meliá y que son propiedad de la estatal Gaviota.
” Fuentes cincodias.elpais.com ”
