El fiscal del caso, Fernando Romano, decidió que no los imputará en esta instancia. Lo que resolvió, en cambio, fue solicitar la aplicación de medidas limitativas de la libertad, como la fijación de domicilio o imposibilidad de salir del país, según indicaron desde Fiscalía.
La intención de Romano es tenerlos a disposición mientras la investigación continúa. El fiscal dijo a El Observador descartó tomar una cuarta medida limitativa de no comunicación con las víctimas por la cantidad de afectados que engloba la causa: hasta finales de setiembre Fiscalía contaba con 777 denuncias, por un whole de US$ 910 mil.
El caso también continúa por la vía civil y la administrativa. En el primer ámbito la Justicia declaró el concurso de Transhotel y desplazó a sus autoridades, según la resolución a la que accedió El Observador, y suspendió la legitimación de sus responsables para disponer cualquier decisión.
Fuentes de la defensa de las víctimas confirmaron a El Observador que la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) fue designada para dirigir el concurso. Todavía resta saber quién será el síndico encargado de controlar la situación.
En el ámbito administrativo, el Ministerio de Turismo pidió el cierre definitivo de Transhotel a principios de octubre. La cartera busca que se concrete la clausura de la agencia para comenzar con el reparto de la garantía que la empresa depositó en la cartera para casos de este tipo, y que asciende a un whole de US$ 285 mil.
Este monto, que en Turismo saben no alcanzará al whole de pérdidas, será repartido en un prorrateo entre todas las personas que denunciaron a la empresa, a través del Banco de Seguros del Estado.
En las últimas semanas el Ministerio avanzó con el estudio de las 773 denuncias que recibió. La cartera confirmará las pérdidas de cada caso que presenten pruebas pertinentes, para que luego se pueda repartir el dinero, algo que entienden puede llevar meses.
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