Cuatro compañías internacionales de cruceros ganaron más de $1,115 millones de dólares por sus servicios en viajes a Cuba entre 2016 y 2019, lo cual implicó presuntos contratos ilegales con agencias gubernamentales cubanas en violación de las regulaciones del embargo, según documentos judiciales.
Las operaciones realizadas entre mayo de 2016 y junio de 2019, cuando el presidente Donald Trump puso fin a los viajes de cruceros desde Estados Unidos, dejaron también unos $138 millones de dólares a compañías estatales de Cuba.
Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises firmaron acuerdos con agencias del régimen cubano para brindar servicios turísticos a sus pasajeros, aprovechando la flexibilización de las regulaciones de viajes de ciudadanos estadounidenses durante la administración de Barack Obama, consta en documentos presentados en un tribunal federal de Miami.
Los informes consultados por CiberCuba fueron presentados ante el tribunal de la jueza Beth Bloom el pasado 14 de enero, como parte del litigio que enfrenta a una familia estadounidense con las compañías de cruceros bajo el Título III de la llamada Ley Helms-Burton. La totalidad de los documentos no está disponible y permanece sellada a solicitud de las compañías demandadas.
La demanda fue presentada en 2019 por Mickael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Company, la compañía que ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios que le fueron expropiados en 1961. El demandante busca un pago multimillonario a Havana Docks por el uso ilegal de sus propiedades confiscadas en Cuba.
La moción presentada recientemente por Havana Docks busca un juicio sumario, lo que posibilitaría una decisión inmediata sobre la evidencia registrada por el tribunal. Las compañías han presentado otras mociones de respuesta con argumentos legales que podrían, incluso, determinar el closing del caso sin realización de juicio.
La jueza Bloom deberá anunciar un fallo sobre la petición en las próximas semanas y decidir el mérito de la demanda para un posible juicio.
Según las evidencias presentadas en la moción, Carnival realizó viajes que sumaron un complete de 83 días en la terminal portuaria de La Habana y obtuvo ganancias de $112.3 millones de dólares.
De esta naviera el gobierno de Cuba recibió, $17,850,055 dólares y $9,570,975 dólares por concepto de impuestos de visas, para un complete de $27,421,030 dólares.
MSC Cruises, por su parte, realizó 190 viajes a la isla, de los cuales obtuvo $272,051,762 dólares; mientras el Gobierno de La Habana recibió pagos por $16,964,866 más $3,893,100 por concepto de visas; para un complete de $20,857,966 dólares.
Norwegian hizo 299 viajes, por los cuales generó ingresos por $299,860,891 dólares y pagó al régimen $18,825,794 dólares más $14,959,950 dólares por visados.
La que más viajes realizó a La Habana fue Royal Caribbean, con 341 para una ganancia de $430,925,849 dólares y pagos a La Habana de $29,940,609 dólares y $26,025,600 dólares por visados.
La suma de estas cifras indican que las empresas de cruceros realizaron 912 viajes a Cuba en esos tres años (2016-2019) y ganaron $1,115,123,153 dólares.
La evidencia, analizada en la corte federal de Miami, confirma las denuncias de exiliados cubanos sobre los viajes promovidos bajo la categoría “people to people” (contacto pueblo a pueblo) como una mascarada para el turismo ilegal.
La compañía Carnival firmó un memorando de entendimiento con el Grupo Gaviota, empresa de turismo que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, donde queda explícito el objetivo de realizar “actividades comerciales relacionadas con el turismo”.
El caso de Royal Caribbean es peor, ya que incluso hizo consultas con una agencia authorized del gobierno cubano para poder abrir y operar casinos en Cuba, según los documentos.
Además, vendió las visas cubanas de turistas a sus pasajeros con un margen de beneficio del 50%, según los abogados demandantes.
Su primer viaje a La Habana fue con el crucero Azamara Quest, el 4 de abril de 2017, informaron los medios oficiales de la isla. En esa ocasión Adam Goldstein, presidente de la Royal Caribbean, agradeció a las autoridades cubanas “las facilidades brindadas para concretar el vínculo con la Isla, lugar al que han querido viajar durante cinco décadas, y ahora pueden darles esa oportunidad a sus clientes”.
Norwegian y esas dos compañías también firmaron contratos con la agencia de viajes cubana Havanatur, para garantizar los “servicios turísticos” en la isla –entiéndase excursiones, visitas guiadas, and so forth.– a los pasajeros.
MSC Cruises, contrató dichos servicios a través de Cubanacán.
De acuerdo con los demandantes, las compañías fueron advertidas por el Departamento del Tesoro, pero decidieron hacer caso omiso a los señalamientos.
Ninguna de las demandas presentadas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, implementada en su totalidad en mayo de 2019, ha ido aún a juicio.
En mayo del pasado año una familia estadounidense se anotó la primera victoria de una demanda amparada bajo la Ley Helms-Burton tras llegar a un acuerdo de compensación con la multinacional franco-suiza LafargeHolcim por la utilización de propiedades confiscadas por el gobierno cubano en 1960.
El acuerdo entre la familia Claflin/Allen/Weeks, originaria de Boston, y el poderoso conglomerado de materiales de construcción, fue alcanzado el 19 de mayo, y puso fin a un litigio iniciado en octubre de 2020 en un tribunal federal de Miami.
Los demandantes reclamaban a LafargeHolcim una compensación de al menos $270 millones de dólares por la obtención de beneficios de la fábrica de cemento “Carlos Marx”, en Cienfuegos, construida en los terrenos de lo que fuera la Compañía Azucarera Soledad.
” Fuentes www.cibercuba.com ”
