En 20 páginas quedaría consignado el marco authorized sobre el que operaría la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Esto a través de un decreto que, en los próximos días, expediría el gobierno y del cual ya se conoció un borrador.
Tener este decreto es uno de los requisitos que impuso la Corte Constitucional para el regreso de las aspersiones, que están suspendidas desde 2015.
En el borrador de decreto del Ministerio de Justicia se ratifica que la decisión del regreso del Glifosato es del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), del que hacen parte varios ministerios, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.
El Consejo, de acuerdo con el borrador de decreto, al disponer la destrucción de narcocultivos con aspersión aérea deberá definir el ámbito territorial donde se ejecutarán los programas y excluir las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.
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También se establece que el CNE puede autorizar pilotos del programa de aspersión para verificar la eficiencia y eficacia de las medidas como la protección de la salud y el medio ambiente.
Menciona el proyecto de decreto que para que la aspersión regrese el Instituto Nacional de Salud (INS) deberá entregar un concepto previo. Ese concepto debe contener los posibles riesgos de la aspersión y cómo mitigarlos. Y según el borrador, para que se de ese concepto el INS debe recibir la información sobre las áreas y parámetros técnicos de la operación del programa de aspersión, entre ellos, la mezcla a utilizarse en la aspersión.
En el caso del concepto de riesgos ambientales, este corresponde a la Anla que debe aprobar la modificación del plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (Pecig). Para ello, en diciembre pasado se desarrolló una audiencia pero la Anla aún no se ha pronunciado sobre si aprueba la modificación del Pecig.
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La ejecución en terreno de la aspersión con glifosato estaría a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), pero esto luego de que que el CNE dé la luz verde al regreso del programa.
La Policía tendría que presentar cada mes a la Anla, el Ministerio de Salud, el ICA, y el Fondo Nacional de Vivienda un informe de las operaciones de aspersión que se hayan realizado en el respectivo mes.
Además, frente al seguimiento que se deberá hacer a la aspersión se establece en el proyecto de decreto cube que la Anla hará seguimiento al plan de manejo ambiental para corroborar posibles afectaciones al ambiente, recursos naturales, así como para imponer medidas ambientales adicionales a fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos no previstos en el plan de manejo ambiental.
El seguimiento en salud, de los riesgos y posibles afectaciones no previstas estará en cabeza del INS.
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De otro lado, se establece que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o cualquier entidad nacional o del orden territorial que evidencie alguna alerta sobre posibles riesgos o impactos del glifosato, deberán informar a la entidad competente para que se realice una revisión y en caso de que identifiquen un nuevo impacto o riesgo, envíen un informe al Consejo Nacional de Estupefacientes.
También se dan los lineamientos de cómo funcionaría un mecanismo de quejas que podrán presentar las comunidades, así como los contenidos mínimos que deberían tener las quejas -como la descripción de los hechos y nombre del quejoso-.
En todo caso, si bien este decreto, cuando sea promulgado y entre en vigor, cumpliría varios de los requisitos que impuso la Corte Constitucional para que se pueda volver al glifosato, aún faltan varios.
Por ejemplo, la Corte es explícita en que sebe dársele prioridad a los mecanismos contemplados en el acuerdo de paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y luego la erradicación forzada guide. Y solo si estos fallan, se puede volver al glifosato.
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” Fuentes www.eltiempo.com ”
