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El presidente argentino solicitará una investigación luego de la controversial filtración de un chat entre jueces nacionales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y de agencias de Inteligencia, quienes se reunieron en Lago Escondido, terrenos pertenecientes a un magnate británico cercano a la oposición y a donde habrían sido invitados por empresarios del Grupo Clarín. El oficialismo acusa al Poder Judicial de estar aliado con la oposición, mientras esta asegura que se trata de una maniobra del kirchnerismo antes de la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández por el caso ‘Vialidad’.
La tensión política crece en Argentina luego de que este lunes 5 de diciembre, el presidente Alberto Fernández hiciera público que pedirá una investigación por el viaje a Lago Escondido –localidad del sur del país– a donde asistieron en vuelos privados miembros pesados del sistema judicial, de Inteligencia, de la Ciudad de Buenos Aires y directivos del grupo oligopólico de medios Clarín.
La sospecha radica en los vínculos entre los funcionarios involucrados. Por caso, uno de los apuntados es el juez Julián Ercolini, encargado de elevar la causa ‘Vialidad’ que recae sobre la vicepresidenta Cristina Fernández y a quien ligan por su cercanía al ex jefe de Estado Mauricio Macri.
Los implicados en el escándalo son, a parte de Ercolini, los jueces Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia, Tomás Reinke; Leonardo Bergot, también exmiembro de la Secretaría de Inteligencia y empresarios del multimedio Clarin.
El pedido del presidente este lunes se da después de que hayan sido reveladas conversaciones de un grupo privado en Telegram en el que los asistentes a Lago Escondido buscaban aparentemente esconder la forma en que se había desarrollado el encuentro, mencionando formas para falsificar pruebas y fabricar coartadas.
Existen audios en los que los jueces, fiscales y directivos de Clarín barajan concepts creíbles para montar justificaciones, desde la versión de ir a Bariloche por un curso intensivo de pesca hasta proponer que un “conocido” les había prestado una cabaña.
En tanto que también hay mensajes sobre adulterar pruebas, comprar recibos viejos que sirvieran para corroborar que los pasajes de avión y la estadía habían sido comprados por ellos y no habían sido un regalo.
Por otro lado, una vez que la denuncia se hizo en la fiscalía barilochense, muestran su confianza para presionar a María Cándida Etchepare, fiscal federal de la ciudad, para que traslade la causa a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, también hay mensajes de voz donde suceden amenazas contra el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien acusan de ser quien informó de su presencia en el sur argentino. Allí, el ministro porteño Marcelo D’Alessandro asegura que lo meterá preso si Juntos por el Cambio (agrupación política de Macri) gana en 2023 y afirma que tiene “la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida”.
Fernández pidió que inicie una investigación
Tras conocerse el contenido del chat, el presidente instó al ministro de Justicia, Martín Soria, a que presente ante el Ministerio Público Fiscal el pedido para investigar penalmente los hechos y la financiación del viaje, con fecha del 13 de octubre pasado; también ante el Consejo de la Magistratura –entidad que se encarga del nombramiento y remoción de jueces– para que abra un sumario.
“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios, todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos”, afirmó Fernández el mediodía del lunes.
El mandatario calificó como “evidente” que existió el viaje a los territorios que el magnate británico Joe Lewis posee en la Patagonia en una iniciativa que nació desde empresarios poderosos del Grupo Clarín, dueño de dos de los tres periódicos de mayor tirada, los principales canales televisivos y emisoras de radio con más audiencia.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando favores que buscan ventajas indebidas o simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. pic.twitter.com/gCjzrD3z8c
— Alberto Fernández (@alferdez) December 5, 2022
“Sabiendo que el hecho se había convertido en noticia -el viaje ya había sido revelado por el diario ‘Página 12’ en octubre pasado- quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agregó Fernández, quien incluso explayó que “el principal grupo de medios de comunicación de Argentina” había garantizado “la no divulgación de los hechos” y que eran los “convocantes al encuentro”.
Kirchnerismo y oposición cruzan ataques en vísperas de la sentencia contra Cristina Fernández
El escándalo desatado por las conversaciones en Telegram sobre el viaje de jueces, miembros de inteligencia, el conglomerado de medios más grande de Argentina y funcionarios de Juntos por el Cambio sucede a horas de la resolución de la causa ‘Vialidad’ que involucra a la expresidenta Cristina Fernández.
Fernández afronta una sentencia que, según apuntan los medios argentinos, está decidida en su contra tras un proceso protagonizado por la controversia. La Fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La política es acusada de “asociación ilícita” y de defraudar al Estado con la adjudicación de obras públicas. La causa, que information de 2016, investiga si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La precise vicepresidenta y sus defensores aseguran que existen irregularidades en el proceso, sobre todo que no hay pruebas de una conexión entre Fernández y los actos ejecutados por sus funcionarios. Según el artículo 210 del Código Penal, “debe probarse la existencia de ese acuerdo entre los miembros de la asociación para cometer delitos”, algo que no está firmemente claro en el procedimiento.
En un mundo político argentino caracterizado por la acusación al adversario y el descreimiento de los hechos, para la oposición la filtración de la información es un movimiento del kirchnerismo para desviar la atención o condicionar la sentencia a la vicepresidenta.
Por el otro lado, numerosos miembros del Frente de Todos, coalición en el poder, han asegurado que esta es una muestra más de los lazos estrechos entre el Poder Judicial y la oposición, algo que han denunciado en distintos momentos. Según el ministro Soria, es el “escándalo de corrupción más grande desde al vuelta a la democracia” en el país.
Con EFE y medios locales
” Fuentes news.google.com ”
