El 1 de junio de 2025 marcó un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial en México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos mediante voto popular, en un proceso complejo, altamente politizado y con baja participación ciudadana —apenas entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral. Esta elección, resultado de la reforma constitucional de septiembre de 2024, redibujó la estructura de la cúpula judicial y 
transformó la dinámica entre instituciones, empresas y operadores jurídicos.
Adrián Pascoe, director de comunicaciones estratégicas y especialista en Public Affairs en México de SEC Newgate —firma que forma parte del grupo internacional al que también pertenece la agencia another — ha realizado un análisis sobre las implicaciones que esta nueva etapa representa para el ecosistema empresarial en el país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió una transformación significativa en su composición. La edad promedio de sus integrantes pasó de 66 a 54 años, reflejando una renovación generacional con consecuencias potenciales en la interpretación constitucional, la sensibilidad frente a causas sociales y el diálogo con actores políticos y económicos.
Este giro no es únicamente demográfico. En palabras de Pascoe, también simboliza un reordenamiento institucional. Mientras el exministro presidente Arturo Zaldívar llevó la Corte a plataformas como TikTok, donde acumuló más de un millón de seguidores, su sucesora Norma Piña optó por un perfil más sobrio e 
institucional. Hoy, la exposición pública y la exigencia de legitimidad social son elementos inherentes al nuevo modelo de justicia, apunta el experto.
Existe un consenso entre analistas, según Pascoe, en torno a que el país enfrenta un Poder Judicial con una marcada carga política. Las nuevas designaciones obedecen no solo a criterios técnicos, sino también a afinidades ideológicas con el proyecto gubernamental, lo que modifica las reglas del juego para empresas e instituciones.
Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la SCJN, mantiene vínculos con movimientos autónomos y es defensor de los derechos indígenas, lo que podría suponer tensiones para industrias extractivas o agropecuarias en zonas con conflictos sociales. Lenia Batres Guadarrama, por su parte, promueve una narrativa populista y crítica hacia las élites, lo cual podría traducirse en mayor receptividad hacia causas colectivas y una fiscalización más rigurosa en litigios públicos.
Yasmín Esquivel Mossa, respaldada por el oficialismo, arrastra cuestionamientos sobre su legitimidad por acusaciones de plagio, mientras que Loretta Ortiz Ahlf se distingue por su enfoque en derechos humanos, mediación obligatoria y justicia comunitaria, ofreciendo un terreno favorable para empresas con sólidas políticas de responsabilidad social.
María Estela Ríos González, con trayectoria como defensora de derechos laborales, podría impulsar una línea de activismo judicial en temas sindicales. Sara Irene Herrerías Guerra, exfiscal 
de derechos humanos, tal vez incremente la vigilancia en litigios con impacto ambiental o social.
Giovanni Azael Figueroa Mejía aporta una visión estructuralista y humanista del derecho, con apertura a esquemas regulatorios novedosos. Irving Espinosa Betanzo, con un discurso centrado en la eliminación de privilegios, representa un reto para empresas envueltas en litigios de alto perfil. Finalmente, Arístides Rodrigo Guerrero García se perfila como promotor de la digitalización judicial, la ciberseguridad y la transparencia institucional.
Frente a este panorama, Pascoe señala que las empresas que aspiren a sostener su legitimidad ante esta nueva Corte deberán construir narrativas que trasciendan lo estrictamente jurídico. El nuevo contexto exige una integración de valores como justicia social, derechos colectivos, transparencia y participación.
Más que renunciar a los marcos legales, se trata de complementarlos con posicionamientos institucionales sólidos y relevantes. Este entorno demanda mayor sofisticación en la relación de las compañías con el entramado judicial. Ya no basta con apegarse a lo normativo: es imprescindible comprender las nuevas coordenadas simbólicas del poder y responder a ellas con inteligencia estratégica.
SEC Newgate identifica tres líneas de acción inmediatas para que las organizaciones puedan adaptarse a esta nueva etapa de transformación judicial: Implementar un sistema de monitoreo permanente de sentencias determinantes y criterios judiciales que puedan incidir en intereses corporativos o institucionales. 
Fortalecer vínculos institucionales con operadores jurídicos intermedios, como jueces de circuito, cuya interpretación puede ser determinante en la construcción del criterio judicial.
Diseñar líneas de posicionamiento público alineadas con principios como legalidad, justicia y derechos humanos, que fortalezcan la reputación institucional frente a un Poder Judicial más expuesto y politizado.
México ha entrado en una etapa inédita en su historia judicial. La elección directa de jueces y ministros transforma no solo el rostro del Poder Judicial, sino también las condiciones bajo las cuales las empresas deben gestionar su legitimidad institucional y reputacional.
En este nuevo contexto, herramientas como la narrativa estratégica, la lectura simbólica del poder y la construcción de vínculos institucionales adquieren un peso similar al del marco jurídico tradicional.
Pascoe advierte que el sector empresarial no puede permitirse interpretar esta reconfiguración como un fenómeno meramente técnico o coyuntural. Desde su perspectiva, entender las nuevas coordenadas de la justicia será determinante para mantener el margen de maniobra en un entorno cada vez más fiscalizado, más visible y políticamente más exigente.
